Desaparición de menores en Coahuila: las ausencias que la autoridad ignora y mal registra
Por Luis Alberto López y Jessica Ayala Barbosa / Heridas Abiertas
Edna Xóchitl López González desapareció el 26 de agosto de 1991 en Torreón, Coahuila, a la edad de ocho años. Silvia Stephanie ‘Fanny’ Sánchez Viesca el 5 de noviembre de 2004, también en Torreón, a los 16 años. Brandon Esteban Acosta Herrera el 29 de agosto de 2009 en Saltillo, poco antes de cumplir los nueve años.
El contexto y las circunstancias de estas desapariciones son distintas, más tienen algo en común: corresponden a menores de edad y fueron tratadas por las autoridades sin ninguna consideración por esa condición.
Los casos de las niñas torreonenses coinciden además en que a pesar de haber tenido gran cobertura mediática nacional e internacional, no aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que el pasado 16 de mayo rebasó la cifra de los 100 mil.
Los colectivos que integran el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos han manifestado que esa cantidad, en sí alarmante, no refleja la verdadera problemática de la desaparición México, y la invisibilización en conteos oficiales de historias tan públicas como las de Edna y Fanny confirma que estamos lejos de llegar a un número confiable.
“Definitivamente no están todos los casos; si nos están informando que hay 100 mil desaparecidos, yo te puedo asegurar que hay mínimo 150 mil”, dijo María Elena Solís Gutiérrez, fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C. (AMNRDAC) al ser entrevistada sobre el tema.
Coincide con ella Ariana Denise García Bosque, representante legal de la asociación Familias Unidas, de Piedras Negras, Coahuila, quien señaló que las autoridades ni siquiera han explicado el proceso de contabilización.
“Yo, honestamente, no creo en el registro. ¿En quién vamos a confiar? ¿En las fiscalías de los estados que pasan esta información, cuando no hay quién vigile el registro que hacen ni la clasificación de las desapariciones?”.
La tarde del 5 de noviembre de 2004 Silvia Stephanie ‘Fanny’ Sánchez Viesca, de 16 años, salió de su casa y desde entonces su familia no la ha vuelto a ver. Lo último que se supo de ella fue que acudió a casa de una amiga a pedirle dinero prestado porque le habían robado lo del camión.
En casi 18 años, la investigación en torno a Fanny ha sido abordada como secuestro, trata y desaparición, pero no ha dejado huella en la base de datos de la Federación conformada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Esto pese a que, de acuerdo con sus filtros, la plataforma incluye los siguientes delitos: desaparición cometida por particulares, desaparición forzada de personas, feminicidio, homicidio, otros delitos que atentan contra la libertad personal, rapto, secuestro, tráfico de menores, trata de personas y otros delitos vinculados con la desaparición de personas.
Silvia Ortiz, madre de Fanny y vocera del Grupo de Víctimas por Nuestros Derechos en Acción (VIDA), ha señalado la exclusión de su hija en esa contabilización.
El argumento que le dieron fue que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba un posible caso de trata de personas.
La realidad es que, independientemente del delito, Fanny está desaparecida y no está en el registro, lo que ejemplifica la invisibilización de las niñas, niños y adolescentes en el tema de las desapariciones.
“Es algo que he estado peleando en esta búsqueda de mi hija. Se plantea la situación de la guerra contra el narco y los adultos, pero a los niños no los han hecho visibles como debe ser”, aseguró Silvia.
Para Tanía Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la ausencia en el registro de casos tan mediatizados denota la falta de coordinación entre autoridades.
“Imagino ese expediente siendo atendido con impericia y desconocimiento, es ahí donde se materializa que trabajan sin una claridad de qué hacer con esos casos”, dijo la directora al enterarse de que Fanny no está incluida en el conteo.
Tania Ramírez criticó que la autoridad aún les diga a las familias que esperen a sus hijos 24 horas porque “a lo mejor regresan”, cuando es sabido que la ley prevé que tratándose de niñas y niños las primeras horas son vitales.
“Estas inercias institucionales hablan de que el Estado mexicano no ha tomado con la seriedad correspondiente la atención de estos casos”, añadió Ramírez.
Diferentes caras de una misma tragedia
En abril del presente año la REDIM alertó sobre el incremento de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, una crisis que la sociedad suele ignorar.
Ramírez Hernández detalló que, de acuerdo con una revisión al RNPDNO (que maneja datos desde 1964), se han reportado 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de los que 16 mil 368 siguen sin ser encontrados.
Señaló que las cifras muestran cómo ha cambiado el fenómeno a lo largo de los años y las condiciones sociopolíticas del país. El mayor impacto se dio con la irrupción del crimen organizado a partir del sexenio de Felipe Calderón.
Durante la llamada guerra contra el narco comenzó a aumentar el número de desapariciones y llegó a su pico en el período de Enrique Peña Nieto con seis mil 103 menores sin localizar.
En el sexenio actual se percibe una tendencia a la alza, aunque no muy significativa, con cinco mil 102 niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre enero de 2019 y abril de 2022.
Además, es preocupante que a partir de 2021 el porcentaje de menores localizados con vida se haya reducido de 80 a 70.
En los más de 25 años de trabajo de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C. (AMNRDAC) María Elena Solís Gutiérrez ha sido testigo de cómo se ha transformado el fenómeno de las desapariciones de menores.
En 1995 una banda dedicada al robo de niños se llevó a su nieta de dos años. Contó que entonces la sustracción de menores era mayormente para adopciones ilegales, pero a partir de 2009 el fenómeno cambió y alcanzó niveles alarmantes.
Indicó que ahora la problemática está ligada al crimen organizado, que se vale de las redes sociales para llevarse a adolescentes con falsas promesas.
“Otro joven se lleva al joven, se comunica con él, han llegado hasta sus domicilios para llevarlos al norte y después no sabemos de ellos”, detalló la Solís Gutiérrez.
La activista añadió que el factor delincuencia organizada complica el rescate de los adolescentes porque se reduce la difusión de los casos, ya que aumenta el riesgo de que les quiten la vida.
Solís lamentó que el Estado deje de lado el principio constitucional de interés superior de la niñez e hizo un llamado al presidente para que trabaje por la seguridad de las infancias.
Hacerse una idea exacta del panorama de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México es complicado, pues las autoridades tienen criterios distintos para registrar una desaparición y no todas comenzaron el conteo en la misma fecha.
Cifras oficiales no cuadran
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, que alimenta el registro federal, tiene información de menores desaparecidos en Coahuila desde 2000 y la Comisión de Búsqueda de Coahuila desde 1994.
Esto se constató cotejando los datos de ambas instancias, obtenidos a través de solicitudes de información, con los de la plataforma interactiva del RNPDNO.
En esta entidad la autoridad federal tiene reportados 691 menores de 0 a 17 años de edad con el estatus de desaparecidos, no localizados y localizados entre el 2000 y 2021. Mientras que la dependencia coahuilense reportó mil 989 niñas, niños y adolescentes desde 1990 hasta 2021, de los cuales 209 no han sido ubicados.
En tanto, las fiscalías de Coahuila y la General de la República comenzaron el conteo de personas desaparecidas en 2001.
La información obtenida vía transparencia muestra parte de sus bases de datos, aunque la dependencia estatal no proporcionó el reporte completo de menores de 11 a 17 años y juntó en sus cifras a personas de 18 a 20 años.
Con respecto a la actualización de datos que comparte Coahuila al RNPDNO, el fiscal General, Gerardo Márquez Guevara afirmó que es diaria y que dan prioridad a este registro en todo momento.
“Estamos privilegiando este registro, está en ciernes y no ha alcanzado el cien por ciento, pero a nivel nacional. En Coahuila somos referentes en el trabajo en materia de desaparecidos, no quiero decir que en resultados, pero en trabajo sí, bajo el impulso de las familias de los colectivos”, comentó el fiscal.
El funcionario aseguró que instituciones como la fiscalía, los centros de justicia para las mujeres y la PRONNIF trabajan de la mano en estos casos y que se inicia la búsqueda en las primeras horas.
“Inmediatamente que la familia advierte la ausencia de un familiar menor de edad, niño, niña, mujer u hombre da aviso a la autoridad y hay varias instancias, regularmente es la FGEC. Una vez que se da vista, se levanta el reporte para las redes sociales y el resto de los organismos para la búsqueda”, indicó Márquez Guevara.
Destacó que hay un protocolo especial para la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes y la forma de registrarlos depende de cómo avancen las investigaciones.
“Se registra como no localización y, después de un tiempo determinado, como desaparición. Depende de la búsqueda y los días, pues hay ocasiones en que se tarda la localización, pero se tienen datos de que se encuentra en alguna parte con un familiar o amigo”, explicó el fiscal de Coahuila.
Sin embargo, no todos creen en el trabajo en equipo entre las instituciones.
Falta de coordinación entre instituciones
Activistas coinciden en que parte del problema de las desapariciones de menores es que la falta de coordinación entre instituciones de diferentes órdenes de gobierno impide el registro puntual y la búsqueda adecuada.
Silvia Ortiz, madre de Fanny y vocera del grupo VIDA, señala que existe un personal muy limitado para la alerta AMBER en Coahuila y su implementación es burocrática.
“Hay una sola persona que está llevando esto. Desde ahí estamos mal, se ve la falta de interés para la búsqueda de los menores”, agregó Silvia Ortíz.
También la abogada Ariana Denise García Bosque, de Familias Unidas, enumeró entre las deficiencias de la alerta que sea temporal y que no esté ligada a una estrategia de búsqueda con las corporaciones policíacas de la entidad.
Dijo que la encargada de esta alerta en Coahuila le explicó que el mecanismo sólo funciona unos días y luego se retira, incluso si el menor no es localizado.
“¿Entonces cómo vas a continuar esa acción de búsqueda si ésta alerta, que se supone que es inmediata, deja de publicitarse o buscar?”, consideró García Bosque.
Por su parte, la fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C, María Elena Solís, dijo que algunas comisiones de búsqueda y fiscalías sí colaboran con las organizaciones y colectivos de búsqueda, pero existen casos en que no hay coordinación.
“Nosotros solicitamos a la comisión de Guanajuato la ayuda para recuperar una niña y nunca obtuvimos la respuesta”, dijo la activista.
La observación de Ariana Denise García Bosque va más allá de las fiscalías y comisiones, pues en Familias Unidas han llevado casos de menores de edad sin acta de nacimiento que asisten a clases, lo que habla de una problemática en la funcionalidad de las instituciones públicas.
“¿Cómo detecta una primaria que un niño no tiene acta de nacimiento y está inscrito, si no le puede coartar el derecho de asistir? Tienes que verlo con un trabajo social, inclusive la obligación de la escuela de denunciar que no tiene esa acta”, destacó García Bosque.
Refirió que hay más instancias que tienen pendientes con las infancias, como las casas hogar, pues durante los años de mayor inseguridad en el norte de Coahuila se supo que grupos criminales iban a dejar ahí y en iglesias a menores que habían desaparecido junto con sus familias, pero no hubo registro de esto.
“El tema va mucho más allá de los eventos violentos que hemos vivido como desaparición masiva en el estado, tiene que ver con la falta de probidad del Estado sobre la protección de los menores”, aseveró la abogada.
Habló también de la necesidad de tomar en cuenta para acciones o programas a esos menores que regresaron y a los hijos de desaparecidos.
La directora de la REDIM, Tanía Ramírez, también señaló la falta de coordinación entre las fiscalías y las autoridades federales encargadas del RNPDNO.
“No hay celeridad en los registros. Si no estuvieran subiendo la información rápido porque están haciendo la búsqueda en campo o en vida se comprendería el desfase, pero no hay ni lo uno ni lo otro”, dijo Ramírez.
Añadió que si bien existen diversos protocolos como las alertas Amber o Alba, no se tienen los mejores resultados por la falta de comunicación y trabajo interinstitucional.
Para conocer la versión oficial sobre el tema de los protocolos y la alimentación del RNPDNO se buscó sin éxito a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, su personal fijó fecha y horario para una entrevista telefónica, pero llegado el día no respondió a la petición.
El enfoque ignorado
A la falta de un registro confiable se suma la de un enfoque diferenciado de parte de las autoridades coahuilenses cuando denuncia o reporta un menor desaparecido.
Las primeras horas son fundamentales para dar con un menor desaparecido, pero las autoridades aprovechan el desconocimiento de las familias para no comenzar la búsqueda inmediata.
“Cuando te pasa esto estás en una locura, no razonas, tú lo que quieres es ver a tu hijo, no entiendes de leyes, de protocolos”, compartió Lourdes Herrera, quien busca a su hijo Brandon Esteban Acosta Herrera desde 2009.
El 29 de agosto de ese año Brandon acompañaba a su padre Esteban Acosta Rodríguez y sus tíos, Gualberto y Gerardo Acosta Rodríguez, rumbo al aeropuerto de Monterrey
Lo último que se supo de ellos fue que un comando armado abordó en la carretera de Ramos Arizpe a Monterrey el vehículo en el que viajaban.
“Esa primera noche sin mi niño fue horrible. Pensar: a estas horas él ya tiene que tomar su chocolate, ponerse su pijama… Es un terror”, recordó Lourdes Herrera.
La madre de familia experimentó la falta de interés de la Fiscalía de Coahuila para dar un enfoque diferenciado por tratarse de un niño.
Sin restar importancia a otro tipo de casos, considera que la vulnerabilidad de los pequeños suele dejarse de lado. “Las autoridades generalizan, los meten dentro del mismo paquete”, comentó Herrera.
Indicó que tiempo después se enteró de las obligaciones que tenía la autoridad para encontrar a sus familiares y del enfoque diferenciado y protocolos que existen para los menores, como boletinar su fotografía o hacer la búsqueda inmediata en todos los DIF. Esto último terminó haciéndolo ella misma años más tarde.
La madre de Brandon relató que dependencias como la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) cuestionaron su actuar como madre al dejar a su hijo en la custodia de su esposo.
“Cuestionaron por qué le solté a mi hijo a mi esposo, dijeron que los hijos no se le sueltan al papá. Salí muy mal de ahí, me sentí ofendida, yo no veía nada extraño, no estaba mal con mi esposo”, explicó Lourdes Herrera.
Herrera considera que los protocolos que existen para la ubicación y búsqueda de menores son adecuados en el papel, pero no en la práctica. “Las autoridades se limitan a llenar oficios a sacar copias de copias, pero no hay un trabajo efectivo, búsqueda, investigación”.
La también integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) asegura que la autoridad estatal persiste en prácticas de omisiones al momento de aplicar protocolos para menores de edad desaparecidos.
“Si no fuera desde la demanda, la exigencia y todo ese trabajo que hemos hecho desde las familias, ellos seguirían actuando igual”.
El caso de Brandon está clasificado como persona no localizada, al igual que los adultos que desaparecieron junto a él, tipificación inadecuada según colectivos de búsqueda, pues disfraza la realidad de que alguien se los llevó, lo que impacta en la responsabilidad que asumen las autoridades en cuanto a la búsqueda.
“Ni siquiera estamos entendiendo que nombre lleva una persona que ha sido arrebatada de una casa y que no encuentran, y falta una búsqueda real de cómo fue la desaparición”, dijo la mamá de Fanny al respecto.
Tania Ramírez de la REDIM, expuso que “no podemos hablar de niñez no localizada, pues no se puede hablar de la voluntad de ausencia porque no son adultos o jóvenes que deciden alejarse”.
La niña desaparecida desde hace tres décadas
Imposible hablar de la desaparición de menores en Torreón, Coahuila sin recordar el caso de Edna Xóchitl López González, raptada por un hombre en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas la noche del 26 de agosto de 1991 mientras jugaba junto con su hermano Edén, y dos vecinos más cerca de las vías que atraviesan el sector.
Desde entonces no se sabe nada de ella, sus padres Reyna González y Heriberto López fallecieron tras varios años de buscarla y llevar su caso a medios de comunicación nacionales e internacionales.
Ellos llegaron hasta el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien mandó a agentes de la Interpol a colaborar en la búsqueda.
El año pasado, al cumplirse tres décadas de la ausencia de su hermana, Edén López González decidió retomar la búsqueda y se unió al grupo VIDA.
Al reunirse con autoridades de la Fiscalía de Coahuila descubrió que no tienen la denuncia del caso, pese a que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hace referencia a la averiguación previa 80/991 y que pedía nombrar a un fiscal especializado para investigar el rapto.
“No me gusta exhibir a las autoridades, pero ellas mismas se exhiben. No puede ser que no haya un registro”, señaló Edén López.
En entrevista para Telediario Laguna el pasado 25 de agosto, el fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda confirmó esta versión.
“Hasta el día de hoy por lo menos en Coahuila no hay una denuncia, hay una denuncia en la Ciudad de México, según tenemos entendido y la vamos a tratar de ubicar”, puntualizó el funcionario.
Edén dijo que el proceso para una nueva denuncia continúa, pues hay fila de espera porque hay otras familias que como él deben volver a pasar por el trámite.
La invisibilización también se ve reflejada en las bases de datos de las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda. A través de una solicitud de información a cada una se pudo constatar que contabilizan personas desaparecidas a partir de 1994. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) tampoco tiene rastro de esa denuncia.
El caso de Edna Xóchitl generó un antecedente de las agrupaciones creadas para buscar personas desaparecidas, pues nació la Fundación Pro Localización de Niños Desaparecidos Asociación Civil que operó durante la década de los noventa.
Una interminable lista de pendientes
Que el Estado no se apegue al principio constitucional de interés superior de la niñez acrecienta las deudas hacia este sector de muchas maneras.
Todas las activistas entrevistadas para este reportaje coinciden en que no existe una visión que ponga en primer lugar a las niñas, niños y adolescentes.
“Yo no considero que se dé una perspectiva especial a la desaparición de los menores”, planteó la abogada Ariana Denise García.
Criticó que las autoridades no hagan ni lo más básico, como poner carteles en las centrales de autobuses y en las casas hogar, preguntar en los juzgados familiares si un niño ha sido adoptado, indagar en los hospitales, en guarderías o revisar en las escuelas cuántos niños inscritos nuevos hay.
Puntualizó que el Gobierno mexicano tiene una falta de interés en todo y la desaparición de niñas, niños y adolescentes no es la excepción.
Añadió que, más que leyes, es necesario generar un mecanismo idóneo de registro, definido por expertos y que las leyes existentes se apliquen adecuadamente.
Por otra parte, Ariana Denise García Bosque considera que también es necesario replantearse las clasificaciones de desaparición por particular y sustracción de menores que influyen en el registro y en la búsqueda.
La otra invisibilización de menores
El fenómeno de la desaparición en México no sólo desvanece la infancia y la adolescencia de los menores víctimas, sino también de los que sufren la ausencia de su padre o madre por este delito.
Juan Humberto Morales Ramírez puede dar cuenta de esto. Cuando tenía 14 años su padre Rolando Javier Morales Rodríguez, quien laboraba como bombero en el Aeropuerto de Piedras Negras, desapareció.
Humberto y su familia padecieron la negativa de las autoridades para investigar el caso. Cuando acudieron a presentar la denuncia no la aceptaron porque dijeron que a lo mejor se había ido con otra mujer.
Tres años después su madre se unió al colectivo Familias Unidas y al solicitar una copia de la carpeta de investigación en la Fiscalía de Coahuila le dijeron que no había tal.
Recordó que el jefe de su padre sólo le dio a su mamá una liquidación de mil pesos y le dijo que no buscara más.
Él, su hermana y su hermano, que entonces tenían seis y nueve años, crecieron escuchando comentarios insensibles, como que su papá había desaparecido por estar involucrado con el narcotráfico o que ya estaba muerto. Todo esto les dejó secuelas emocionales.
Narró que llegó a buscar compañías relacionadas con el crimen organizado a fin de obtener información sobre el paradero de su padre, aunque desertó de ese objetivo por consejo de sus amigos.
“Decidí encerrarme en mi burbuja y centrarme en mis estudios, aunque le prometí a mi mamá que cuando terminara mi carrera le iba ayudar hasta donde tope”, dijo.
Su mamá enfrentó signos de un Estado indolente con las infancias y adolescentes víctimas indirectas, siendo su trabajo en una maquiladora el único sostén para su familia.
A sus 26 años, Humberto coordina el área de Trabajo Social de Familias Unidas, desde donde acompaña a menores con historias similares a la de él, así como de adolescentes y niños ausentes que la autoridad quiere mantener en el olvido.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
