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Congreso busca impedir que deudores alimentarios vendan o donen bienes

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.– Las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos podrían quedar impedidas para vender, donar o transmitir bienes ante notarios públicos en Tamaulipas, luego de que la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobara una reforma a la Ley del Notariado.

¿Cómo busca evitar el Congreso que deudores alimentarios vendan bienes?

La iniciativa, presentada por el diputado Armando Javier Zertuche Zuani, plantea incorporar una nueva fracción al artículo 31 de esa legislación para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger el interés superior de la niñez.

La propuesta establece que las y los notarios deberán verificar si alguna de las personas que intervienen en un acto jurídico se encuentra inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En caso de aparecer en ese padrón, el fedatario público deberá abstenerse de autorizar operaciones como la compraventa o donación de bienes, la transmisión de derechos reales o la constitución de sociedades, salvo que el deudor acredite haber cumplido o garantizado el pago de la pensión alimenticia o presente una autorización judicial.

Buscan evitar que evadan el pago de pensiones

El dictamen señala que la reforma fortalecerá los mecanismos para garantizar el derecho de alimentos de niñas, niños y adolescentes, al vincular la función notarial con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Al presentar el proyecto, la diputada Lucero Deosdady Martínez López explicó que el propósito es impedir que quienes incumplen con esta obligación dispongan de su patrimonio para evadir el pago de la pensión alimenticia.

“El derecho de alimentos constituye un derecho humano indispensable para asegurar la subsistencia y el desarrollo físico, emocional, educativo y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que su cumplimiento no puede quedar sujeto a la voluntad de quien tiene la obligación legal de proporcionarlos”, expresó.

La legisladora sostuvo que la medida no representa una restricción arbitraria al derecho de propiedad ni a la libertad contractual, sino una acción proporcional para garantizar el interés superior de la niñez y reforzar la protección de sus derechos.

Tras su aprobación en la Diputación Permanente, el dictamen fue incorporado al informe que será presentado al Pleno del Congreso del Estado, donde deberá ser discutido y votado para su eventual aprobación definitiva.

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