Cuatro policías de masacre migrante con nivel de riesgo alto
María López
VICTORIA, Tam.- De los 12 policías detenidos y responsables de la masacre de 19 personas en 2021, cuatro de ellos fueron clasificados con un nivel de riesgo alto, de acuerdo con los estudios del perfil y análisis de riesgo de los mismos, llevado a cabo por peritos especialistas.
Al continuar las audiencias del caso Camargo, la Fiscalía sigue con el desfile de testigos con los que pretende justificar la sentencia solicitada de más de 900 años y el monto económico para la reparación del daño a las víctimas indirectas.
En esta ocasión tocó el turno a un perito que llevó a cabo diferentes estudios, entre ellos el análisis del contexto, perfilamiento criminológico y análisis de riesgo, entre otros.
Con base en los resultados de los mismos, y luego de revisar alrededor de 120 pruebas documentales generadas del caso, determinó que cuatro de los 12 elementos detenidos por la muerte de 12 personas, la mayoría de ellos migrantes, tienen un alto nivel de riesgo.
Ello por ser considerados los líderes del grupo, que el 22 de enero del 2021 dispararon contra el grupo de 19 personas que se desplazaban en dos camionetas en una brecha de Díaz Ordaz.
De este grupo identificó a Mayra Elizabeth “V”, en ese entonces Coordinadora de la policía en Díaz Ordaz e identificada como la responsable del operativo, Horacio “R”, Horacio “Q” y Carlos “R”, mientras que el resto de los detenidos se ubicaron en un nivel de riesgo medio.
La Fiscalía solicitó la pena de 50 años de prisión, la máxima para el delito de homicidio calificado, por cada una de las 19 víctimas; además de otros 9 años de cárcel por el delito de abuso de autoridad y 10 años por el delito en el desempeño de funciones administrativas.
En el caso de Mayra Elizabeth “V” también se le agregó 6 años de prisión por el delito de falsedad en informe dados a una autoridad y para Ismael “V”, el policía que confesó los hechos, se pidieron 19 años de prisión or abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
Se solicitó la inhabilitación por 8 años para desempeñar un cargo público para los 12 acusados, y una indemnización de 325,445.52 pesos mexicanos de manera individual, para un total de 6,183,464.84 pesos para cada una de las víctimas.
