Del sueño a la pesadilla, la historia Juana Alonzo migrante presa en Reynosa
Perla Reséndez
REYNOSA, Tam.- Juana Alonzo Santizo, mujer indígena chuj de Guatemala, dejó su ciudad natal en agosto de 2014, con la ilusión de llegar a Estados Unidos, donde esperaba encontrar una nueva vida.
Contactó a un pollero, que le aseguró que una vez cruzando la frontera de Guatemala con México, seguirían hasta Reynosa y de allí, cruzarían a Estados Unidos, donde haría realidad su propio sueño americano.
México, es parte del corredor migratorio más transitado en el mundo; su vecindad con Estados Unidos, el principal receptor de migrantes, lo convierte en territorio, no solo de origen, sino de tránsito y retorno de personas en situación de movilidad.
En invierno y verano, por Tamaulipas cruzan cientos de migrantes mexicanos, quienes laboran, principalmente en campos de Estados Unidos, y regresan a sus entidades de origen a visitar a sus familias.
Es tan importante el número de cruces para las vacaciones de verano y diciembre, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizan un operativo para acompañar a los paisanos en su trayecto por las carreteras.
Sin saber hablar español, Juana Alonso Santizo, se tragó sus miedos y no le quedó otra más que confiar en la persona que contrató para el viaje, y así, tras varios días de recorrido, el “coyote”, le aseguró que estaban a punto de llegar a Estados Unidos.
Países como Guatemala y Honduras, cada año expulsan a cientos de ciudadanos, que huyen de la pobreza y/o el reclutamiento forzado de pandillas. Los puntos de control fronterizos en México, han forzado a los migrantes a buscar rutas alternas, todas peligrosas.
Viajando a pie, como “moscas” en el ferrocarril, algunos tramos en autobús para los más afortunados y mientras queda un poco de dinero; duermen donde pueden, tratándose de esconder de las autoridades para no ser deportados y de los grupos delictivos que buscan secuestrarlos y extorsionarlos.
En muchas ocasiones, son los mismos “polleros” a quienes pagaron para que los lleve a Estados Unidos, quienes los entregan a los cárteles o los abandonan en rutas inhóspitas.
Este fue el caso de Santizo, a quien, junto a otras dos mujeres migrantes, fueron retenidas por el coyote y otros hombres armados, en una casa desconocida en Reynosa, donde fueron forzadas a trabajar para sus captores.
En un descuido de sus captores, una de las mujeres logró dar aviso a la policía, pero en un giro inesperado, las dos mujeres acusaron a Juana de ser cómplice de los secuestradores.
Sin entender lo que pasaba, al no hablar español, la mujer chuj, etnia maya guatemalteca, fue trasladada para un interrogatorio que nunca entendió, pues le hablaban en español.
Los oficiales, según su relato, la golpearon y amenazaban con un arma de fuego, por lo que accedió a firmar una declaración auto-incriminatoria que tampoco entendió, sólo firmó.
Sin la presencia de un abogado, intérprete ni atención médica, el agente del Ministerio Público la presentó ante un juez y fue forzada a ratificar su declaración, por lo que en noviembre de ese 2014, fue enviada al penal de Reynosa.
De acuerdo con el reporte de la situación de los derechos humanos de los migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2017, las autoridades mexicanas detuvieron a 88 mil 741 personas extranjeras en situación irregular, mayormente provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“De las 88,741 personas extranjeras presentadas hasta noviembre de 2017, 16 mil 694 fueron niñas, niños y adolescentes, de los cuales 6 mil 866 eran niñas, niños y adolescentes no acompañados”, señala el informe.
La oficina de la ONU para Derechos Humanos en México, visitó a Santizo en la prisión, y abogó por sus derechos, expresando sus preocupaciones respecto a las condiciones de detención, en las que se encuentra.
La Oficina también ha intercedido ante el Cónsul guatemalteco en México para solicitar su acceso a un intérprete y a la protección consular, además de acompañar al tío de Juana a denunciar los actos de tortura de que fue víctima en la entonces Procuraduría de Justicia en Reynosa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha manifestado en diversos informes especiales, recomendaciones y pronunciamientos, su preocupación por la situación de vulnerabilidad que atraviesan los migrantes, particularmente aquellos que están en una situación migratoria irregular.
Señalan que la condición irregular, los expone a situaciones de vulnerabilidad en la cual son más propensos para ser víctimas del crimen organizado, secuestros, trata de personas, explotación laboral y sexual, maltrato.
Así como a ser víctimas de la delincuencia común, de situaciones climáticas extremas, de accidentes en tren, marítimos, carreteros, de no acudir a los servicios de salud por miedo a la detención y deportación y de ser sujetos de abusos de autoridad trayendo como consecuencia violaciones a sus derechos humanos.
La política migratoria del Presidente Donald Trump y el acuerdo con México, conocida como Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), mantiene a miles de migrantes en la frontera mexicana, quienes esperaban una respuesta a su solicitud de asilo humanitaria.
La pandemia del COVID-19, complicó aún más la situación de los migrantes en la frontera de Tamaulipas; en abril, un brote de coronavirus en la Casa del Migrante Nazareth de Nuevo Laredo, obligó al cierre del mismo.
Durante meses, por esta situación, albergues y casa de migrantes, no pudieron recibir a más personas; en Matamoros un albergue con apenas servicios básicos y soportando las inclemencias del tiempo, permanecen algunos más, esperando una cita para exponer su caso de asilo humanitario con las autoridades estadunidenses.
En Guatemala, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ha logrado el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar los derechos humanos de Santizo mientras está detenida en Reynosa.
Fue hasta abril del 2018, cuando Juana Alonzo, pudo contactar a su familia, quien buscan el apoyo de un abogado, así como de un intérprete, que la asista para poder declarar nuevamente ante el juez.
Tras cuatro años en prisión, Alonzo Santizo aprendió un poco de español y sólo entonces pudo entender cuáles eran los cargos en su contra.
En el contexto del Día del Migrante (18 de diciembre), la ONU-DH visitó a Juana Alonzo Santizo en la cárcel, donde se encuentra en prisión preventiva acusada de secuestro.
A través de su red oficial de Twitter, el organismo internacional reiteró su preocupación por el caso: “1.- Violaciones a derechos humanos en la detención de acuerdo con información recabada por la ONU-DH, en la detención de Juana Alonzo se habrían cometido abusos, maltratos y tortura por los agentes aprehensores, sin que las investigaciones al respecto hayan avanzado”.
También denunciaron violaciones al debido proceso: “al momento de su detención, Juana Alonzo no tuvo asistencia consular y durante el proceso no ha tenido acceso a un traductor en su idioma chuj”.
Igualdad procesal: “los testimonios en que la Fiscalía basa las acusaciones contra Juana Alonzo no han sido presentados ante el Juez, afectando su derecho a la defensa y justicia”.
Señala que Juana Alonzo ha permanecido en prisión preventiva oficiosa, “este caso ilustra como la #PPO promueve la negación de derechos y la justicia. La justicia retrasada es justicia negada”.
Además, “el caso de Juana Alonzo muestra la discriminación estructural del sistema de justicia en contra de las mujeres, personas migrantes y personas indígenas La ONU-DH alienta a las autoridades de Tamaulipas a revisar su caso bajo una perspectiva de derechos humanos”.
