En Voz Alta

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Perla Reséndez
Entre la regulación necesaria y la aplicación de la ley
El operativo realizado por la Subsecretaría de Transporte frente a la Central de Autobuses de ciudad Victoria, que resultó en la inmovilización de varias unidades de transporte por aplicación como Uber y DiDi, vuelve a poner sobre la mesa un debate complejo: ¿cómo se regula un modelo de movilidad que ha reconfigurado el transporte urbano, sin criminalizar a quienes lo operan?
La actuación de las autoridades, aunque legal desde el punto de vista normativo, ha sido calificada por los conductores como arbitraria. Alegan que no se les ha ofrecido información clara ni plazos razonables para cumplir con los requisitos exigidos, como el tarjetón de operador o el registro vehicular.
En muchos casos, la falta de regularización no se debe a una negativa, sino a la opacidad de los procesos administrativos y a la ausencia de canales accesibles para formalizarse, señalan los operadores.
Desde la perspectiva de la autoridad, el argumento es legítimo: se trata de garantizar que los servicios de transporte cumplan con las normas y ofrezcan seguridad a los usuarios. Sin embargo, lo que está en juego no es solo el cumplimiento de la ley, sino la forma en que esta se aplica.
Los conductores denuncian que taxis y microbuses también operan con irregularidades, sin que reciban el mismo nivel de inspección o sanción, esta percepción de trato desigual erosiona la legitimidad de cualquier esfuerzo regulatorio.
El diálogo que se dio tras la manifestación frente a Casa de Gobierno abre una ventana para avanzar hacia una regulación más equitativa. El acuerdo de otorgar un plazo de una semana para que los conductores regularicen su situación es un paso necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de una estrategia más amplia de información, acompañamiento y revisión de los costos asociados a la formalización.
En este escenario, es urgente una política pública clara que reconozca el papel creciente de las plataformas digitales en el ecosistema del transporte urbano. Criminalizar a quienes encuentran en ellas una fuente de ingresos, sin ofrecerles alternativas viables de regularización, no solo es injusto, sino contraproducente.
La regulación no debe convertirse en sinónimo de sanción, sino en una herramienta para integrar y mejorar. Si no se corrige el enfoque, lo que se plantea como orden corre el riesgo de ser percibido como persecución.
perlamarialopez69@gmail.com