Candidatos en Tamaulipas tendrán 147 millones para campañas
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Los candidatos que participen en la elección de gobernador en Tamaulipas, tendrán poco más de 147 millones de pesos, para llevar a cabo sus actividades de campaña.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), aprobó el acuerdo relativo al tope de gastos de campaña para la elección del próximo 5 de junio, en el que habrá de renovarse el poder Ejecutivo en el estado.
Las actividades de campañas, que tendrán una duración de 60 días, arrancan el 3 de abril y concluyen el 01 de junio de 2022; antes, el calendario electoral, marca del 23 al 27 de marzo, como plazo para la entrega de las solicitudes de registro de candidaturas y del 28 de marzo al 02 de abril el plazo para que el Consejo General del Ietam emita el acuerdo correspondiente a su aprobación
Conforme a lo que señala el artículo 243 de la Ley Electoral Local, se determinó los montos de gastos que para cada campaña realicen los partidos políticos, coaliciones y candidatas en propaganda electoral y actividades.
Estos, no podrán rebasar los topes que calcule el Ietam, el cual será equivalente al monto que resulte de multiplicar el 55 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización UMA, que en este caso sería de 52.92 pesos, por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral en Tamaulipas (2 millones 784 mil 006).
Así, el tope de gastos de campaña para la elección de la gubernatura de Tamaulipas, asciende a 147 millones 329 mil598 pesos. Mientras que cada precandidatura tuvo un tope de 31 millones 13 mil 820 pesos, equivalente al 30 por ciento de lo que se determinó en las campañas a gobernador del proceso anterior (2015-2016).
Para este proceso electoral, sólo hay tres precandidatos, que podrán registrarse dentro del plazo marcado por calendario electoral, mientras que el proceso de los aspirantes independientes, este se declaró desierto, luego que ninguno de los aspirantes, alcanzó el porcentaje de respaldo ciudadano requerido por la ley.