50 años de prisión para Gopes por masacre migrante en Tamaulipas
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Un Juez unitario de enjuiciamiento, condenó a 50 años de prisión a los policías integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) acusados por el homicidio de 19 personas, la mayoría de ellos migrantes, en hechos registrados el 22 de enero del 2021 en Díaz Ordaz, Tamaulipas.
Originalmente la agente del Ministerio Público había solicitado 50 años de prisión por cada una de las 19 víctimas, otros 9 años por el delito de abuso de autoridad y 10 años por el delito en el desempeño de funciones administrativas, para un total de 969 años de cárcel, mientras que a Mayra Elizabeth “V”, otros 6 años por falsedad en informe dados a una autoridad, sumando un total de 975 años de cárcel.
En audiencia este martes, presidida por el Juez Patricio Lugo Jaramillo, sentenció a Mayra Elizabeth “V”, Jorge “Ch”, Horacio “Q”, Williams “F”, Jorge Alfredo “C”, Edgar “M”, Héctor Javier “A”, José Luis “L”, Horacio “R”, Christian Eduardo “G” y Carlos “R” a 50 años de prisión por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas, además de falsedad en informe dados a una autoridad en el caso de Mayra Elizabeth “V”.
Dictó además una pena de 19 años de prisión para Ismael “V”, policía que confesó la forma en que ocurrieron los hechos y se acogió a un principio de oportunidad con lo que se le acusó de abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones, omitiéndose el de homicidio.
Por tratarse de policías, se ordenó la destitución e inhabilitación por 8 años para ocupar cualquier tipo de cargo público; multa de 400 UMAs por abuso de autoridad y 150 UMAs por delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.
En cuanto a la reparación del daño se ordenó el pago de 335,709 pesos a los deudos de cada una de las 19 víctimas, además que en audiencia de ejecución de sentencia, deberá justificarse el monto final que cada familia ha señalado de gastos generados.
Esto porque las familias hablaron de quetzales, moneda de circulación en Guatemala, lo que deberá a su vez traducirse a pesos mexicanos para agregarse al pago que deberán hacer los hoy condenados.
“FUI UN COBARDE, TUVE MIEDO DE QUE ME PASARA LO MISO A MÍ, LO LAMENTO MUCHO”: ISMAEL “V”
Al inicio de la audiencia, Ismael “V” solicitó la palabra y se dirigió especialmente a las familias que en esta ocasión no se conectaron vía Zoom para pedir disculpas, “me hubiera gustado que estuvieran las familias, pero de seguro verán este video; quiero decir que lo siento, que lo lamento”.
“Creí que estábamos haciendo las cosas bien”, dijo al referirse que primero pensó que habían pedido apoyo para ayudar a las personas a quienes habían disparado, “cuando me di cuenta de los que estábamos haciendo, me acobardé, me dio miedo e impotencia de no poder hacer nada, fui un cobarde, tuve miedo de que me pasara lo mismo a mí, lo lamento mucho”, expresó.
Aunque la audiencia estaba programada para las 9:00 horas de este martes, se decretó un receso y se reinició a las 13:00 horas porque en el Cedes Reynosa, donde están internos seis de los inculpados, estaba ocupada la sala con una diversa audiencia.
Otros recesos se dieron para que un abogado se pudiera conectar o para que a los acusados internos en el penal de Reynosa les pudieran proporcionar alimentos, pues manifestaron que no habían almorzado y ya eran las 14:30 horas.
La representante social de la Fiscalía en sus alegatos finales, retomó lo señalado por cada uno de los testigos que presentó para esta parte del proceso, policías investigadores, peritos y las mismas familias que hablaron del daño moral y económico que les causó la muerte de sus familiares.
Recordó que las 19 víctimas eran proveedores y se encontraban en un estado de vulnerabilidad por su condición de migrantes, provenir de zonas de pobreza, además que entre las personas había adolescentes y mujeres.
Sobre los 12 elementos policiales acusados, dijo que cometieron una conducta atípica y antijurídica, donde todos quisieron y aceptaron el resultado, actuando dolosamente, cosificando la vida de las 19 personas que masacraron, por lo que reiteró su solicitud de la pena máxima por cada una de las víctimas.
El asesor victimal en sala, se adhirió a la solicitud del Ministerio Público para la pena corporal y reparación del daño a cada una de las víctimas, lo mismo que la asesora en Guatemala, quien además pidió se sumara lo que cada una de las familias expresó sobre los gastos que se generaron a raíz del fallecimiento de sus familiares.
Los abogados defensores de cada uno de los 12 imputados, argumentaron que se trataba de penas corporales excesivas e imposibles de cumplir, además que no se había demostrado cuál fue el papel de cada uno de los policías en los hechos, por lo que pidieron las penas mínimas por cada delito.
Sobre el monto para la reparación del daño, señalaron que no se habían mostrados tickets, recibos o documentos que avalaran los gastos que cada uno de los familiares señaló en las audiencias, que había erogado para pagar viajes a la capital del país para solicitar información o dar muestras de ADN, pago de servicios funerarios, hasta el pago por enfermedades y operaciones y demás de manutención a los deudos.
La defensora de Ismael “V”, solicitó que se considerara lo manifestado en se declaración, de que él no había disparado contra las personas e incluso desobedeció en dos ocasiones la orden de disparar.
Además que incluso trató de ayudar a quienes estaban vivos y les proporcionó de su agua, como acto humanitario, pues pensaba que los iban a ayudar y finalmente solo obedeció la orden de recoger los casquillos, pues temió por su vida, solicitando una pena de 4 años y tres días de prisión.
ABOGADO ALEGA CORRESPONSABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS EN LO OCURRIDO
Llamó la atención la postura de uno de los abogados, que en su clausura pidió al juez considerar que había “corresponsabilidad” de las mismas víctimas porque “se pusieron en esa condición”.
Señaló que primero las familias admitieron que se endeudaron para pagar un “pollero” que los llevara de manera ilegal a los Estados Unidos y por tanto, al ingresar a México, estaban de manera ilegal.
“Todos saben que el tráfico de personas es uno de los tantos negocios del crimen organizado”, argumento que fue rechazado en su momento por el juzgador, quien recordó que con el hecho de pisar territorio mexicano, adquirieron los derechos de protección, lo que no hicieron los guardianes del orden, hoy imputados.
Destacó que todos los que viajaron desde Guatemala y El Salvador, tenían un sueño de superarse, de ayudar a sus familias y hoy, “ni todo el dinero del mundo devolvería la vida a las personas”.
Destacó que en el grupo había adolescentes de 17 años de edad, que no pudieron llegar a su destino, “la crueldad con la que se llevó a cabo la comisión del hecho, se instrumentalizó la vida humana”.
Pidió hacer una pausa para analizar la situación, los policías eran quienes debían protegerlos y no lo hicieron, más cuando la zona donde ocurrieron los hechos, fue demostrado que se trata de cruce de migrantes.
“Iban tras el sueño americano”, destacando las condiciones en las que viajaron con las inclemencias del tiempo, las carencias de comida, “y la forma tan artera que les arrebataron la vida”.
Se refirió a los daños colaterales que todo eso implicó como los económicos, para darles sepultura, para viajar para dar las pruebas de ADN, recoger los cuerpos, los funerales de nueve días, “cada quién sus creencias, respeto a quienes ya no están en vida con nosotros”.
Sobre los imputados, dijo que se demostró que como mayores de edad, eran plenamente conscientes de lo que hacían, además de haber recibido capacitación para el manejo de armas de una forma diestra como guardianes del orden.
La simulación que hicieron al tratar de ocultar los hechos al recoger los casquillos, el uso de camionetas y black mambas, gasolina y armas de fuego propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Los encausados quisieron y aceptaron lo que se produjo, en lugar de cuidar a la población desarmada y vulnerable, hicieron lo contrario”.
