Amenaza crisis humanitaria en la frontera por “Quédate en México”

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- A partir de este lunes 6 de diciembre, por los puertos fronterizos de Laredo y Brownsville, frontera con Tamaulipas, reiniciarán los retornos de los solicitantes de asilo en Estados Unidos, para que esperen en territorio mexicano la resolución de sus casos.

Ello, luego que el pasado 2 de diciembre, los gobiernos de Estados Unidos y México, acordaron la reanudación del programa “Quédate en México” o Protocolo de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés), por el que los solicitantes de asilo de otros países, permanecerán en territorio mexicano, la respuesta de las cortes federales.

Este programa, fue retomado, en el caso de Tamaulipas, luego de un constante flujo migratorio, que continúa pese a la pandemia, buscando llegar a las ciudades de la frontera, último punto para cruzar a los Estados Unidos.

Apenas en septiembre pasado, una oleada de ciudadanos haitianos llegaron en autobuses foráneos y fueron detenidos en diferentes puntos, algunos en Altamira, donde se manifestaron para pedir les dejaran subir de nueva cuenta a los camiones y seguir su camino.

Otro grupo, de más de 400, fueron interceptados en el retén el Ribereño, donde agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), los bajaron de los autobuses, debido a que carecían de documentos que acreditaran su estancia legal.

Aunque tenían pagado el boleto hasta la ciudad de Reynosa, no se les permitió continuar, por lo que hombres, mujeres, algunas de ellas embarazadas o con niños en brazos, niños pequeños y adultos mayores, siguieron a pie.

En San Fernando muchos de ellos pasaron la noche y temprano continuaron su andar hasta llegar a Reynosa, desde donde se trasladaron en autobús a ciudad Acuña, Coahuila, para buscar entrar de manera legal a los Estados Unidos, pidiendo asilo humanitario.

Tan solo en la ciudad de Reynosa en la plaza La República, muy cerca del puente internacional Reynosa- Hidalgo, permanecen alrededor de 2 mil migrantes, viviendo en casas de campaña, cobijas o en el suelo, en condiciones de hacinamiento y sin un lugar adecuado para realizar sus necesidades básicas.

Las historias de las familias que viven en el lugar son parecidas y se repiten en Guatemala, El Salvador, Honduras, huyen de sus países por la violencia de las pandillas, extorsiones, amenazas y la falta de oportunidades laborales que les permitan una mejor vida.

Algunos ya han intentado cruzar ilegalmente a Estados Unidos, por lo que fueron expulsados; hoy han quedado en un limbo, pues no pueden volver a sus países donde los espera una muerte segura a manos de los delincuentes.

Pero tampoco se sienten seguros en una ciudad, donde los grupos delictivos, esperan la menor oportunidad para secuestrarlos, por lo que prefieren no alejarse mucho de ese lugar.

Se estima que una cantidad similar (2 mil) se encuentran en casas de migrantes o de asociaciones religiosas en esa ciudad; hasta antes de la pandemia, esos lugares registraron, sobrecupos, sin embargo, luego de la llegada del COVID-19, algunos incluso tuvieron que rechazar nuevos ingresos para evitar contagios.

Los más afortunados, permanecen en pequeños hoteles, pagados con recursos de organizaciones internacionales de ayuda y con recursos propios, obtenidos con pequeños trabajos que llevan a cabo, como afanadores, veladores y lo que se pueda.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, a través de convenio de colaboración, apoyan seis casas de migrantes, con lo que se garantiza el hospedaje y la alimentación.

Casa del migrante Nazareth en Nuevo Laredo, nuestra Señora de Guadalupe y Senda de vida en Reynosa, San Juan Diego y San Francisco de Asís en Matamoros y la casa del migrante Emaús de Tampico. Contando también con centros de atención al menor fronterizo (Camef) en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico.

Las casas de migrantes están viviendo una nueva crisis, y la lista de espera es larga para ingresar a los albergues, que dan prioridad a las familias que llegan con niños, para evitar que duerman en las calles, sin embargo, los espacios, son escasos.

El campamento instalado en Matamoros en 2019, que llegó albergar hasta 2 mil personas, algunos dicen que fueron 3 mil, lo que permanecieron allí en condiciones insalubres e inhumanas, es un recordatorio constante del olvido de las autoridades de todos los niveles, que nunca vieron a los migrantes como personas que huían de una terrible realidad en sus países y politizaron la situación.

La visita de Jill, la esposa del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante la campaña presidencial, al campamento en Matamoros, quien constató de primera mano las condiciones en las que vivían las familias, fue crucial para que el MPP acabara y les permitieran esperar en Estados Unidos, la respuesta a su solicitud de asilo.

Sin conocerse, pero con la misma ilusión de una vida mejor para sus familias, trabajando en “el otro lado”, el campamento se volvió el refugio para muchos, que vivieron en ese lugar más de 20 meses.

Salones de clases improvisados, cocinas con sazones de diferentes países, clases de baile, manualidades, música, hasta una quinceañera se celebró en esa comunidad internacional que sufrió las inclemencias del tiempo, frío, lluvia, heladas, sol, hasta la delincuencia y las autoridades municipales y federales, que se empeñaban en desalojarlos del lugar.

Pero ellos, no querían irse de ese lugar, porque suponían que, irse a un refugio que les proponían, lejos del puente, sería como volverlos invisibles y no estaban dispuesto a eso.

La comunidad internacional volteó los ojos a ellos, además de la primera dama de Estados Unidos, organizaciones internacionales llevaron algo de ayuda a las familias, que recibieron con alegría el anuncio que el 26 de febrero del 2021, podrían irse a Estados Unidos a esperar en ese país la resolución de la corte federal su solicitud de asilo.

A principios de marzo, el último grupo que permanecía en el campamento, salió y se desmanteló el lugar, dejando el recuerdo de lo que fue, la peor pesadilla para cientos de familias que buscaban cumplir su sueño.

Entre los acuerdos que anunció el Gobierno de Estados Unidos, tras la implementación del “Quédate en México”, se encuentra garantizar que haya refugios disponibles para los solicitantes de asilo retornados.

Además, que las personas que regresan bajo el (MPP), tengan transporte seguro desde y hacia los puertos de entrada de los Estados Unidos y que puedan buscar permisos de trabajo, atención médica y otros servicios en México, mientras esperan en este país la respuesta a su solicitud de asilo.

Así, México no retornará a sus países de origen a los extranjeros que tengan una cita para presentarse en las cortes de migración en Estados Unidos para solicitar asilo y Estados Unidos se comprometió a que los procedimientos de asilo, deberán concluir en un plazo de seis meses, desde e retorno inicial a México.

PROGRAMA “QUÉDATE EN MÉXICO” EXPONE A MIGRANTES A LA VIOLENCIA

Sin embargo, el programa ha traído la crítica del Instituto para las mujeres en la Migración, que señaló a través de un comunicado que con ello, el Gobierno de México, expone a mujeres y niños a la violencia.

Precisan que de enero del 2019 a enero del 2021 que estuvo abierto el MPP, se devolvió a México a más de 70 mil personas, de las cuales 40 por ciento eran mujeres y 33 por ciento niños.

“La mayoría de las mujeres fueron víctimas de violaciones, secuestros y extorsiones sin que haya existido una reparación del daño. El miedo y la incertidumbre las acompaño a lo largo de toda su espera en México. Mientras que la niñez estuvo expuesta a condiciones de estrés post traumático”.

A diferencia del primer programa que se limitaba a personas hispanoparlantes, en esta ocasión retornarpan a personas de todo el continente, y serán las mujeres haitianas, las más vulnerables.

“No solo por el riesgo de ser devueltas a su país, donde a ellas, la crisis política que e vive, no les garantiza una vida libre de violencia, además de existir una sociedad profundamente patriarcal”.

Sino también por las barreras del idioma, el racismo, la discriminación en razón de género y la xenofobia que experimentan en territorio mexicano, “reinstalar MPP nos hace cómplices de que las mujeres, la niñez y la adolescencia vivan con miedo, estrés y en condiciones inhumanas”.

Por su parte, Human Rights First reportó mil 544 crímenes cometidos contra migrantes hasta febrero del 2021.

El nuevo programa establece medidas parecidas al programa anterior que nunca se cumplieron, como protección a la unidad familiar, acceso a servicios legales, acceso a albergues, algunas exenciones para grupos vulnerables y acceso a la vacuna contra la COVID-19.

A pesar de las medidas anunciadas, no hay forma de que MPP pueda volverse un programa con una visión de protección y humanitario porque expone a la mujeres y sus familias a condiciones de violencia mientras esperan los seis meses de su proceso de asilo del lado mexicano, sin poder reunirse con abogados para desarrollar sus casos.

El mes pasado, organizaciones que dan servicios legales a solicitantes de asilo en Estados Unidos, anunciaron que en esta ocasión no darán asesoría legal a personas bajo MPP porque sería avalar un programa que viola el derecho que están tratando de proteger.

MPP viola la legislación nacional estadunidense, el derecho al debido proceso, el principio de no devolución, y rompe la promesa de la administración Biden de eliminar las políticas que menoscaban el derecho al asilo en su país.

Mientras que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decidió promover el reinicio de MPP a pesar de conocer las graves violaciones de derechos humanos en las cual incurrió en el programa pasado, y de que viola la Constitución y los compromisos asumidos internacionalmente.

Desde 2020, las y los ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la revisión de un amparo (302/2020), promovido el 4 de abril de 2019, en contra de la participación del Estado mexicano en políticas contrarias a nuestra legislación, como “Quédate en México”.