Rechazan en Tamaulipas reforma al Poder Judicial
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Personal del Poder Judicial de la Federación en Tamaulipas se manifestó en contra de la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este viernes en diferentes puntos del edificio federal, se colocaron letreros en rechazo a la reforma al Poder Judicial, “No a la reforma judicial”, “Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”, “El Juez imparcial es de carrera judicial”, “Justicia sin cadenas políticas”, son algunos de los mensajes.
En la puerta principal del edificio que alberga al Décimonoveno Circuito en Tamaulipas del Poder Judicial de la Federación, se colocó una cartulina donde se señala, “La carrera judicial se rige por los principios de excelencia, profesionalismo objetividad, independencia, imparcialidad, paridad de género”.
En octubre del año pasado, los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron y sumaron a un paro convocado a nivel nacional por la propuesta para la extinción de 13 fideicomisos y el anuncio de un recorte al presupuesto del 2024.
¿Qué plantea la reforma propuesta al Poder Judicial de la Federación?
Se plantea reducir de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, quienes durarían 12 años en el cargo.
También se eliminan las dos salas en las que está dividido actualmente y todas las sesiones deberán ser plenarias y públicas, siendo necesario seis votos para aprobar las sentencias.
Se elimina la pensión vitalicia al concluir el encargo y los salarios no podrán ser mayores a lo percibido por el Presidente de la República.
También se propone que jueces, magistrados, ministros y jueces de distrito sean elegidos por los ciudadanos a través de elecciones cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales.
Los candidatos serán propuesta a partes iguales del Presidente de la República, Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
El actual Consejo de la Judicatura se transformará en dos institutos, la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y el Tribunal de Disciplina Judicial, que supervisarían a la SCJN.
Se propone un plazo de seis meses para la resolución de controversias y de no lograrse la sentencia, intervendrá el Tribunal de Disciplina para investigar el por qué de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción.
Una vez que la reforma sea publicada, las entidades tendrán un plazo de 180 días para reformar su legislación local, y con ello “garantizar la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones”.
