Perla Reséndez/Miguel Domínguez

VICTORIA, Tam.- En conjunto, recibieron inversiones por más de mil millones de pesos, una cifra que alcanzaría, por ejemplo, para pagar poco más de la mitad de la segunda línea del acueducto.

Son obras que algún momento resultaban fundamentales para el desarrollo de la infraestructura carretera o de seguridad, y que hoy son elefantes blancos abandonados, cuya rehabilitación costaría mucho más de lo que originalmente se requería para su construcción.

PUENTE ROTO EN ALTAMIRA

Más de 30 muertes, otro tanto mayor de personas lesionadas y millonarias pérdidas por al menos 100 accidentes automovilísticos, ha dejado en casi 11 años, la malograda obra del hoy conocido “puente roto” en Altamira.

El 10 de diciembre del 2010, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró el puente que tuvo un costo de 170 millones de pesos y que forma parte del libramiento Altamira-Puerto Industrial, una carretera que desvía el tráfico pesado hacia el puerto industrial de Altamira.

Sin embargo, a los seis meses se presentaron hundimientos en el terraplén, por lo que tuvo que cerrarse y con ello se inició un largo proceso legal en contra de Dufrosa, la empresa responsable de su construcción.

A partir de ese momento, los conductores, obligados a circular por los accesos laterales, a exceso de velocidad y sin los señalamientos debidos, han sufrido múltiples accidentes, volcaduras y choques entre unidades pesadas que buscan entrar o salir al puerto industrial por esa vía y vehículos particulares.

Por estos hechos, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán, solicitó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se abriera una investigación a las autoridades responsables de la construcción y puesta en operación del puente que serviría de distribuidor vial.

Tras un 2020 con una pandemia que frenó cualquier proyecto, este año se etiquetaron recursos por 105 millones de pesos para trabajos de reparación del “maldito” puente de Altamira.

En la cartera de proyectos del 2021 de la Administración Portuaria Integral de Altamira (API) se identifica con la clave 1909J2Y0003, el proyecto que incluye el reforzamiento de muro en paso superior vehicular km-30+880.

De acuerdo con la descripción del proyecto, se llevará a cabo la reparación y reforzamiento de muros, mecánicamente estabilizados en el paso superior km 30+880 de la carretera Tampico-Mante en el Puerto Industrial de Altamira.

Se contemplan 105 millones de pesos para dichos trabajos, por lo que, de aplicarse, este paso habría costado 275 millones de pesos, sin que se tenga la certeza que con ello, ya quedaría en condiciones de volver a utilizarse con la seguridad de que ya no presentará problemas de hundimiento o derrumbes o se requerirá de otras inversiones.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ha insistido en que sean empresas de la zona las que ejecuten estas obras, que, sin embargo, aún no se han licitado.

PENAL DE VICTORIA

En 2009 dio inicio la construcción de una de las obras más esperadas para la capital de Victoria; la construcción de un moderno centro penitenciario, con el que se resolverían las carencias de infraestructura del penal de esta ciudad, ubicado en una céntrica zona.

A iniciativa del entonces gobernador Eugenio Hernández y el Presidente Felipe Calderón, la construcción del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Victoria, inició comuna inversión de 286 millones de pesos.

Un terreno de 34 hectáreas ubicado sobre la carretera a El Mante, lejos de la zona urbana, el penal tendría espacios para celdas, patios, oficinas y el más moderno equipamiento de seguridad.

Parecía que con ello, por fin se cerraría el penal que, construido en 1950, fue alcanzado por la mancha urbana y hoy en día está rodeado de escuelas, iglesias y oficinas gubernamentales.

Sin embargo, pasaron los años y las administraciones y el proyecto quedó en el olvido; en el lugar se levantaron torres de vigilancia, celdas, talleres, áreas comunes y oficinas, sin embargo fue alcanzado por la vegetación y el lugar se convirtió en nido de animales e incluso de delincuentes.

El miércoles 22 de marzo de 2017, se registró una fuga masiva del penal de Victoria, 29 reos cavaron un túnel de 40 metros, que construyeron desde el interior y que los llevó hacia su libertad.

Ello provocó que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, retomara el tema de contar con un nuevo penal, al reconocer que el actual Cedes operaba con instalaciones no funcionales, “aún no tenemos un lugar específico, pero de que se tiene que reubicar, es un hecho”, señaló entonces.

Al revisar, voltearon a ver la edificación inconclusa con que se contaba en un espacio donde no se pondría en riesgo la seguridad de la ciudadanía, incluso, se contrató a una empresa para que hiciera el diagnóstico de lo que hasta ese momento había construido, alguna barda perimetral, algunos edificios y banquetas, y saber en qué condiciones se encontraba.

Al Congreso se presentó la propuesta para que autorizara, en un paquete de crédito para obras de seguridad por 3 mil millones de pesos, los mil 700 millones que se requerían para dejar funcional, en una primera etapa, el nuevo penal.

De acuerdo con el proyecto presentado, se requerían mil 200 millones de pesos para la construcción y otros 500 mil para mobiliario y equipo; entonces, ahora sí, se podría hacer el traslado de los reos del antiguo penal y por fin clausurarlo.

“Para el penal está contemplado que se realice una licitación pública de obra con el recurso que aprobó el Congreso de mil 700 millones de pesos, el dinero será para rehabilitar lo que ya está y el nuevo proyecto que surgió del diagnóstico que se realizó”, comentó entonces Cecilia del Alto López, Secretaria de Obras Públicas.

La obra tardaría alrededor de 30 meses en concluirse, es decir, ya cuando la actual administración estatal concluyera, sin embargo, el proyecto se volvió a archivar y hoy vuelve a quedar en el olvido.

Tras un diálogo y negociación del mandatario estatal, con el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se acordó el traslado de los reos que purgan delitos del fuero federal en cárceles del estado, a penales federales, por lo que con ello se justificaba el no invertir más en el penal.

CARRETERA A MONTERREY

Uno de los compromisos presidenciales de Enrique Peña Nieto, fue modernizar la carretera Tampico-Victoria, y desde allí al límite con el estado de Nuevo León; la primera fue concesionada a diez años y el contrato continúa vigente.

Sin embargo, como parte de la modernización en el tramo carretero Victoria–límites del estado de Nuevo León, hay algunas obras que quedaron inconclusas y que han causado múltiples accidentes e incluso muertes.

Uno de ellos es el tramo Victoria-Monterrey a la altura de Magueyes; el proyecto de obra contemplaba la construcción de un paso a desnivel en el kilómetro 118 de la carretera Victoria-Monterrey, terraplenes de acceso y calles laterales e instalaciones de obras de drenaje y señalamiento.

En el lugar, solo existen unos terraplenes que servirían para levantar el nivel del terreno e iniciar con la obra, donde se debió construir un paso elevado, por lo que la obra tuvo que ser suspendida.

Al tratarse de un tramo federal, la Secretaría de Obras Públicas del Estado, señaló que no podría hacer nada, más que insistir ante la Federación para que asignaran más recursos y sancionar a la empresa que incumplió el contrato.

De esta manera se inició una batalla legal entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la empresa “Pavimentaciones, Caminos y Compactaciones” por el incumplimiento de contrato de esta obra de más de 60 millones de pesos.

El contrato que se realizó en septiembre del 2016 para la construcción de un paso a desnivel en el kilómetro 118 de la carretera Victoria-Monterrey en el poblado Magueyes del municipio de Mainero, fue suspendida en 2017.

En ese tiempo, SCT inicio un procedimiento de cancelación del contrato por incumplimiento de las obligaciones de la empresa, lo que fue impugnado por esta última.

La resolución del recurso de revisión fue emitida por la Coordinación General de Centros SCT, pero desechada por improcedente, lo que fue impugnado también por la empresa vía juicio de nulidad.

El juicio fue atendido por competencia por la Unidad de Asuntos Jurídicos de las oficinas centrales de la SCT, quien resolvió en favor de la empresa, por lo que SCT interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que lo mantiene pendiente de resolver.

El asunto podría llegar, incluso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; mientras tanto, la obra suspendida, ha sido causal de múltiples accidentes de quienes transitan a diario por el lugar, pues no existen señalizaciones que alerten del estado del camino.

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