Demandan a gobiernos europeos por pandemia
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MADRID, ESP.- El miércoles fue el turno del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y el viernes, el del primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Ambos prestaron declaración en el marco de una investigación judicial sobre la gestión de la crisis del coronavirus, pero cada uno lo hizo desde una posición distinta y por un motivo también algo distinto.
Franco declaró como imputado por prevaricación por haber autorizado la manifestación del 8 de marzo en Madrid; Conte fue citado en calidad de “persona informada de los hechos” para tratar de esclarecer por qué no se declaró como ‘zona roja’ los municipios de Nembro y Alzano Lombardo, en Lombardía, a finales de febrero, cuando se cerraron otros municipios italianos igualmente castigados por el virus.
A medida que Europa va dejando atrás lo peor de la pandemia y recupera poco a poco su ‘normalidad’, los juzgados retoman su actividad con el trabajo atrasado más todos los casos añadidos a raíz del coronavirus.
En España, la jueza Carmen Rodríguez-Medel archivó provisionalmente el ya conocido como caso 8M la semana pasada, al no encontrar indicios de delitos tras escuchar la declaración de Franco.
No obstante, puede que las investigaciones no queden ahí. Además de que la archivación de la causa puede ser recurrida, más de 60 procedimientos aguardan en las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para juzgar al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia.
El peligro de “judicializar la política”
Muchas de las querellas, presentadas por distintos colectivos, particulares, asociaciones como Hazte Oír y Abogados Cristianos e incluso partidos políticos como Vox, piden responsabilizar al presidente del Gobierno y a sus ministros de las más de 27.000 muertes por covid-19 que ha habido en España.
Otras denuncias van dirigidas contra decisiones que afectan a colectivos como sanitarios o policías para denunciar la falta de material de protección individual. De hecho, los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designados como autoridades delegadas en la crisis del coronavirus, son los miembros del Ejecutivo que más denuncias y querellas reúnen en el alto tribunal.
Hasta cierto punto, este “aluvión” de denuncias cabía dentro de lo esperable, ya que “hay asuntos donde puede quedar la duda de si hubo alguna negligencia por parte de las autoridades sanitarias e incluso de las autoridades políticas”, reconoce Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Sin embargo, matiza el jurista, “otra cosa distinta es querer ventilar los conflictos políticos en sede judicial; eso sería judicializar la política”.
En el ámbito penal no valen las presunciones, hay que acreditar que una acción o una omisión ha causado la muerte de un individuo; no vale imputar la muerte de 27.000 personas ‘con carácter general’ Ignacio González Vega, JJpD
“En casos como este hay una legítima lucha política, pero creo que lo razonable es que se dé en las comisiones de investigación de los Parlamentos”, opina González Vega. “Aquí la pregunta es: ‘¿Las autoridades sanitarias no adoptaron las medidas adecuadas y con ello se produjo el contagio de una parte de la población?’. Eso puede tener responsabilidades políticas, pero me parece muy difícil que se encuentren responsabilidades penales”, prosigue el portavoz de JJpD.
“En las demandas que se dirigen contra el Gobierno por el ámbito penal, no valen las presunciones, hay que acreditar realmente que una acción o una omisión ha causado la muerte de un individuo, y esa acción hay que imputársela a una persona física; no vale imputar la muerte de 27.000 personas ‘con carácter general’ y decir con eso que el Gobierno es responsable”, explica. “No se trata de hablar en términos generales, sino de hacer el examen individualizado de cada muerte, y de ver si efectivamente se tomaron medidas o no en cada caso”, insiste el magistrado, que se inclina a pensar que el Tribunal Supremo probablemente archivará las denuncias contra el Gobierno “viendo lo que ha hecho la jueza de instrucción” en el caso 8M.
