En Voz Alta
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Perla Reséndez
El rostro político de la negligencia
El caso de los seguros de vida fraudulentos para personal médico en Tamaulipas es mucho más que una tragedia administrativa. Es una muestra clara de cómo las decisiones políticas, tomadas desde el poder, pueden convertirse en actos de corrupción que destruyen vidas y minan la confianza ciudadana.
Durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se firmaron contratos por decenas de millones de pesos con una empresa que no era, en estricto sentido, una aseguradora.
Se trató de la Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas, una firma que carecía de la capacidad legal y operativa para garantizar el respaldo prometido. Sin embargo, recibió recursos públicos, renovó contratos y, cuando llegó el momento de cumplir, simplemente desapareció.
Lo que está en juego aquí no es solo un tema técnico o jurídico: es político. ¿Quién autorizó estos contratos? ¿Quién avaló las renovaciones? ¿Qué controles internos fallaron?
¿Y por qué, una vez más, se permitió que la opacidad reinara en las contrataciones públicas, incluso en medio de una emergencia sanitaria global?
La administración de Cabeza de Vaca promovió una narrativa de eficiencia y modernidad, pero este caso revela lo contrario: improvisación, desdén por la legalidad y, sobre todo, una falta de respeto por el valor de la vida humana.
Porque mientras el personal médico arriesgaba su vida durante lo más álgido de la pandemia, el aparato estatal que debía protegerlos se encargaba, en cambio, de entregarlos a manos de una empresa fantasma.
Las recientes órdenes de aprehensión contra representantes de dicha empresa son un paso, pero la rendición de cuentas no debe detenerse ahí. Es necesario investigar a fondo la red de complicidades dentro del gobierno estatal.
Si hay más exfuncionarios involucrados, deben ser llevados ante la justicia como ya se hizo con el ex Subsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Jorge “N” y otros dos que no se presentaron en la audiencia. No se trata solo de castigar a una empresa privada, sino de desmantelar un esquema de corrupción institucionalizada.
Este caso debe servir de lección para las administraciones actuales y futuras: no se puede gobernar desde la simulación. La política no es una herramienta para el beneficio personal ni una plataforma para la impunidad. Es, o debería ser, un compromiso serio con el bienestar colectivo.
Porque cuando la política traiciona su esencia, quienes terminan pagando son siempre los más vulnerables.
perlamarialopez69@gmail.com
