Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados por el procedimiento de desafuero contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El trámite admitido con el número (50/2021) fue recibido de manera extraordinaria el 6 de mayo, “con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que plantea quien se ostenta como presidenta del Congreso del Estado de Tamaulipas, contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”.

El viernes 30 de abril, la diputada Marta Patricia Palacios Corral, promovió la controversia constitucional, horas antes de que, el pleno de la Cámara de Diputados, erigido como jurado de procedencia, desahogara el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, mismo que fue votado con 302 a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

Mientras que el Congreso de Tamaulipas aprobó con 26 votos a favor, tres en contra de diputados de Morena y siete abstenciones, una iniciativa donde se acuerdan tres puntos.

Primero, declaran que no procede la homologación de la declaratoria de procedencia tomada en el Congreso federal contra el gobernador; que no se le retira la protección o inmunidad procesal penal que le confiere la Constitución de Tamaulipas y se le reconoce como Gobernador, cargo que ejerce, por voto popular, desde 2016.

El expediente de la controversia constitucional, fue turnado al Ministro que corresponde como instructor del procedimiento, “de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal”.

La Corte también determinó que “dada la naturaleza de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”.

La Fiscalía General de la República, acusa a Francisco García Cabeza de Vaca, de hechos con apariencia de delitos catalogados como defraudación fiscal equiparada por 6 millones 777.57 pesos.

En los próximos días se espera que haya un primer pronunciamiento, que podría ser la admisión para discutir la controversia y dictar una suspensión de los actos, o desecharla por lo cual quedaría sin efectos.

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