“Desenterrando verdades:Reflexiones en torno a la búsqueda forense y los procesos de exhumación en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, en el estado de Morelos.”

Adriana Rufino* 

En este artículo comparto mis experiencias y aprendizajes apoyando en el proceso de sistematización de la información forense documentada por el Colectivo “Regresando a Casa Morelos” en torno a los hallazgos de las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla en dicho estado. La información documentada por las integrantes de Regresando a Casa, en su participación como observadoras de los procesos de exhumación, dan cuenta no sólo de las irregularidades de los servicios forenses, sino de los patrones sistemáticos de ocultamiento de pruebas que posibilitan la desaparición de personas.

Estas bases de datos, muchas de ellas registradas a mano, son parte de los archivos de la impunidad que los colectivos de familiares de personas desaparecidas han venido construyendo. Contribuir a la sistematización de esta información, es una manera de construir puentes solidarios entre quienes nos formamos en las ciencias forenses y quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Este escrito es una forma de agradecerles las enseñanzas de estos meses de trabajo compartido.

De acuerdo con los Reglamentos de Panteones para los municipios de Cuautla y Jojutla, en el estado de Morelos, se entiende que las fosas comunes bajo custodia estatal son aquellas destinadas para la inhumación de cadáveres y restos humanos no identificados [1][2]. Sin embargo, algunas autoras, como la Dra. Aida Hernández, han identificado a las “fosas clandestinas estatales” como aquellas que, si bien son fosas comunes que se encuentran bajo custodia estatal, han sido utilizadas de forma ilegal y clandestina, ya que en dichas fosas se realizan inhumaciones sin ningún tipo de protocolo ni documentación; lo anterior apunta a la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas. [3][4]

Contexto de las fosas de Tetelcingo y Jojutla 

En el 2014, Tetelcingo fue la primera de dos fosas en las que se evidenció la complicidad del Estado con la desaparición forzada en territorio morelense. Este sombrío panorama de violencia comenzó con la búsqueda de Oliver Wenceslao, un joven de 31 años de edad, comerciante de Cuautla, Morelos, quien fue desaparecido el 24 de mayo de 2013. 

A pesar de que su cuerpo sin vida fue hallado el 3 de junio de 2013, e identificado por su familia el 24 de junio del mismo año [5], no fue entregado debido a que era necesario realizar más peritajes (aunque se desconoce cuáles eran) para llevar el caso a un juzgado. Meses más tarde, sus familiares supieron que el cadáver de Oliver se encontraba en una fosa común en Tetelcingo. La presión ejercida por su madre y su tía, María y Amalia Hernández, obligó al Estado a abrirla, lo que reveló que no sólo el cuerpo de Oliver se encontraba ahí, sino también los restos de otras 119 personas, de las cuales solamente 12 habían sido identificadas a octubre de 2021. [6]

Debido a la atención pública y mediática generada por los sucesos acontecidos en Tetelcingo, las miradas comenzaron a tornarse hacia el panteón de la colonia Pedro Amaro, en Jojutla, en donde al igual que en la fosa de Tetelcingo, se reportó que por las noches acudían camionetas negras a depositar cuerpos en esa fosa común. Esto, de acuerdo con los hechos narrados por integrantes del colectivo “Regresando a Casa Morelos”. 

Fue así que gracias al incansable movimiento de colectivos y familiares que demandaban verdad y justicia, en marzo del 2017 se iniciaron las exhumaciones en la fosa común del panteón de Jojutla. Un mes después, concluidas las exhumaciones, se dio a conocer que se recuperaron alrededor de 85 cuerpos, acompañados de numerosos restos que aún no han sido individualizados; es decir, que no han pasado por el proceso necesario para establecer si corresponden a uno o más de uno de los cuerpos exhumados. A la fecha, solo se ha logrado restituir a una persona de entre los restos exhumados encontrados en esta fosa común.

Los trabajos de exhumación en Jojutla se vieron interrumpidos al descubrirse que la fosa abarcaba espacios de fosas particulares, lo cual evidencia aún más la complicidad del Estado, cuyos funcionarios a sabiendas de la presencia de cuerpos en su fosa común clandestina, permitieron que se colocaran fosas particulares sobre esta. Sin embargo, cinco años después, en el 2022, la fosa de Jojutla fue nuevamente abierta, recuperándose 10 cuerpos, según el registro del colectivo. Lamentablemente, una vez más, sólo se repitieron los patrones de irregularidades con que los cuerpos habían sido inhumados en ocasiones anteriores. También, es preciso mencionar que actualmente se desconoce si alguno de los cuerpos exhumados ha sido identificado, esto debido a que los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Cuautla, y a la fecha, las integrantes del colectivo “Regresando a Casa Morelos” no han tenido acceso a información relativa a los cuerpos exhumados en el 2022.

Las familiares de desaparecidos toman lo forense en sus manos 

Durante las exhumaciones de Jojutla en el 2017, las integrantes del colectivo “Regresando a Casa Morelos” demandaron su derecho a participar como observadoras en la apertura de las fosas, documentando los procesos y los hallazgos realizados por los funcionarios estatales. Para ello, se dieron a la tarea de capacitarse en temas forenses: desde comprender los términos empleados por las autoridades presentes, hasta elaborar sus propias fichas de registro. Adicionalmente, la experiencia previa en Tetelcingo les permitió tener conocimientos acerca de estos procesos. 

El trabajo realizado por las familias durante este proceso fue fundamental para documentar el uso clandestino que se hizo de las fosas, y sus voces de denuncia han alertado a los colectivos de otros estados sobre la importancia de reclamar la apertura y regularización de las fosas comunes. La información a la que tuve acceso en sus bases de datos revela detalles minuciosos acerca del proceso seguido, desde la prospección del terreno hasta los análisis practicados en campo de todos los restos recuperados. 

En el 2022, durante la segunda exhumación en Jojutla, a pesar de que las integrantes del colectivo estuvieron presentes y dispuestas a continuar con su documentación, se les negó la misma participación activa que tuvieron en 2017. De acuerdo con las integrantes del colectivo, las autoridades decían “estar haciéndoles el favor de reabrir la fosa”, por lo que tampoco se les permitió ingresar a peritos independientes, tal como ocurrió en la primera intervención de la fosa de Jojutla, cuando la Universidad Autónoma del Estado de México intervino para la realización de peritajes en materia de genética, por parte de los familiares y colectivos de búsqueda. 

La creación de una base de datos forenses

Después de consultar los registros del colectivo, de dialogar con sus integrantes y realizar investigación bibliográfica en torno a las desapariciones en México, en colaboración con la antropóloga física Isabel Beltrán, integrante del GIASF, creamos una base de datos que recopila toda la información obtenida de las exhumaciones en Jojutla 2017 y 2022. 

El propósito de la base de datos, además de facilitar la visualización de los registros, fue contar con un respaldo, ya que toda la información recopilada se encontraba en fichas de papel. Por otro lado, contar con esta base ha permitido evidenciar las irregularidades cometidas en los procesos de exhumación e inhumación. 

Durante el llenado de la base se identificaron algunas áreas de oportunidad para mejorar la recopilación de información en campo. Si bien la labor llevada a cabo por las integrantes del Colectivo ha sido muy importante para documentar las malas prácticas de las autoridades encargadas de investigar, se observó la necesidad de contar con fichas de registro que permitan documentar la información de manera más eficaz. A partir de esta revisión de la información se recomendó el uso de esquemas anatómicos para el registro del inventario óseo y la ubicación de lesiones, elementos individualizantes y ligaduras, así como la estandarización de términos, por ejemplo, la definición de la palabra “desarticulado”, pues no se hacía una clara distinción de si se refería a la amputación traumática de una parte del cuerpo o a la separación de los huesos por la ausencia de ligaduras. 

Partimos del reconocimiento del importante trabajo realizado hasta ahora y del derecho que las familias tienen a participar y documentar los procesos de exhumación; sin embargo, consideramos importante recordar que las tareas de búsqueda identificación son obligación del Estado y no pueden recaer en las familias. 

Las irregularidades documentadas durante las exhumaciones de Jojutla: evidencias halladas durante el vaciado de información en la base de datos

Una vez concluido el proceso de creación y llenado de la base de datos, salieron a relucir las irregularidades y malas prácticas que la fosa de Jojutla albergaba. Entre ellas, se destacan las siguientes: 

• Durante el 2017 se omitió la documentación planimétrica (esta es la representación a escala de las medidas de una superficie y su contenido) y el registro estratigráfico (el cual consiste en realizar una representación esquemática de las diferentes capas o estratos presentes en el suelo, que han ido depositándose uno sobre otro a través del tiempo), los cuales son relevantes para establecer el contexto y la relación que guardan los hallazgos entre sí. 
• Malas técnicas de extracción de los cuerpos de las fosas, donde la arqueóloga y antropóloga presentes estaban dentro de la misma y jalaban los cuerpos, sin tener cuidado con su manipulación. 
• Extracción simultánea de cuerpos, lo que impedía dedicar el tiempo adecuado para realizar el análisis preliminar in situ de cada cuerpo. 
• Los cuerpos extraídos se encontraban envueltos en bolsas de plástico (en su mayoría, bolsas negras de basura), en sábanas, o incluso no presentaban ningún tipo de embalaje.
• La mayoría de los cuerpos no contaban con carpeta de investigación previa a las exhumaciones. 
• Sólo algunos de los cuerpos extraídos presentaban indicios de haber sido sometidos a procesos de necropsia. 
• En varios casos, los cuerpos presentaban signos de violencia, ya sea por la presencia de ligaduras en extremidades inferiores y superiores, o porque se encontraban mutilados (algunos sin extremidad cefálica). 
• Muchos cuerpos contaban con prendas de vestir y pertenencias, elementos que deberían ser almacenados en una bodega de indicios. 
• En 2017, los cuerpos se volvieron a inhumar en el panteón ministerial “Jardines del Recuerdo”, pero nunca se les practicaron más análisis en laboratorio. Al respecto, las autoridades se apegaron únicamente a la prueba genética para determinación de sexo, dejando de lado otros métodos de identificación como la odontología, dactiloscopía o la identificación a través de características individualizantes. 
• En 2022, se descubrieron y realizaron las mismas prácticas. En esta ocasión, los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Cuautla, donde se realizarían análisis complementarios a los hechos en campo. Hasta la fecha, el Colectivo Regresando a Casa Morelos desconoce qué es lo que ha sucedido con dichos cuerpos. 

Los datos forenses documentados permiten dar cuenta de las complicidades estatales en la desaparición de personas. Si bien en algunos casos puede que las autoridades estatales no hayan tenido participación directa con la privación de la libertad de la persona en cuestión, sí han obstaculizado el acceso a la verdad al tener conocimiento de la presencia de todos estos cuerpos en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, y han contribuido así a negar dicha información a los familiares en búsqueda. Además, han continuado con prácticas negligentes respecto a la preservación de evidencia y la ausencia de análisis exhaustivos, lo que perpetúa el ciclo de impunidad. 

Los hechos ocurridos durante las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla, dejan en evidencia la atroz realidad que se vive a lo largo del país, pero también demuestran la importancia de la participación de la sociedad civil, ya que han sido una parte vital para la exigencia de rendición de cuentas y defensa de los derechos humanos. 

Es importante que autoridades, organismos internacionales y sociedad civil continúen promoviendo el esfuerzo colectivo para garantizar no sólo la evidencia de hechos como los tratados en este artículo, sino también para establecer medidas de prevención a futuras tragedias. Adicionalmente, es importante recordar que si bien, se promueve la participación de familiares y colectivos de búsqueda, esto no significa que los procesos de búsqueda y exhumación deban recaer sobre ellos, pues quienes tienen la obligación de llevar a cabo estas acciones son las autoridades estatales; es necesario recordar la participación de la sociedad civil a través del diálogo y la colaboración, más no en el deslinde de las obligaciones y responsabilidades del Estado. 

Referencias

[1] Reglamento de panteones para el municipio de Cuautla, Morelos. 11 de enero de 2017. Periódico Oficial 5464 “Tierra y Libertad”. Consultado en http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/RPANTEONESCUAMO.pdf 

[2] Reglamento de panteones del municipio de Jojutla, Morelos. 15 de agosto de 2012. Periódico Oficial 5012 “Tierra y Libertad”. Consultado en http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg00220-5012.pdf 

[3] Hernández, R. (2021). Las violencias burocráticas y la triple desaparición de personas en Morelos: Los casos de las fosas clandestinas estatales ante la ONU. Rompe Viento. Consultado en https://www.rompeviento.tv/las-violencias-burocraticas-y-la-triple-desaparicion-de-personas-en-morelos-los-casos-de-las-fosas-clandestinas-estatales-ante-la-onu/ 

[4] Robledo, C. (2019). Peinar la historia a contrapelo: reflexiones en torno a la búsqueda y exhumación de fosas comunes en México. Encartes. 2(3), pp. 13-42. Consultado en https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/861/1/02-robledo.pdf 

[5] Villanueva, R. y Brito, J. (2016). “Yo soy Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, y también pensaba que a mi, no me iba a pasar nada…hoy, ya no estoy aquí, ¿y mañana, quién sigue?”. Resiliencia. 2, pp. 42-49. Consultado en https://lekilkuxlejal.org/wp-content/uploads/2019/02/Revista-Resiliencia-2_Lekil-Kuxlejal.pdf 

[6] Ayala, A. (2021). Tetelcingo: Regresar al origen del dolor. A dónde van los desaparecidos. Consultado en https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/17/tetelcingo-regresar-al-origen-del-dolor/) 

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*Adriana Rufino es Egresada de la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM y becaria técnica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) bajo la asesoría de la Dra. Rosalva Aida Hernández Castillo. 

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo, así como personas columnistas invitadas por el mismo (Ver más: www.giasf.org).

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.