Buscan frenar aumentos abusivos de rentas en Tamaulipas
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VICTORIA, Tam.- Ante las constantes quejas por incrementos abusivos de rentas en Tamaulipas, el Congreso inició el análisis de una propuesta que busca proteger a miles de familias .
Pero también para informar a los arrendatarios sobre los límites legales que existen para aumentar el costo de una vivienda alquilada.
La iniciativa fue presentada por el diputado Armando Zertuche Zuani, quien advirtió que una gran parte de la población desconoce sus derechos como inquilina y, por ello, acepta aumentos que podrían estar fuera de lo establecido por la ley.
Más de 200 mil familias dependen de una vivienda rentada
Según datos del Inegi citados por el legislador, alrededor del 20 por ciento de las viviendas en Tamaulipas se encuentran bajo el esquema de renta, lo que representa a más de 200 mil familias.
Además, muchas de ellas destinan hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales al pago del arrendamiento, situación que impacta directamente en su economía.
El impacto de los aumentos en la economía familiar
La propuesta plantea que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente implemente campañas informativas para que los ciudadanos conozcan las reglas que regulan los contratos de renta y sepan cómo actuar en caso de enfrentar cobros indebidos.
¿Qué dice la ley sobre el aumento de las rentas en Tamaulipas?
De acuerdo con el artículo 1769 del Código Civil de Tamaulipas, el precio de una renta solo puede incrementarse una vez al año y el ajuste no debe superar el 65 por ciento del aumento porcentual registrado por la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Sin embargo, el desconocimiento de esta disposición provoca que numerosos arrendatarios acepten incrementos superiores.
Existe un límite legal para los ajustes
La iniciativa busca beneficiar especialmente a sectores vulnerables como madres solteras, estudiantes, maestros, policías y trabajadores que dependen de una vivienda rentada.
Proponen campañas informativas para proteger a los inquilinos
La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Pleno y turnada a comisiones para su análisis. De avanzar, el Gobierno estatal deberá desarrollar mecanismos de orientación que permitan a los inquilinos defender sus derechos y evitar abusos en el mercado de rentas.
