San Fernando: narcofosas entre el olvido, negligencia e impunidad
Perla Reséndez
SAN FERNANDO, Tam.- La masacre de los 72 migrantes en San Fernando, descubierta el 23 de agosto del 2010, simbró al mundo al conocerse la barbarie con que grupos criminales (zetas), asesinaban a personas que estaban de paso por Tamaulipas y se negaban a trabajar para ellos o pagar un rescate, pero no fue la única.
Habían transcurrido poco más de ocho meses cuando el 6 de abril del 2011, el horror volvió a cimbrar a esta tierra, al darse a conocer los hallazgos de 59 cuerpos en ocho fosas clandestinas en un rancho.
Policías y peritos de la entonces Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, realizaron el hallazgo el 1 de abril, pero fue hasta cinco días después que el entonces Secretario General de Gobierno, Morelos Canseco Gómez, informó que dichas personas habían sido secuestradas de un autobús foráneo.
Los secuestros de autobuses no era algo nuevo, un año antes había ocurrido lo mismo con los 72 migrantes encontrados muertos en una galera del rancho El Huizachal y de donde, Fredy Lala Pomavilla, un joven ecuatoriano de 18 años, con una herida de bala en la quijada, fingió su muerte y después, herido, caminó toda la noche y parte del día siguiente hasta el puesto de la Marina, donde explicó lo sucedido.
En marzo del 2011, las autoridades habían sido alertadas de la desaparición de Raúl Arreola Huaracha. Originario de Guanajuato, contaba también con la nacionalidad estadunidense y de acuerdo con sus hijos en Estados Unidos, le perdieron el rastro ras ser obligado a bajar del autobús en un retén criminal en San Fernando.
Pero no fue el único caso, Julio Villanueva, también ciudadano norteamericano desapareció en el mismo punto, por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), intervinó y pidió el apoyo de las autoridades en México para localizarlos.
El 24 de marzo del 2011, la línea Omnibus de México había denunciado que hombres armados habrían bajado a varias personas en San Fernando y un día después, una mujer en Matamoros también denunció que su esposo nunca llegó en el autobús que lo transportaba de San Luis Potosí.
A los 59 cuerpos que llegaron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia en Matamoros el 6 de abril, se sumaron otros 13 cadáveres, descubiertos en dos fosas más.
El 10 de abril, la Marina destuvo a Armando César Morales Uscanga, quien confesó su participación en el asesinato de migrantes, informando sobre otras cuatro fosas, donde se localizaron 16 cuerpos más.
Dos días después, la entonces Procuradora Marisela Morales informaba que ya eran 166 los cuerpos localizados en fosas clandestinas y la detención de Johnny Torres Andrade, también integrante de los Zetas, ayudó a localizar más fosas y personas masacradas.
Pero también se detuvo a 16 elementos de la policía municipal de San Fernando, por su presunta colaboración con el grupo criminal, aunque tiempo después quedaron libres.
Luego el 16 de abril de ese mismo 2011, fue detenido Martín Omar Estrada Luna, “Comandante Kilo”, también Édgar Huerta Montiel “El Wache”, encargado de San Fernando y el 6 de octubre del 2012 a Salvador Martínez Escobedo “La Ardilla”, jefe regional de los Zetas.
Por estos hechos fueron detenidas 85 personas, entre ellos, elementos de la policía y tránsito municipal, muy pocos de ellos han sido vinculados o sentenciados por estos hechos.
En total se informó oficialmente que en 47 fosas localizaron 193 personas asesinadas, la mayoría en el ejido El Arenal, sin embargo, algunos activistas consideran que la cifra de víctimas mortales fue mucho mayor.
Los cuerpos fueron trasladados, (120) a la Ciudad de México, donde posteriormente se inhumaron en el panteón de Dolores, de donde sacaron, conforme encontraban a las familias, aunque hubo algunos que recibieron solo cenizas. En total, solo 54 cadáveres fueron entregados a sus familiares.
De los 120 cuerpos, sólo tres eran de mujeres, de acuerdo con el reporte forense, 91 murieron por traumatismo craneoencefálico, con la cabeza rota por un objeto duro, sólo 19 presentaban impactos de bala.
El resto de los cuerpos, (73) habrían sido llevados al Semefo en Victoria, la capital del estado, para luego ser enterrados en la fosa común, sin contar con un protocolo estricto de los datos que permitieran la posterior identificación de los familiares. Solo ocho fueron identificados y entregados a familiares.
Ya en 2015, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones de migrantes desaparecidos en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, se pudo indentificar a 32 personas más, que fueron entregados a sus familias.
La responsabilidad del Estado
Los hallazgos de los cuerpos, la mayoría de ellos torturados y las detenciones de algunas personas relacionadas con estos crímenes, pusieron al descubierto la complicidad e impunidad con que estas situaciones ocurrían.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2009, señaló en un informe que San Fernando era punto de secuestro de migrantes, lo que fue ignorado por el gobierno de Felipe Calderón, que con su “guerra” contra los grupos criminales, los fragmentó pero también provocó más violencia en contra de personas inocentes.
También se señaló al Instituto Nacional de Migración (INM) encabezado en ese tiempo por Cecilia Romero Castillo, luego que durante su gestión creció la migración, lo que se convirtió en un negocio para los grupos criminales. Luego de 23 días de darse a conocer la primer masacre de San Fernando, la funcionaria renunció a su encargo.
También se responsabilizó a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas a cargo de Carlos Guillermo Morris Garza, por el mal tratamiento de los cuerpos de las víctimas.
La recomendación 80/2013 de la CNDH dirigida al entonces Procurador Jaime Rodríguez Inunigarro, pedía la investigación del director de Periciales pues no garantizó el levantamiento de evidencias e indicios, pues se perdieron pruebas al momento de manipular los cuerpos en la escena del crimen.
No se tuvo la certeza de la ubicación de los casquillos percutidos y de la trayectoria de las balas y los impactos de las mismas en los cuerpos y las paredes de la bodega donde se encontraron.
Tampoco se preservó la escena, pues días después personas, entre ellos periodistas, puedieron tomar fotografías y entrar en el lugar que no tenía un adecuado resguardo, incluso, un año después, una caravana de madres centroamericanas, todavía encontró algunas pertenencias de las personas que allí murieron.
Sobre el tratamiento de los cadáveres, el citado funcionario tardó hasta 48 horas luego del hallazgo, para ordenar las autopsias, sin que hubiera protección alguna de los cuerpos a las condiciones climáticas, con lo que se perdieron huellas y evidencias de los hechos.
El tratamiento de los cadáveres y la identificacón de los mismos, también resultó dudoso, incluso nueve familias pidieron la exhumación de los cuerpos para tener la certeza de que en verdad eran sus familiares.
Esto, luego que fue enviado a Homduras el 1 de spetimebre del 2010 bajo el nombre de Eredis Ayala Muñoz, al ciudadano brasileño Edilsimar Junior Faustino da Dilva, sin que algún funcionario mexicano fuera sancionado por este error.
Todo ello originó que a finales del 2013 se firmara un convenio para crear una Comisión Forense en la que se permitió al Equipo Argentino de Antropoligía Forense, trabajar en conjunto con la FGR en la identificación de las víctimas de tres masacres en México, incluida la de san Fernando en 2010.
