En Voz Alta

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Perla Reséndez
Justicia a juicio
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el amparo en revisión relacionado con la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no solo reaviva un caso judicial de alto perfil, sino que también pone bajo la lupa el actuar del Poder Judicial en tiempos de profunda polarización política.
Acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exmandatario panista ha logrado sortear, por ahora, las consecuencias legales gracias a una cadena de amparos y resoluciones judiciales que, para muchos, evidencian las fisuras del sistema. La acusación principal apunta a contratos por más de 100 millones de pesos a empresas vinculadas con él durante su gestión como gobernador. De comprobarse, no estaríamos solo ante un caso de corrupción, sino frente a un patrón reiterado de abuso de poder disfrazado de legalidad.
Lo preocupante no es solo el fondo del caso, sino el entorno en el que se está resolviendo. El debate en la SCJN dividió opiniones, con una votación cerrada de cinco a cuatro. Más allá de los argumentos técnicos, no se puede ignorar que algunas de las ministras que votaron a favor de atraer el caso llegaron al cargo en este sexenio, lo cual alimenta suspicacias sobre la neutralidad en las decisiones judiciales.
En un país donde la justicia suele estar al servicio de los poderosos —ya sea para protegerlos o para usarlos como ejemplos—, la atracción del caso representa una oportunidad crucial para que la Corte demuestre su independencia. Pero también es un momento peligroso: una resolución que parezca favorecer intereses políticos podría lastimar aún más la ya debilitada credibilidad del Poder Judicial.
García Cabeza de Vaca no es cualquier figura política; su nombre ha sido mencionado incluso en aspiraciones presidenciales, y su caso puede marcar un precedente clave sobre hasta dónde puede llegar la justicia mexicana cuando se trata de exgobernadores con poder e influencias.
La justicia debe ser ciega, pero en México, muchas veces, parece mirar de reojo a quien la observa desde un cargo público.
perlamarialopez69@gmail.com