Aumentan casos de corrupción en Nuevo León y SEANL no da resultados
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
Por Melina González Barbosa
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Nuevo León se ha estancado en procesos burocráticos, falta de andamiaje jurídico y descoordinación con las otras dependencias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEANL).
Como resultado, en los últimos cinco años, los hechos de corrupción (que en su mayoría involucran policías y trámites municipales) pasaron de los 5 mil 800 casos, y hasta la fecha, el aparato anticorrupción solo ha logrado 10 sentencias condenatorias y no ha recuperado ningún monto en dinero, bienes inmuebles o muebles.
La evaluación del desempeño de la Fiscalía Anticorrupción que estuvo a cargo de Javier Garza y Garza del 2018 al 2024 también ha sido obstaculizada por una falta de transparencia administrativa, es decir, por no proporcionar indicadores medibles como el desagregado de los recursos y el número de policías investigadores que se destinan al combate a la corrupción en la entidad.
Pese a que el 8 de marzo de este año, Garza y Garza concluyó su gestión como Fiscal Especializado, el nombramiento de un nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción y de otras instancias que conforman el SEANL permanecen pendientes por presiones del Estado e intereses partidistas que bloquean los procesos de designación, así como la aprobación de una política estatal en materia anticorrupción que debió ser ratificada desde 2017.
Fiscalía Anticorrupción investiga pero no sanciona ni repara
De 2019 a 2023, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción recibió al menos 1582 denuncias y aperturó 5 mil 842 carpetas de investigación, pero apenas logró 83 vinculaciones a proceso y 10 sentencias condenatorias.
Esto significa que solo el 17% de los casos de corrupción (con carpeta de investigación abierta) fueron sancionados por un juez.
Además, aunque el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León señala que debe promoverse la acción de extinción de dominio, la Fiscalía Anticorrupción no ha reportado montos ingresados a la hacienda pública por esta vía, lo que significa que ha recuperado $0.0 pesos por actos de corrupción.
Ante la interrogante que generan estos datos sobre ¿Cómo es que la fiscalía aperturó más carpetas de investigación sin haber recibido la misma cantidad de denuncias o haber iniciado las mismas investigaciones de oficio?
La autoridad respondió vía transparencia que esto se debe a que, “otras áreas de la fiscalía general de Nuevo León enviaron los casos a la especializada para evitar la fragmentación en las investigaciones”.
Pocos y opacos resultados
De acuerdo con reportes ciudadanos y respuestas a solicitudes de información tanto enviadas como alojadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en los últimos cinco años, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León ha reservado información sobre el número de policías de investigación y peritos con los que cuenta para llevar a cabo sus labores.
La justificación dada por la instancia anticorrupción es que, de transparentar dicha información “se revelaría el estado de fuerza de la corporación, […] se podrían poner en riesgo las actividades de investigación que conlleva su puesto, comprometería la seguridad pública y pondría en riesgo la vida, la seguridad o integridad de dichos servidores públicos”.
Por transparencia, únicamente refirió que tiene 27 ministerios públicos y que el total del personal que labora en la Fiscalía Anticorrupción es de 61 personas.
Esta opacidad además se extiende hasta lo presupuestal, pues la Fiscalía Anticorrupción ha omitido dar información contundente sobre la distribución de sus recursos y únicamente ha proporcionado variantes de la siguiente respuesta:
“El presupuesto es otorgado a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y esta es la que, tomando en consideración las necesidades de cada área administrativa, destina el presupuesto necesario a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En virtud de que, como se dijo anteriormente, el presupuesto solicitado, asignado y ejercido por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado es de manera global y mixta, es que no cuenta con un documento en donde se establezca el presupuesto basado en resultados específicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.
Esto configura un incumplimiento del objetivo de “lograr que la gestión de la institución sea caracterizada por su apertura al público en general, especialmente en lo concerniente al manejo de recursos de manera responsable” como refiere la Fiscalía Anticorrupción en sus informes anuales.
Al consultar los informes de ingresos de la Fiscalía General en la PNT se constató que los recursos correspondientes a 2019 y 2020 no se encuentran alojados en la plataforma, aunque de 2021 a 2023 la Fiscalía sí reportó cifras millonarias para repartir entre sus 16 unidades, incluidas las fiscalías especializadas, como la del combate a la corrupción.
En 2021, el gasto etiquetado de la Fiscalía General alcanzó los 906 millones, en 2022 solo reportó 47 millones y en 2023 llegó hasta los 651 millones de pesos.
En cuanto al presupuesto destinado a la Fiscalía Anticorrupción, este no se encuentra en los informes de ingresos, lo que refleja faltas a los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que especifican que la información presupuestal de la Fiscalía debe ir desagregada por programas con el fin de seguir buenas prácticas contables en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.
Adicional al envío y consulta de respuestas de transparencia en la PNT, se contactó al área de Comunicación y Vinculación Social de la Fiscalía General (dado que la Fiscalía Anticorrupción no cuenta con un área de comunicación) para solicitar el presupuesto desagregado o el porcentaje asignado a la Fiscalía Especializada, así como la justificación de la falta de transparencia presupuestal, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje, no se obtuvo una respuesta.
¿Entonces cuánto se destina al combate a la corrupción en Nuevo León?
El 23 de enero de 2024, la organización de la sociedad civil, Consejo Cívico presentó sus hallazgos del Observatorio Ciudadano del SEANL y reveló que para 2023 el monto total asignado a programas que contribuyen a la lucha contra la corrupción en Nuevo León fue de 902 millones 657 mil 590 pesos.
Al buscar esta información, se confirmó que esa cifra fue reportada en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en el recién agregado anexo C.3.8. del Presupuesto Estatal.
Consejo Cívico refirió que, aunque el presupuesto asignado en 2023 es notable, aún no hay evidencia de que se esté usando de forma efectiva para subsanar las necesidades o retos de la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior, la Contraloría, el Instituto Estatal de Transparencia y el Tribunal de Justicia, dependencias que en conjunto integran el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL).
En esta materia, la directora del Consejo Cívico, Sandrine Molinard explicó que no hay una instancia oficial que descentralice los indicadores o resultados de los programas, lo que configura un incumplimiento con las leyes de transparencia por parte de las autoridades encargadas de combatir la corrupción.
“Las obligaciones que se incumplen principalmente es en tema de transparencia, no puedes tener un sistema anticorrupción que supuestamente combate a la corrupción y que funciona en la oscuridad, esto es una contradicción en sí misma”, señaló Molinard en entrevista.
Hasta el momento, las respuestas de las dependencias que conforman el SEANL dan cuenta de procesos y acciones, pero no de su impacto, pues los únicos datos que pueden comprobarse con información pública es que lo asignado a programas anticorrupción para 2023, que consta de 902 millones 657 mil 590 pesos, representa 64.45% del presupuesto total del estado (140 mil 37 millones de pesos).
Esta cifra elevada contrasta con la ausencia de resultados en cuanto a prevención y sanción de la corrupción.
El año pasado apenas se lograron tres sentencias condenatorias y según la ITAC Digital, iniciativa de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, el 38% de las carpetas resueltas por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León no contribuyen al combate a la corrupción, ya que su estatus de archivo temporal, la decisión de no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigar, entre otras formas de resolución, no ayudan a aclarar, sancionar y/o resarcir el daño por hechos denunciados de corrupción.
Obstaculización de la consulta y denuncia de delitos
Sumado a la opacidad administrativa, las vías de consulta de hechos de corrupción siguen sin ser accesibles.
Ejemplo de ello es que Nuevo León es una de las ocho entidades que aún no están conectadas a la Plataforma Digital Nacional, la cual recolecta datos de seis sistemas contemplados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
- Evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
- Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.
- Servidores públicos y particulares sancionados.
- Información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.
- Denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.
- Información Pública de Contrataciones.
La falta de conexión a la PDN imposibilita la consulta de indicadores de corrupción en Nuevo León, una entidad cuyo Sistema Estatal Anticorrupción no rinde cuentas.
En 2021, el Observatorio de los Sistemas Anticorrupción de México de la organización MEXIRO determinó que el SEANL carecía de transparencia por su negativa de rendir cuentas y poner a disposición información pública para la ciudadanía.
Esta calificación implica que se encontraron menos del 60% de los productos documentales disponibles en los sitios web de las dependencias anticorrupción y no se proporcionaron al menos 70% del total de los productos requeridos a través de solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Para 2023, el informe a nivel nacional sobre los sistemas estatales anticorrupción del Tec de Monterrey determinó que Nuevo León fue uno de los 15 estados que respondieron parcialmente a las solicitudes de información y/o, que habiendo contestado toda la solicitud, su respuesta no fue otorgada en formato de datos abiertos.
En la entidad, la descentralización de datos de interés público y la facilitación de denuncias anónimas sigue siendo un pendiente, ya que la Fiscalía Anticorrupción aún no cuenta con página de internet propia, mientras que el portal del SEANL se encuentra abandonado desde 2021 y solo la Secretaría Ejecutiva ha dado algunas actualizaciones hasta 2023.
Por su parte, la Contraloría de Nuevo León, otro ente dirigido a desmantelar redes de corrupción, respondió vía transparencia que sí cuenta con esfuerzos para facilitar la denuncia anónima de actos de corrupción.
Según la Contraloría, la ciudadanía puede denunciar llamando al 070, en el portal http://corrupnet.nl.gob.mx o acudiendo personalmente a las oficinas de la Unidad Anticorrupción.
Sin embargo, tras varias consultas, se constató que los medios de denuncia anónima no funcionan correctamente y algunos hasta son bloqueados por fallas sistemáticas.
La línea telefónica de denuncia de casos de corrupción no se encuentra disponible las 24 horas y el formato digital de denuncia manejado por la Contraloría funciona de manera intermitente.
Al menos en los primeros dos meses de 2024, CORRUPNET dejó de funcionar, y desde entonces, el portal en algunas ocasiones arroja el código de error 404, por lo que las denuncias anónimas no siempre pueden realizarse por este medio.
La única alternativa a estas vías es el abogado virtual TEO, un chatbot implementado por TOJIL, organización sin fines de lucro dedicada al combate a la corrupción, que mantiene un convenio con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría y el Instituto Estatal de Transparencia.
TOJIL suscribió convenio con la Fiscalía Anticorrupción el 10 de junio de 2023 y con la Contraloría el 11 de septiembre del mismo año.
Aunque la Contraloría de Nuevo León tampoco ha dado respuestas que permitan evaluar su desempeño y colaboración con las dependencias que integran el SEANL, la organización de TOJIL compartió sus hallazgos sobre atención ciudadana y los principales desafíos de atender casos de corrupción en Nuevo León.
Desde que TOJIL comenzó operaciones en octubre de 2023 y hasta el 7 de mayo de 2024, en Nuevo León se tuvieron 827 interacciones y/o conversaciones con el chatbot TEO.
Hasta la fecha, 77 usuarios han recibido asesoría jurídica gratuita, de los cuales, 8 casos han derivado en denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
De igual forma, se han presentado 10 quejas ante la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por irregularidades de servidores públicos del Gobierno del Estado.
Los hechos de corrupción más atendidos por TEO involucran a las fuerzas policiales y servidores públicos.
“Uno de los desafíos a los que nos hemos enfrentado es que los transportistas, como son los que interactúan de primera mano con los policías, les tienen mucho miedo porque los intimidan, amenazan e inclusive, les toman fotos a sus identificaciones”, explicó la cofundadora de TOJIL, Estefanía Medina.
Casos en los que un operador no siguió con la denuncia y renunció a su trabajo por miedo a volver de encontrarse con el policía que lo violentó, otro en que un policía amenazó con golpear a un operador para presionarlo de entregar el dinero, y en una situación aún más extrema, donde un policía amenazó a un operador con quemarlo junto con el camión, con tal de que le hiciera la transferencia; son solo algunas de las denuncias de víctimas de corrupción en Nuevo León que TOJIL ha atendido recientemente.
Según la organización, con la herramienta TEO se ha logrado identificar que el municipio con mayor índice de corrupción es Monterrey, siendo los policías de tránsito los más denunciados por aplicar faltas administrativas bajo amenazas a los operadores de transporte.
Estos datos de TOJIL coinciden con los arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la organización civil Cómo Vamos Nuevo León.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-2023) del INEGI da cuenta que la corrupción es la segunda problemática más importante que aqueja a la población de Nuevo León, estado en el que 77.4% de la población de 18 años y más percibe que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes.
Mientras que en la encuesta Así Vamos 2023 sobre la percepción de corrupción municipal, el 61.1% de la población nuevoleonesa respondió que la considera frecuente o muy frecuente, y en Monterrey, este porcentaje asciende hasta 76.2%, cifra que lo posiciona como el municipio con mayor percepción de corrupción.
De los casos reportados, los trámites o interacciones que resultaron en más experiencias de corrupción fueron en el contacto con tránsito (61.3%), seguido de trámites o servicios municipales (17.8%) y en contacto con la policía (15%).
SEANL: Un sistema desarticulado y moribundo
El Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL) es la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Este sistema, según lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción debe estar integrado por una Secretaría Ejecutiva, una Comisión Ejecutiva, un Comité Coordinador, las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Fiscalización, los representantes de la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría.
Asimismo, el SEANL debe contar con un Comité de Selección designado por el Pleno del Congreso del Estado y será el encargado de lanzar una convocatoria para que personas de la sociedad civil sean integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
No obstante, el Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra acéfalo y sin presidencia porque además de no existir el Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Secretaría Ejecutiva del Sistema no cuenta con un titular.
Este año, Javier Garza y Garza concluyó su gestión como Fiscal Especializado y como integrante del Comité Coordinador del SEANL después de haber estado en el cargo desde marzo de 2018 hasta marzo de 2024.
Pero tanto el proceso de designación de un nuevo titular de la Fiscalía General como de la Fiscalía Anticorrupción permanecen en espera debido a una confrontación constante entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, y aunque diversos actores locales perciben que la vía política sería la más idónea para resolver el impasse, las partes involucradas no logran llegar a un acuerdo.
Incluso, la cuenta oficial de la Secretaría Ejecutiva del SEANL reconoció vía X (antes Twitter) la gravedad de las designaciones pendientes, al compartir un pronunciamiento de MEXIRO, que cuestiona quién previene, investiga y sanciona actos de corrupción en las entidades que tienen Sistemas Anticorrupción incompletos.
Sumado a las designaciones pendientes, el estado de Nuevo León continúa sin una política pública estatal en materia anticorrupción.
De acuerdo con la ley que creó el Sistema Estatal Anticorrupción el 31 de mayo de 2017, el Comité Coordinador tiene la facultad de diseñar, promocionar y aprobar la política pública estatal en la materia, así como su ajuste y modificación.
Por tanto, este incumplimiento recae en el titular de la Auditoría Superior del Estado, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Dependencia del Ejecutivo del Estado responsable del control interno, un representante del Consejo de la Judicatura, la presidencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y el Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, así como en tres representantes del ya inexistente Comité de Participación Ciudadana.
