Gobierno de Torreón pagó 42 millones por un hospital que está en litigio
En 2010, durante la administración municipal del actual diputado local Eduardo Olmos, el gobierno de Torreón adquirió un edificio que estaba en litigio desde los años 90. Proyectaban ahí un hospital municipal con modelo integral de salud, pero lo que obtuvieron fueron problemas legales que culminaron con el derroche de 42 millones de pesos, pese a que el Ayuntamiento no posee ni la quinta parte del predio total. El pleito legal continúa y del proyecto del Hospital ya no queda nada, pues no cuenta con esa categoría y ahora sólo es una oficina para la Dirección de Salud municipal con servicios médicos básicos.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Mayela Avila y Paulina Castro
El ayuntamiento de Torreón, Coahuila, adquirió en 2010 un inmueble que se encuentra en litigio entre particulares desde 1999. En este sitio, ubicado en la colonia Tercero de Cobián, opera actualmente la Dirección de Salud Municipal.
Desde la compra del lugar a la fecha, el municipio ha invertido 42 millones de pesos sólo en lo que corresponde a la adquisición, los gastos de remodelación y funcionamiento de un edificio que prácticamente no les pertenece, según un análisis a las cuentas públicas, convenios de pago y cifras establecidas en otros documentos legales realizado por Noticieros GREM en colaboración con el Border Hub para esta investigación.
La cifra anterior no incluye el pago a despachos y asesorías jurídicas para mantener la propiedad del edificio a lo largo de los años pues el ayuntamiento dijo desconocer cuánto se ha erogado.
“El dato exacto de una cuantía no lo tenemos de momento, porque nos ha tocado ver y revisar sin contratar despachos. Hubo otras administraciones que sí lo hicieron, que no sabemos exactamente cuánto se pagó”, reconoció Natalia Fernández Martínez, actual secretaria del Ayuntamiento de Torreón, quién aclaró que dichas asesorías se contrataban en lo general pero no se especificaba qué casos atendían.
El Comité de Transparencia Municipal del Cabildo de Torreón informó que no tiene un conteo aproximado o cuánto se debe por el inmueble, ni tiene conocimiento de anuncios de embargo de la propiedad. Crédito: Paulina Castro
El plan de la compra del edificio surgió durante la administración de Eduardo Olmos Castro (2010–2013), quien hoy es diputado local y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila.
El entonces alcalde lo adquirió en remate para que fuera un Hospital pero, a la fecha, de los casi 4,003 metros cuadrados que componen este espacio, al ayuntamiento sólo le pertenecen 745.99; es decir, el 18.6 por ciento del total. El resto —3,257 metros cuadrados— están en disputa entre las empresas Proyectos Laguneros S.A. de C.V. y Administradora Bríos S.A. de C.V., en un juicio civil que se realiza en la Ciudad de México.
Durante la gestión de Olmos Castro no se liquidó en su totalidad la cantidad pactada a través de un documento de promesa de compra – venta, por lo que dejó una deuda de 22 millones de pesos a la siguiente administración, que fue encabezada por Miguel Ángel Riquelme Solís (2014 a 2016) y quien hoy gobierna el estado de Coahuila.
Riquelme propuso liquidar este pasivo a través de pagarés. Pero esto no se cumplió, ni con él, ni con Jorge Luis Morán Delgado, el alcalde suplente que estuvo al frente de la administración durante el 2017.
La consecuencia: el ayuntamiento recibió tres demandas por dichos incumplimientos que apenas se resolvieron en 2022.
En el espacio que sí le pertenece al Ayuntamiento de Torreón, actualmente operan consultorios de diversas especialidades, departamento de vectores, sanidad animal, área de terapias físicas, así como oficinas administrativas y la Dirección General de Salud. En el inmueble trabaja personal de la presidencia, que en su mayoría está sindicalizado.
Consultas a medicina general y con especialistas, además de la elaboración de exámenes para transportistas y para personas que se dedican a la prostitución así como el programa de Salud Animal, son algunos de los servicios que se ofrecen en el espacio que es propiedad del Ayuntamiento. Crédito: Paulina Castro
Para esta investigación de Noticieros GREM y el Border Hub, se realizaron ocho solicitudes de acceso a la información y dos recursos de revisión. También se entrevistó a cuatro funcionarios y una especialista en derecho, se contó con la consulta de otro especialista en esta materia y se elaboró un sondeo con usuarios de la clínica.
Además, se analizaron 14 documentos, entre acuerdos de juicios, edictos, cuentas públicas y convenios de pago, por citar algunos.
Aunque se intentó conseguir la versión pública del juicio más reciente, esta fue negada por el Poder Judicial de la Ciudad de México con el argumento de que todavía se encuentra en curso. También negó el juicio previo, emitido en 1997 ante el Juzgado Civil número 31, pese a que ya hay una sentencia.
Esta solicitud se presentó tanto al Poder Judicial de la Ciudad de México como al Consejo de la Judicatura, sin obtener respuesta favorable. Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia
Un litigio de antaño
El pleito legal comenzó en 1999 por una hipoteca. Se trata de un conflicto entre particulares que fue llevado ante el 32 Juzgado Civil de la Ciudad de México. Uno de los actores es Proyectos Laguneros S.A de C.V., la cual vendió las instalaciones al municipio en 2010; y por otra parte, Administradora Bríos S.A de C.V, una compañía recuperadora de cuentas vencidas de la Ciudad de México que reclama la propiedad.
Aunque el litigio tiene más de dos décadas, fue en octubre de 2014 cuando el apoderado legal de Administradora Bríos, Guillermo Alejandro Cerón Albarrán, realizó una rueda de prensa para hacer pública la disputa de la propiedad. Aseguró que el Ayuntamiento no contaba con escrituras porque no había terminado de pagar.
En ese año, el entonces alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís (2014 -2016), actual gobernador de Coahuila, intentó atender el problema. Como parte de las estrategias, inició el proceso de escrituración que también serviría para que, como tercero afectado por ser el actual propietario del Hospital, se diera por enterado del proceso legal hipotecario de la Ciudad de México y poder vigilar cada paso del juicio, pero esto último no se logró.
Cuando Proyectos Laguneros vendió el edificio al municipio en 2010, la organización contaba con escrituras expedidas en el año 1992. El entonces alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro (2010-2013), firmó un contrato de promesa de compra-venta y acordó pagar 46 millones de pesos por el terreno y la construcción. Ese mismo año, abonó 22.5 millones y más tarde, en 2012, dio 2.2 millones más. Pese a estos pagos, su administración no procuró iniciar el trámite de escrituración a nombre del municipio.
Fue hasta 2016 cuando se elaboraron dos escrituras: la 308 y la 309 porque el terreno del edificio está dividido en dos: 3,257 metros cuadrados para la primera escritura y 745.99 para la segunda.
Así luce parte del espacio que el Ayuntamiento no puede utilizar por estar vigente un juicio hipotecario en la Ciudad de México. Crédito: Paulina Castro
En el polígono que se reclama y que corresponde a la escritura 308 —la más amplia—, se ubican diversas áreas como cuatro quirófanos, sala de partos, área de cuneros, seis cuartos de internamiento, una antigua sala de Rayos X, así como algunos consultorios, casilleros y estaciones que estaban acondicionadas para los enfermeros, según se pudo constatar en un recorrido por el inmueble, realizado a finales de 2022 para efectos de este reportaje.
Sin embargo, el ayuntamiento no puede utilizar ninguna de estas áreas porque legalmente no le pertenecen. El área de la escritura 309, que sí es propiedad del Municipio, prácticamente se trata de los límites del inmueble, ahora conocido como Dirección de Salud Municipal.
Croquis del Hospital Municipal de Torreón (ahora Dirección de Salud Municipal). El área marcada en color amarillo es la parte de la que el Ayuntamiento logró la certeza jurídica en el año 2022. Fuente: Dirección General de Urbanismo Torreón.
Al concluir la administración 2010-2013, de los 46 millones de pesos que Olmos Castro se comprometió a pagar, quedó una deuda de 22 millones de pesos a favor de Luis Alberto Ríos Quintana, representante legal de Proyectos Laguneros.
Posteriormente, el 28 de abril de 2014, el ex alcalde Riquelme Solís generó un documento adicional para modificar los términos del convenio de promesa de compra-venta. En ese nuevo documento se reconoció dicho adeudo de 22 millones de pesos, y en 2016 se realizaron dos pagos por un monto global de 3 millones 369 mil pesos.
La cantidad pendiente —18 millones 631 mil pesos— se distribuyó en cinco pagarés, mismos que se debieron liquidar en el primer cuatrimestre del año 2017. En la escritura 309 se estableció que, en tanto se liquidaran los pagarés, la autoridad municipal tenía que cubrir rentas cada mes por un monto de 195 mil pesos más IVA.
Aunque se llegó a dicho acuerdo, el ayuntamiento no pagó y Proyectos Laguneros demandó al municipio de Torreón por incumplimiento tanto en las rentas como en la totalidad de los pagarés que, junto con los intereses, sumaban una deuda superior a los 18 millones de pesos, según dio a conocer Natalia Fernández, actual secretaria del Ayuntamiento.
Ante dicha falta de pago, se iniciaron tres recursos legales: dos juicios mercantiles por el cobro de los pagarés presentados en 2017 ante juzgados de La Laguna y un juicio civil que se presentó en un juzgado de Torreón por concepto de rentas no pagadas al propietario.
En mayo de 2022, la actual administración tuvo que generar tres convenios de pago por un monto total de 8 millones 30 mil pesos a favor de Proyectos Laguneros, y con ello se resolvieron estos tres litigios. De concluir el juicio hipotecario que está vigente en la Ciudad de México, quien gane no tendrá acceso directo para vender o rematar el predio en disputa —de la escritura 308— sin tener complicaciones con la autoridad.
El alcalde Román Alberto Cepeda González (2022-2024) afirmó que con ese acuerdo de pago se logró certeza jurídica, lo que les permite continuar con las inversiones de la Dirección de Salud. Tal es el caso de la inauguración de un Banco de Sangre Municipal que se llevó a cabo el 14 de noviembre del año pasado, en la que hizo pública esta aseveración.
“Los conflictos que tenía (el inmueble) se resolvieron, hay una parte central que sigue en conflicto, pero no impide nada, (…) ni el área de servicio, por supuesto, a la ciudadanía, que es lo más importante”, aseguró Cepeda González en entrevista a diversos medios después del evento.
El Banco Municipal de Sangre se inauguró luego de que la administración 2022 – 2024 del Ayuntamiento de Torreón obtuvo la propiedad de una parte del inmueble. Crédito: Paulina Castro
El actual gobierno no tiene en su poder el documento original con el que se establecieron las condiciones de la venta del hospital, por lo que el pasado mes de enero, el Ayuntamiento solicitó a los juzgados las copias certificadas de todo lo actuado en estos tres juicios, confirmó un representante de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, quien solicitó que no se publicara su nombre para esta investigación por motivos de seguridad.
Línea del tiempo Crédito: Paulina Castro
Historia de un hospital en decadencia
El inmueble funcionó como hospital privado en la década de los 40, primero como Clínica Torreón y después como Medical Clinic. Ambas, en su apogeo, lograron un alto reconocimiento por sus servicios de internamiento, principalmente para la atención materno–infantil.
“La clínica se fundó en los años 40, 50. En esa época era gloriosa, tenía tecnología de punta, médicos muy bien preparados, vanguardista para su época”, recordó el doctor Manuel Velasco Gutiérrez, último director de la Clínica Torreón y quien repitió este cargo cuando arrancó funciones Medical Clinic.
Vitral que se conserva de la antigua Clínica Torreón y que se ubica en la zona en litigio. Crédito: Paulina Castro
No obstante, los proyectos fracasaron debido al reducido número de pacientes que buscaban esta opción por sus costos, aunado a las cuentas pendientes que se tenían que cubrir por su funcionamiento, principalmente de nómina, así como deudas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sistema de Administración Tributario (SAT).
“Yo fui invitado para ser socio de la clínica porque hicieron una venta de acciones, que equivaldría a unos 50 mil pesos que era una ganga, casi regalada, imagínate (…) Con ese dinero, de esa acción, no se podía comprar ni un vocho del año, era muy poquito dinero”, contó Velasco Gutiérrez.
Al igual que él, otros médicos especialistas compraron acciones; en 1989, el doctor Velasco fue nombrado director y ejerció funciones hasta que Medical Group compró la deuda. Dicha compañía también se encargó de finiquitar a los trabajadores que tenían contrato sindical ante la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
De la compañía Clínica Medic actualmente se conserva esta placa al interior de la ahora Dirección de Salud Municipal. Crédito: Paulina Castro
La franquicia reactivó el hospital con el concepto de partos y cirugías a un precio más económico que otros nosocomios de la región. Después de un tiempo, modificaron las tarifas a las promedio de un hospital privado de la época, por lo que les ocurrió lo mismo que a la antigua Clínica Torreón; es decir, se volvió un negocio incosteable, refirió Manuel Velasco.
En 2010, cuando Eduardo Olmos Castro, entonces alcalde (2010-2013), se comprometió a comprar el inmueble, el Cabildo aprobó por mayoría una propuesta para que el tesorero municipal de esa administración, Pablo Chavez Rossique, pudiera adquirirlo sobre un precio estipulado de 46 millones de pesos y 2.1 millones de pesos más para cubrir el costo de avalúo, escrituración e impuestos. Así, el 12 de diciembre de ese mismo año se inauguró el Hospital Municipal de Torreón.
En el año 2012, el Congreso de Coahuila autorizó el Decreto 29 para que el Hospital operara como organismo descentralizado. Tenía como misión “proporcionar servicios integrales, oportunos y de calidad, a la población marginada o en extrema pobreza, materno–infantil, población en envejecimiento y sin acceso a los servicios de Salud” dentro del ámbito geográfico del municipio.
En esa época, en Torreón había más de 639 mil habitantes, de los cuales cerca del 32 por ciento manifestó no estar afiliado a algún sistema de salud o no se había especificado, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Cabe señalar que, en un análisis elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, se precisa que de 2010 a 2020 se redujo la cobertura en servicios de salud, por lo que 78 de cada 100 personas son derechohabientes en alguna institución médica.
Arrancan los problemas legales para el municipio
Los problemas para el municipio comenzaron en 2014 cuando Administradora Bríos S.A de C.V reclamó la propiedad. En ese periodo, quien inició la atención del tema fue el presidente municipal Miguel Ángel Riquelme Solís (2014-2016), actual gobernador de Coahuila, y posteriormente, continuó Jorge Luis Morán Delgado en calidad de alcalde suplente en el año 2017, quien aseguró que la anterior administración compró el hospital “de buena fe”.
“Cuando el Ayuntamiento que preside el licenciado Olmos hace la adquisición, estaba toda la documentación, según se tenía la información en regla, presentaron certificados de libertad de gravamen en cada una de las fracciones, y en esas condiciones se hizo el contrato de compra-venta”, afirmó Morán Delgado en una entrevista para esta investigación.
Reconoció que, en lugar de solicitar la devolución del dinero, optaron por revisar el proceso judicial y convenir con Proyectos Laguneros cubrir el monto faltante en parcialidades, además de pagar rentas mensuales en tanto liquidaban este acuerdo.
Lo anterior porque ya se habían destinado recursos del erario municipal para su funcionamiento. Morán Delgado también dijo que, si se solicitaba el reintegro, podría llevar al municipio a emprender otro largo juicio para minimizar el nivel de pérdida económica.
“Para proteger al ayuntamiento de Torreón en ese entonces, derivado del conflicto entre los dos supuestos propietarios, nosotros creímos en ese momento que la mejor solución era ampararnos y en un momento dado depositar ante un juzgado la cantidad que se debía”, expresó Jorge Luis Morán. Añadió que fue en la administración 2014-2017 cuando se puso en marcha el proceso de escrituración.
Cuestionado sobre las fallas en el caso, el ex funcionario explicó que “después apareció esa inmobiliaria Bríos y derivado de una compra de una cartera vencida, se decía dueña de algunas de las fracciones que integraban al hospital”.
En cuanto a las sospechas de que la nota que señalaba al predio como hipotecado fue borrada a propósito por parte del Registro Público de la Propiedad de Torreón, Morán Delgado expresó que “evidentemente alguien no hizo bien su trabajo”
Además aceptó que, para este proceso, el Ayuntamiento se tuvo que apoyar en la contratación de un despacho externo, pero afirmó no recordar el monto con el que se pactó su participación.
Al estar vigente el juicio hipotecario entre Proyectos Laguneros y Administradora Bríos, el 20 de diciembre de 2017, el ayuntamiento de Torreón realizó un depósito por 3.2 millones de pesos ante el Juzgado de primera instancia del ramo civil, como pago de uno de los lotes de 100 metros cuadrados, para que el dinero fuera entregado a uno de los socios de Proyectos Laguneros cuando se solucionara la situación legal.
Entre los diversos recursos legales que enfrentó el Ayuntamiento de Torreón se encuentra un “incidente de falsedad de documentos por firma falsa” contra uno de los Propietarios de Proyectos Laguneros y que la compañía ganó al Municipio. Crédito: Paulina Castro.
En el documento presentado al juzgado, se destacó que el Ayuntamiento fue un comprador “de buena fe” y cuando se celebró el contrato inicial, el inmueble estaba libre de gravamen y que fue tiempo después cuando se enteraron del juicio hipotecario entre los particulares.
Sin embargo, Proyectos Laguneros logró recuperar este cheque, al comprobar que la sección señalada formaba parte de la escritura que no estaba considerada en el proceso legal de la Ciudad de México.
Años después, el municipio de Torreón interpuso un recurso de Tercería Excluyente de Dominio. Se trata de un proceso legal para que se declare que el tercero (el Ayuntamiento) es dueño del bien que está en litigio. Con esto, el municipio frenó un remate de la propiedad por un monto de 34 millones 376 mil pesos que intentó Administradora Bríos en el año 2021, aseguró Jesús García Colores, ex titular del área jurídica (2018-2021).
Con este recurso legal, también se buscaba conocer el estatus en tiempo real del litigio entre particulares que permanece vigente en la Ciudad de México; sin embargo, el juzgado negó esta petición, según adelantó Natalia Fernández, actual secretaria del Ayuntamiento. Hasta ahora, añadió, sólo se está a la espera de recibir la notificación correspondiente.
Sobre este tema, Sofía Díaz Lozano, abogada especialista en materia civil y mercantil, consideró que los procesos no se han defendido adecuadamente, no por falta de capacidad por parte de los abogados que representan al Ayuntamiento, sino porque no se le ha dado la celeridad y seguimiento adecuado.
“Mucho de esto se debe a los temas de corrupción que imperan en nuestro municipio, estado y país, en el que se presta a muchas situaciones. Tan es así que toda esta obstaculización por parte de los funcionarios para emitir las constancias correspondientes, el no tener los expedientes de fácil acceso para el público, no tenerlos en su apartado de transparencia, tener expedientes extraviados o que no se tiene registro de ellos en los juzgados se trata de corrupción” expresó.
El hospital que perdió su categoría: las consecuencias del conflicto
Con el cambio de administración municipal y al no lograr las metas para consolidarse como un hospital, a solicitud del Cabildo 2019–2021, el 10 de mayo de 2019 el Congreso de Coahuila derogó el decreto con el que se constituyó el organismo público descentralizado, por lo que a la fecha opera sólo como clínica y sede de la Dirección Municipal de Salud, al que se destina parte de los recursos de esta dependencia, sin que se especifique exactamente cuánto.
Aunque por decreto, el organismo descentralizado del Hospital Municipal de Torreón debía recibir el 1.5 por ciento de los recursos que obtendría la administración cada año, la Tesorería Municipal de Torreón no proporcionó a detalle cuánto se ha gastado en el Hospital y refirió que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos es la dependencia que deberá pronunciarse al respecto.
Sin embargo, a través de la página Mirador Coahuila, de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se confirmó que en el periodo de 2016 a 2019, los últimos cuatro años de ejercicio como organismo descentralizado, se destinaron recursos por un monto cercano a los 2.2 millones de pesos, siendo el año 2016 el que tuvo mayor presupuesto con 955 mil pesos.
Tabla de lo que se ejerció en el Hospital Municipal hasta su extinción. Crédito: Paulina Castro
Ahora, como sede de la Dirección de Salud, en el último informe anual que presentó al Cabildo no se dio a conocer cuánto se eroga en estas instalaciones, debido a que forma parte del gasto ordinario de la dependencia.
En la pasada administración, la Dirección de Salud Municipal desincorporó parte del material hospitalario que se tenía cuando era clínica privada y fue destinado al DIF Torreón y la Escuela de Enfermería, y con ello se cumplió con un acuerdo avalado por el Cabildo.
Al respecto, la Dirección de Salud Municipal refirió que debido a que el Hospital Municipal ya no opera como tal, declaró “improcedente” proporcionar una relación de qué material se retiró de este inmueble.
Asimismo, en un recorrido realizado por este lugar, se pudo verificar que en el espacio al que no tiene acceso el municipio, aún se guardan diversos artículos, entre basura electrónica, cuneros deteriorados, mobiliario diverso que no se puede reutilizar por sus condiciones y que son testigos mudos de la historia del paso de las tres clínicas.
Parte del material que a la fecha no se ha podido desincorporar y que se encuentra en el espacio en litigio. Crédito: Paulina Castro
¿Cómo trabaja la Dirección de Salud Municipal en este espacio?
En los predios en los que sí puede operar legalmente, la dependencia municipal ha habilitado todos sus servicios. Los usuarios que acuden lo hacen porque tienen conocimiento de que proporcionan alguna consulta a precio relativamente bajo en comparación al sector privado o porque tienen un médico particular de cabecera y labora a ciertas horas en este lugar.
“El doctor Varela es un excelentísimo, me da mucho gusto verlo porque es el que me atiende, me procura (…) es que antes el doctor Varela iba al dispensario de la colonia Nueva California, ahí vivo yo a dos cuadras, ahí me curaba él. Pero con el cambio de presidente, ya no fueron y ahora vengo hasta acá”, detalló un paciente de 61 años que acude para recibir curaciones periódicas sin costo.
Otra usuaria, la señora Suárez, comentó que recurre a esta dependencia porque ahí se encuentra una pediatra que la atiende desde hace nueve años y en este lugar paga 50 pesos la cita.
Sin embargo, la mayor parte de las atenciones constan de exámenes realizados al personal del transporte público, quienes acuden por lo menos una vez al año como parte de los requisitos para renovar la tarjeta que exige la autoridad municipal a cada uno de estos operadores, según explicó un taxista, quien pidió el anonimato.
“Venimos cada año a hacernos la prueba del antidoping, nos checan la presión, nos miden, nos pesan, nos toman muestras de sangre para ver si no estamos tomando cosas extrañas. Es un chequeo no tan completo, pero a nosotros nos sirve mucho porque es cada año. Normalmente las personas no vamos a hacernos un examen”, expresó.
Personal de la Dirección de Salud Municipal entrevistada para este reportaje, manifestó que no existe un censo de cuántas personas reciben atención médica, ya que la cifra varía de 20 a 100 atenciones diarias, muchas de ellas las constituyen los exámenes para los transportistas.
La personal de salud detalló que también se reciben pacientes de ranchos aledaños al municipio por los precios bajos, citó como ejemplo las consultas de ginecología a un costo de 51 pesos, lo que lo representa una alternativa para quienes, en primer lugar, buscan estos servicios en el Hospital General de Torreón que funciona a través de la Secretaría de Salud de Coahuila.
Lista de servicios que ofrece el área de clínica de la Dirección Municipal de Salud. Nunca logró incorporar camas censables para servicios de internamiento que permitieran la atención integral de diversas especialidades pactadas en el extinto decreto 29. Crédito: Paulina Castro.
Sin embargo, las acciones que actualmente se desarrollan en este edificio no cumplen con el proyecto original por el que se adquirió, que fue tener un hospital municipal con un modelo integral de Salud y que “estudios e investigaciones sobre los problemas de salud pública, de familia, de los menores y de la población envejeciente” tal como menciona el decreto de creación del Hospital Municipal de Torreón.
La defensa continúa
Natalia Fernández, secretaria del Ayuntamiento, aseveró que luego de analizar con diversas dependencias de los ámbitos financiero, jurídico y operativo de la actual administración, se tomó la determinación de continuar con el pleito del edificio. Afirmó que resultaba más costoso construir un nuevo inmueble, además de que el área en que se encuentra resulta estratégica por ser la Zona Dorada Hospitalaria de Torreón y que se necesita para la población de escasos recursos.
“El municipio no tiene terrenos en esta zona y el construir desde cero iba a ser mucho más cuantioso”, argumentó.
Asimismo, la funcionaria detalló que la Dirección de Salud Municipal evalúa si se puede retomar o no la categoría de Hospital.
“Estamos tratando de buscar lo mejor para el Ayuntamiento, para los torreonenses y que las inversiones que se han hecho en un momento puedan salvarse y los daños que se generaron a la contraparte, siempre y cuando le asista la razón, se puedan resolver vía la conciliación”, manifestó Natalia Fernández. Crédito: Paulina Castro
Para esta investigación, se buscó a Antonio Yun, quien aparece como apoderado legal de Administradora Bríos, para obtener su postura sobre el tema; se envió solicitud de entrevista a sus cuentas de correo electrónico y Linkedin.
También se acudió a un domicilio publicado en internet como ubicación de la compañía en la colonia Reforma Social, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, pero no se le permitió el acceso a la persona que llevó el escrito de solicitud de entrevista y personal de vigilancia aseguró que ahí no opera una empresa con ese nombre.
De igual manera, durante el tiempo que se realizó esta investigación, Guillermo Cerón Albarrán, abogado que llevó el caso por parte de la Administradora Bríos, se comunicó en dos ocasiones y se comprometió a dar su versión de los hechos “una vez que regresara de la Ciudad de México”, pero tras varios intentos por definir la fecha para la entrevista, ésta nunca se concretó.
También se buscó al ex alcalde Eduardo Olmos Castro para que ofreciera su postura sobre los conflictos legales y cuáles fueron las motivaciones para comprar este hospital. Pese a que el propio legislador manifestó en primera instancia su disposición para ofrecer su punto de vista sobre el tema y, posteriormente, aseguró que a través de su equipo de comunicación contestaría un cuestionario elaborado para este fin, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Tampoco se pudo ubicar a Alberto Ríos Quintana, representante legal de Proyectos Laguneros a quien se buscó contactar a través de sus redes sociales y en el domicilio que tenía fijado para recibir el dinero por los pagarés y rentas en la colonia Torreón Residencial, pero este lugar está cerrado.
“Estamos tratando de buscar lo mejor para el Ayuntamiento, para los torreonenses y que las inversiones que se han hecho en un momento puedan salvarse y los daños que se generaron a la contraparte, siempre y cuando le asista la razón, se puedan resolver vía la conciliación”, manifestó Natalia Fernández. Crédito: Paulina Castro
Para esta investigación, se buscó a Antonio Yun, quien aparece como apoderado legal de Administradora Bríos, para obtener su postura sobre el tema; se envió solicitud de entrevista a sus cuentas de correo electrónico y Linkedin.
También se acudió a un domicilio publicado en internet como ubicación de la compañía en la colonia Reforma Social, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, pero no se le permitió el acceso a la persona que llevó el escrito de solicitud de entrevista y personal de vigilancia aseguró que ahí no opera una empresa con ese nombre.
De igual manera, durante el tiempo que se realizó esta investigación, Guillermo Cerón Albarrán, abogado que llevó el caso por parte de la Administradora Bríos, se comunicó en dos ocasiones y se comprometió a dar su versión de los hechos “una vez que regresara de la Ciudad de México”, pero tras varios intentos por definir la fecha para la entrevista, ésta nunca se concretó.
También se buscó al ex alcalde Eduardo Olmos Castro para que ofreciera su postura sobre los conflictos legales y cuáles fueron las motivaciones para comprar este hospital. Pese a que el propio legislador manifestó en primera instancia su disposición para ofrecer su punto de vista sobre el tema y, posteriormente, aseguró que a través de su equipo de comunicación contestaría un cuestionario elaborado para este fin, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Tampoco se pudo ubicar a Alberto Ríos Quintana, representante legal de Proyectos Laguneros a quien se buscó contactar a través de sus redes sociales y en el domicilio que tenía fijado para recibir el dinero por los pagarés y rentas en la colonia Torreón Residencial, pero este lugar está cerrado.
