Congreso de Coahuila congela puntos de acuerdo sobre irregularidades por más de 5 mil mdp
Comisiones coordinadas por el PRI en el Congreso de Coahuila no dictaminaron iniciativas relacionadas con casos que suman más de 5 mil 140 millones de pesos de presuntas irregularidades financieras. Dicha cantidad representa 50 veces el recurso destinado a operar los hospitales de salud mental y de otras especialidades en la entidad.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Christian Luna /Border Hub
Los diputados locales del Congreso de Coahuila mantienen “congelados” al menos 18 puntos de acuerdo presentados entre 2021 y 2022 que están relacionados con auditorías, denuncias, adeudos y demás señalamientos de presuntas irregularidades fiscales que en total suman 5 mil 140 millones 582 mil 629 pesos.
Esta cantidad representa 50 veces los 104.2 millones de pesos que utilizó el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral (ISSREEI) para operar los centros de salud mental y otras especialidades durante el 2021.
Dichos puntos van desde solicitar el estatus que guardan las denuncias realizadas por la Auditoría Superior del Estado a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, hasta pedir al Servicio de Administración Tributaria el estatus de 13 empresas fantasmas que operaron en Coahuila.
Comisiones con mayoría priista del Congreso de Coahuila no dictaminaron iniciativas relacionadas con irregularidades en diversos temas. Crédito: Christian Luna.
De los 96 documentos en los que se registran los puntos de acuerdo de las sesiones del Congreso durante estos dos años, en 26 hubo iniciativas relacionadas con irregularidades fiscales, de las cuales 18 no fueron dictaminadas.
Y de estas 18, hay 10 iniciativas que presentan un cálculo de la irregularidad señalada que los mismos diputados incluyeron en sus puntos de acuerdo, mientras que el resto es sobre el manejo de la mega deuda o no presenta ningún monto financiero, por lo que no se tomaron en cuenta para el cálculo realizado en esta investigación.
La mayoría de las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública con mayoría priista y coordinada por la diputada Edna Dávalos, del PRI.
También son integrantes de esta Comisión los priistas Jesús María Montemayor Garza, Jorge Antonio Abdala Serna, Ricardo López Campos y Olivia Martínez Leyva; la legisladora del PVEM, Claudia Elvira Rodríguez Marquez, y la diputada morenista, Lizbeth Ogazón Nava.
Desde el inicio de las investigaciones periodísticas, el pasado 15 de diciembre y hasta ayer 27 de abril se buscó a la diputada Edna Davalos para que manifestara su postura sin obtener respuesta.
La mayor cantidad se encuentra dentro de la petición al gobernador Miguel Ángel Riquelme para cubrir los adeudos con la Dirección de Pensiones de los Maestros y sus servicios médicos con una cantidad que supera los 3 mil millones de pesos y que fue presentada el 8 de junio del año 2021 por el diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles quien es también miembro de la Junta de Gobierno del Congreso.
“Todo lo que mandamos a la oposición se mete a la congeladora. Cuando se hace un punto de acuerdo, votan para que ese punto de acuerdo no sea de urgente y obvia resolución. (Después) se envía a las comisiones que corresponda y como ellos tienen todas las comisiones sucede que ahí se quedan”, comentó el diputado Walss Aurioles en entrevista.
La propuesta de reforma al artículo 150 del Reglamento Interno del Congreso fue hecha por la diputada María Esperanza Chapa, del PRI. Crédito: Christian Luna.
La práctica de congelar o desechar dictámenes se agravó al modificarse el artículo 150 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso durante el mes de diciembre del 2022.
Esto debido a que anteriormente un punto de acuerdo pasaba a Comisión para su análisis y dictamen y regresaba al Pleno para ser discutido a profundidad por los legisladores, sin embargo, con la modificación al Reglamento se eliminó esta última parte y ahora los dictámenes votados de manera negativa en Comisión ya no suben nuevamente al Pleno.
La propuesta fue hecha por la diputada del PRI, María Esperanza Chapa.
“Lo que les interesa más que nada es que no se discuta, porque las votaciones las ganan todas al ser mayoría”, agregó Walss Aurioles.
De los 18 puntos de acuerdo que se encontraron no dictaminados, 15 fueron de la diputada Luz Natalia Virgil Orona, del PAN, miembro de la Comisión de Finanzas; tres del diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles; y uno de la diputada Lizbeth Ogazón Nava, de Morena.
“Prácticamente en todas las comisiones es lo mismo. Hay algunas que sí están al día. Incluso hay comisiones que no tienen ningún asunto a tratar. Pero hay asuntos que no han sido revisados ni dictaminados. Tienen muchas cosas pendientes”, mencionó la diputada Luz Natalia Virgil Orona.
“La Comisión de Auditoría y Cuenta Pública no revisa los asuntos ni emite dictamen. No los turna a la sesión del pleno. En los próximos meses, al parecer, seguirá igual porque se irán a campaña”, agregó.
Los puntos de acuerdo que se encuentran detenidos por el Congreso suman más de 5 mil 140 millones de pesos de presuntas irregularidades financieras. Crédito: Christian Luna.
El pasado 6 septiembre del 2022, la mayoría del PRI en el Congreso se negó a auditar los subejercicios por más de 107 millones de pesos en los hospitales de salud mental y otras especialidades administrados por el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y otras Especialidades (ISSREEI) que sólo en el 2021 funcionó con 104 millones 264 mil 483 pesos la mayoría recaudados de cobro por consultas a la ciudadanía.
Además, el 28 de noviembre se publicó que se detectaron más de 3 mil millones de subejercicios en diferentes instituciones en Derechos Humanos y Sectores Vulnerables.
