Acusan en EU a regidor de Río Bravo de fraude con apoyos del Covid
Perla Reséndez
McALLEN, Texas.- Bernardo “G” Jr., regidor panista del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas y su esposa Lesley “Ch”, fueron detenidos y acusados por un juez federal en Estados Unidos de presunto fraude electrónico a través de un programa de préstamos por la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con información del fiscal federal Nicholas J. Ganjei, la pareja y otros tres residentes del Valle del Río Grande cometieron fraude electrónico en un esquema que involucra el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL).
Las autoridades arrestaron recientemente a Sandra Pope Solis, de 60 años, residente de Rancho Viejo, Rolando Santiago Benítez, de 51 años, vecino de Harlingen y Edgar De La Garza, de 45 años, residente de Brownsville, Texas.
¿Cómo funcionó el fraude?
De acuerdo con la acusación formal de ocho cargos, presentada el 5 de agosto, los cinco individuos presentaron solicitudes fraudulentas para obtener préstamos a través del programa por desastres por lesiones económicas (EIDL) y/o por el programa de protección de cheques de pagos (PPP) a través de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
El FBI y la Oficina del Inspector General de la SBA llevaron a cabo la investigación con la asistencia del Departamento de Seguros de Texas, logrando integrar las pruebas que fueorn presentadas ante un juez federal para realizar la acusación formal.
Los programas de préstamos tenían como objetivo aliviar el impacto económico causado por la pandemia de Covid-19, permitiendo a las pequeñas empresas continuar realizando pagos de nómina y otros relacionados con sus negocios, sin embargo se presume que estos empresarios locales presuntamente se aprovecharon de estos programas y malversaron los fondos.
La investigación señala que entre junio de 2020 y noviembre de 2021, Benítez, Pope, Chávez, Gómez y De La Garza presentaron solicitudes de préstamos patrocinados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
Recursos obtenidos se destinaron para gastos personales
Como parte del esquema, presuntamente ayudaron a alterar o crear documentos fiscales y comerciales falsificados para inflar el monto del préstamo aprobable, y una vez autorizados los préstamos, los utilizaron para gastos personales y enriquecimiento personal.
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, el monto defraudado por los cinco empresario, asciende a 685.800 dólares, equivalente a poco más de 12 millones 800 mil pesos mexicanos.
De ser declarados culpables, los cinco podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión y una posible multa máxima de 250.000 dólares.
