Declaran culpables a Gopes por masacre migrante en Camargo
Perla Reséndez/Alfredo Peña
VICTORIA, Tam.- La espera llegó a su fin, este día un Juez dictó una sentencia en el caso Camargo, decretando la culpabilidad de 12 policías en el homicidio de 19 personas, 17 de ellos migrantes a quienes además de dispararles, les prendieron fuego.
Hechos registrados el 22 de enero del 2021 cerca del rancho Piedras en Díaz Ordaz, donde los elementos policiales, mostraron “un total desprecio por la vida” y “una brutal ferocidad con la que se les arrebató la vida”, señaló el Juez del tribunal de enjuiciamiento Patricio Lugo Jaramillo.
Aunque el fallo se daría el miércoles, fallas en el Internet en el penal de Altamira, impidieron que uno de los policías acusados, pudiera estar presente de manera virtual en la audiencia, por lo que se reprogramó.
Este jueves, el Juez del tribunal de enjuiciamiento Patricio Lugo Jaramillo leyó el comunicado de la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con migrantes Guatemala, en donde se solicitaba medidas de apremio de las víctimas indirectas (familias) para el juez, por los inconvenientes en la conectividad, las cuales dijo, no fueron atribuibles a él.
Juez declara culpables a los 12 policías implicados en la Masacre de Camargo. 🎉🎉🎉
Esta sentencia deja el mensaje de que nadie puede violar los derechos humanos de las personas migrantes, desaparecer, torturar y mucho menos asesinar#CamargoSinLugarADudas pic.twitter.com/WlbWsZasF6
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) September 15, 2023
Las familias de las víctimas, siguieron desde Comitancillo la audiencia que duró casi 8 horas, en la sala F del Centro Integral de Justicia del municipio de Victoria, donde el juzgador, al comunicar el fallo, se apoyó de la carga probatoria presentada de casi 80 elementos, entre testigos, especialistas, investigadores y diferentes pruebas documentales y tecnológicas.
Todo esto, para esclarecer lo ocurrido entre las 10:00 y las 15:00 horas de aquel sábado 22 de enero del 2021, cuando un convoy de tres patrullas de la Policía Estatal y tres black mambas blindadas del Grupo de Operaciones especiales (Gopes), persiguió y disparó contra un grupo de migrantes que se trasladaban en dos camionetas.
La agresión iniciaría a la altura del rancho Piedras de Díaz Ordaz, donde el grupo policial persiguió a las dos unidades, misma que concluyó en el kilómetro 25+700 en una brecha que conduce a los límites de Tamaulipas con. Nuevo León.
Durante los tres meses y medio en que se presentaron las pruebas y testigos, se estableció que en estos hechos participarían alrededor de 24 efectivos, cuatro policías estatales y 20 Gopes.
La oficial Mayra Elizabeth “V”, encargada del operativo “Frontera Chica” y de ciudad Mier, era la responsable de las acciones donde se dio muerte a las 19 personas, mientras Horacio “R” Comandante Nambo, el responsable de los Gopes y quien, de acuerdo con el policía Ismael “V”, encendió un papel y luego prendió fuego a las camionetas a las que previamente se roció con gasolina.
El Juez de tribunal de enjuiciamiento unitario reiteró que estas acciones denotan “un total desprecio por la vida y una brutal ferocidad con la que se les arrebató la vida”, lo que repitió en al menos tres ocasiones en diferentes momentos.
Se sumó a la petición de las familias quienes claman justicia, pues “ni todo el dinero del mundo los regresaría a la vida”, por lo que era importante esclarecer qué ocurrió aquel fatídico 22 de enero del 2021 en que fue arrebatado uno de los bienes más importantes que tiene un hombre como es la vida.
“Tal parece que es un delito salir de su casa, con peripecias, pagando quetzales”, destacando que esas personas solo estaban buscando una mejor vida para ellos y sus familias”.
Destacó las declaraciones de los dos testigos, vecinos del rancho Piedras en Díaz Ordaz, uno de ellos, Nicasio “R”, quien se presentó en audiencia y narró que vio pasar las camionetas con los policías que disparaban a otras con personas a bordo.
También la declaración de Salvador Villareal Morín, otro de los vecinos quien falleció antes de que iniciara el juicio, pero quedando constancia de lo que vio ese día, donde dijo que vio pasar unas patrullas, entre ellas unas tipo “monstruos” de color azul, que perseguían a unas camionetas blancas.
Señaló el hecho que guardianes del orden (policías), encargados de proteger a una sociedad, integrantes de una colectividad, persiguieran a unos indocumentados tirando balazos.
El Juez señaló que también se logró acreditar los movimientos de las patrullas 1508, 1350, 1295 donde viajaba Mayra Elizabeth, encargada del operativo y de otras tres de los Gopes, ese día en que las 19 personas fueron muertas, todo ello con pruebas de los gps de las unidades.
También que el informe policial homologado cuenta una historia distinta a la que realmente ocurrió, por lo que la policía Marya Elizabeth faltó a la verdad, ya que además se alteró la escena del crimen, luego que la camioneta Pick Up donde fueron encontrados 15 cuerpos, recibió 113 disparos, sin embargo solo se encontraron 8 casquillos.
Señaló que las pruebas demostraron que las armas encontradas en las camionetas correspondían a una “simulación”, de los policías acusados, explicando que es imposible que no fueran usadas, de ser cierto que les pertenecían, pues se trataba de un instinto natural de supervivencia.
Además de la contundencia de las pruebas y declaraciones de los peritos, que establecieron que la gran mayoría de los disparos se hicieron desde la parte de atrás de las camionetas, algunos de ellos laterales, fueron realizados con la puerta abierta, y casi todos, mientras las unidades estaban paradas.
Calificó como “acción titánica” la realizada por el grupo de peritos que logró identificar a las víctimas, con una efectividad del 99.9 por ciento, esto, pese a que tenían quemaduras de cuarto grado y algunas habían perdido extremidades posteriores o inferiores, producidas por el fuego.
También se logró determinar en la mayoría de las víctimas, la forma en que murieron, siendo esta por heridas de arma de fuego y luego de todo este trabajo, se pudo entregar a sus familias para su sepultura.
Será en una audiencia el próximo martes, cuando el juez dicte la individualización de la sentencia y reparación del daño, es decir, establezca la pena que alcanzarán los 12 policías detenidos por este crimen y el pago a los deudos.
A 11 de ellos la Fiscalía acusa de homicidio calificado con la agravante de premeditación y ventaja, abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones administrativas, al que se agrega el de falsedad en informe dados a una autoridad para Mayra Elizabet “V”.
Mientras que para Ismael “V”, los delitos de abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones administrativas.
Fundación para la justicia y la red Jesuita con Migrantes Guatemala celebra fallo
El Juez Unitario de Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de la Primera Región Judicial, Patricio Lugo, dictó sentencia en contra de los 12 policías estatales de Tamaulipas acusados por la masacre de 19 personas el 22 de enero de 2021.
Las víctimas eran 17 personas migrantes de Guatemala y El Salvador, y 2 mexicanos. De los 12 policías implicados, las sentencias fueron como siguen:
- 11 por homicidio calificado
- 12 por abuso de autoridad
- 12 por delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas
- 1 por delito de informes falsos dados a una autoridad
Estamos ante una sentencia emblemática; la primera condenatoria en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes.
“Esta sentencia es muy importante para nosotros como familias afectadas, pero también para el pueblo de Guatemala y para todos los migrantes que atraviesan por Guatemala y los hermanos mexicanos que migrarán hacia los Estados Unidos, para que no se vuelva a repetir lo que sucedió con nuestros hijos. Que todos los migrantes sepan que es posible tener justicia, esta lucha es por todos ellos”.
Ricardo García Perez, Padre de San Cristina
Éste ha sido un proceso tremendamente difícil para las familias de las víctimas. Si para una familia mexicana es complejo formar parte de un proceso penal y entenderlo, es mucho más difícil para las familias que están en otro país. Se enfrentan a un sistema judicial complejo que desconocen totalmente, al que muchas veces se suma la dificultad del idioma y que no cuentan con espacios suficientes para lograr expresar con todas su dimensión su sentir. Y a pesar de todas las adversidades, hoy escucharon una sentencia condenatoria.
Más de 60 testimonios fueron presentados durante el juicio, que comenzó el 22 de mayo de 2023, para reconstruir esa horrenda tragedia que sobrepasa el entendimiento, porque se suponía que el Estado mexicano ya no mataba, mucho menos a los más vulnerables.
En el juicio intervinieron vecinos del lugar, peritos forenses, analistas, expertos en múltiples disciplinas, también policías de investigación. Uno de ellos, clave para conocer qué sucedió aquella mañana, fue el del policía Ismael Vázquez, quien se acogió al criterio de oportunidad que permite que él pueda decir lo que sucedió, a cambio de un beneficio que, en este caso, fue la excusión del delito de homicidio:
“Al acercarme a la camioneta tipo pick up, vi personas heridas en la parte de la batea y al abrir la puerta de la cabina, me percaté que había mujeres heridas por arma de fuego y una de ellas sin vida, así como un menor de edad…
(Horacio, coordinador Grupo de Operaciones Especiales) dio la instrucción de rematar a las personas que aún se encontraban con vida… Regresamos al día siguiente para empezar a levantar los casquillos que habían quedado en el lugar y colocar otros de diferentes armas”.
Un paso hacia la justicia, pero aún falta un largo camino
La Masacre de Camargo demuestra que en México, agentes del Estado torturan y asesinan a personas migrantes, y no podemos olvidar que hay otras masacres cuyas investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República, donde se mantiene una máquina de impunidad. Las cinco masacres que tenemos registradas suman –hasta donde sabemos– 352 víctimas.
La justicia será alcanzada hasta que todas las víctimas de las masacres tengan justicia, hasta que el sistema mexicano garantice la reparación integral del daño, que incluya medidas compensatorias, disculpa pública y garantías de no repetición.
También queda pendiente la investigación respecto a los demás servidores públicos involucrados en la Masacre de Camargo: policías que estuvieron presentes, a la cadena de mando de los 12 policías y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), pues recordemos que el vehículo en el que se transportaban las víctimas había sido retenido por la delegación del INM de Nuevo León, en diciembre de 2020.
Por estos hechos, dos trabajadores del INM y siete policías municipales de Escobedo, Nuevo León, fueron acusados, sin que su implicación en la masacre de las 19 personas, haya sido esclarecida totalmente.
Aunque las familias están contentas porque el juez dio un fallo justo, señalan que esto no podrá devolverles a sus seres queridos y ahí vuelve la tristeza. Los efectos que dejó para las familias esta masacre, no se pueden medir. Muchas familias se quedaron sin el sustento para sus hijos y para el resto de los dependientes. Ahora las familias enfrentan un contexto muy difícil, no sólo desde la parte emocional y económica, sino hasta política, por todo lo que está pasando en su país de origen.
Y a pesar de ello, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas ha estado ausente para apoyar a estas familias, discriminándolas por ser extranjeras. Ellas han tenido que viajar cada vez que había audiencia, con recursos que fueron ofrecidos por las organizaciones que les acompañamos, pero el Estado Mexicano a pesar de que así lo establece la ley, ha estado totalmente ausente.
Queda pendiente la audiencia para individualizar la pena de cada persona responsable y también la reparación del daño, la cual esperamos sea proporcional a los delitos cometidos y los perjuicios causados a las familias.
El mensaje que deja esta sentencia
Esta sentencia deja el mensaje de que nadie puede violar los derechos humanos de las personas migrantes, no se les puede desaparecer, torturar y mucho menos asesinar, porque habrá una consecuencia, pero sobre todo, no se puede utilizar el cargo público que fue conferido para proteger a las personas, no pueden utilizar ese poder para matar a los migrantes.
Los servidores públicos de México tienen el deber de proteger a todas las personas que están en el territorio mexicano, sean de origen mexicano o migrante, sin importar su nacionalidad. Más aún, México ha firmado tratados internacionales que lo obligan a brindar una protección adicional a las personas migrantes y a las personas que buscan asilo.
Que esta sentencia sirva para que a partir del día de hoy, a ninguna persona migrante se le asesine en este país mientras tratan de llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida digna.
