Exigen destituir a jueces que protegen a Cabeza de Vaca
Perla Reséndez
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), destituir a “una cofradía de jueces y magistrados corruptos de Tamaulipas”, que habrían otorgado más de una veintena de amparos al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En rueda de prensa celebrada en el Senado de la República, señaló al juez jubilado Fautino Gutiérrez Pérez, Juez Séptimo de Distrito en Reynosa, “tuvo muchas resoluciones para privilegiar a un corruptor que hoy es prófugo de la justicia, Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
Explicó que en el lugar del juez, quedó Juan Fernando Alvarado López, quien fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, “fue quien le otorgó un amparo a García Cabeza de Vaca para que pudiera ser diputado federal, en contravención de lo que había decretado el Tribunal Electoral que le había negado la candidatura”.
Apuntó que este juzgador estaría en contubernio con el presidente del primer tribunal colegiado de Tamaulipas, Mauricio Fernández de la Mora, “estos tribunales, s´petimo y octavo de Reynosa, junto con el colegiado, se han dedicado a proteger a Francisco García Cabeza de Vaca”.
A estos juzgadores, sumó a la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Quien está impidiendo que la Fiscalía General de la República (FGR), ejecute acción penal en contra del Juez Séptimo, Juan Fernando Alvarado López; además, la esposa del Juez Octavo, Piedad del Carmen Ávila, fue puesta como sustituta del Juez Juan Fernando Alvarado López, quien quedó suspendido”.
Gutiérrez Luna señaló que se trata de una “trama compleja de intereses” entre estos juzgadores, “por blindar a un personaje corrupto y que ellos quisieran que el sistema judicial, continuara como está en la actualidad”.
El legislador federal, señaló que esto ya fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura y la misma FGR, para evitar que antes de concluir su gestión, el próximo mes de octubre, resuelvan a favor del ex gobernador tamaulipeco y sean separados de sus encargos de manera definitiva.
La acusación contra Cabeza de Vaca
El 30 de abril de 2021, el entonces gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, fue desaforado por la Cámara de Diputados, acusado por la FGR de presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Posteriormente, el Congreso Local decidió no quitar el fuero al mandatario estatal y posteriormente el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, resolvió que el Congreso de Tamaulipas tenía la razón y la última palabra para mantener el fuero al mandatario estatal.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó que el ex mandatario habría adquirido un departamento en la Ciudad de México, que posteriormente vendió a un precio cercano a cuatro veces su valor real, a través de operaciones simuladas.
A tres días de concluir su mandato como gobernador de Tamaulipas, la FGR solicitó a un juez federal de Almoloya de Juárez su vinculación a proceso y la orden de aprehensión.
García Cabeza de Vaca se fue a Estados Unidos y promovió varios juicios de amparo y suspensiones, siendo estas últimas autorizadas por el juez Faustino Gutiérrez Pérez en el expediente de amparo número 2477/2022.
FGR solicitaba desafuero por varios delitos
En el año 2024, la Fiscalía General de Justicia de la República (FGR) integró una carpeta de investigación por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que abarca a familiares, quienes tramitaron amparos ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa.
En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, destacó que el juez Juan Fernando Alvarado López, habría otorgado suspensiones excesivas, que habrían facilitado la maniobra para registrar a Cabeza de Vaca como candidato a diputado federal en el proceso electoral de 2024.
Estas resoluciones fueron impugnadas mediante recursos interpuestos ante el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa, lo que derivó en el cese del juzgador en julio de 2024 y a la designación de un nuevo juez para dirimir el controvertido estado de la orden de aprehensión.
Escoltas que cuestan millones al erario
Recordó que además, previo a concluir su mandato, Cabeza de Vaca impulsó una reforma constitucional que le permitió contar con un grupo de escoltas una vez finalizado su cargo.
Ante la posibilidad de una reasignación de estos elementos de seguridad, como parte de una reforma legislativa, Cabeza de Vaca solicitó un amparo en el Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa.
El juez Faustino Gutiérrez Pérez autorizó la suspensión para evitar su sustitución; sin embargo, este pronunciamiento fue posteriormente recurrido y elevado al Segundo Tribunal Colegiado en Reynosa, organismo que declaró legal el acuerdo que permitía la continuidad de dicho grupo.
El diputado Gutiérrez Luna explicó que al obtener diversos amparos, Cabeza de Vaca presentó su solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral para participar como diputado federal de representación proporcional en la segunda circunscripción.
Para demostrar su residencia en Reynosa, el exfuncionario panista habría falsificado un poder notariado, para demostrar una constancia de residencia, hecho denunciado ante las Fiscalías de Tamaulipas y de la República.
La Sala Superior del Tribunal Electoral declaró su inelegibilidad y ordenó al PAN, el registro de un nuevo candidato; si embargo, el juez Juan Fernando Alvarado López, desestimó la resolución de la Sala Superior, ordenando al INE registrar a Cabeza de Vaca.
Esta decisión luego fue revocada y se suma a las 30 quejas promovidas contra el juez, situación que culminó con su cese por parte del Consejo de la Judicatura.
El expediente del juzgador federal
El expediente identificado como FED/FECOC/FEIDCSAJ-TAMP/0001611/2024 recoge las decisiones parciales adoptadas por el juez Juan Fernando Alvarado López, las cuales estuvieron orientadas a favorecer a Cabeza de Vaca.
Ante estas actuaciones, el Consejo de la Judicatura Federal decidió cesar al magistrado en abril de 2024 y de manera paralela, se interpuso una denuncia ante la FGR, que solicitó al Consejo la autorización para proceder penalmente contra el juez, situación que se encuentra pendiente de respuesta.
Señaló que estas circunstancias han llevado a inferir que la red de protección no se limita únicamente a los juzgados y tribunales colegiados de Reynosa, sino que se extiende a altos funcionarios del ámbito judicial.
Denuncias contra la administración de Cabeza de Vaca
En el mes de marzo del presente año se denunció que la entonces titular de la Secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, María de Lourdes Arteaga Reyna, habría desviado más de 180 millones de pesos del fideicomiso constituido para el fortalecimiento del C5 de Reynosa y para la adquisición de cámaras de vigilancia. Según la información, estos recursos fueron destinados a una supuesta inversión en el banco Accendo, institución que posteriormente se declaró en quiebra y que ha sido vinculada reiteradas veces a prácticas corruptas en el manejo de recursos estatales.
Un juez de distrito con residencia en Victoria, tomó conocimiento de la operación y determinó el inejercicio de la acción penal, argumentando la insuficiencia probatoria en el planteamiento de la acusación.
El próximo 1 de septiembre entrará en funciones el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial Federal, organizado a partir de la reforma judicial, por lo que el legislador federal dijo que “esto podría reconfigurar el panorama de impunidad del exmandatario panista al permitir una revisión más estricta de las decisiones que hasta ahora han contribuido a su cofradía de corrupción”.
Aunto que el conjunto de denuncias contra Cabeza de Vaca reflejan un entramado de maniobras ilegales e irregularidades que involucran a diversos actores dentro del ámbito judicial y político, razón por la cual el diputado Gutiérrez Luna exigió al Consejo de la Judicatura la remoción de la red juzgadores que protegen al exgobernador.
