Frena Congreso cotización en la bolsa de órganos autónomos

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- El Congreso del Estado busca frenar que los órganos autónomos puedan invertir los recursos públicos que se les asignan en la Bolsa de Valores.

Órganos autónomos impedidos para realizar inversiones

La iniciativa de decreto de Morena y el PT, establece que el dinero público no debe concebirse como un recurso abstracto ni un capital financiero que pueda utilizarse con discreción.

Se establece que los órganos autónomos estarán impedidos de realizar inversiones en títulos, valores o acciones de bolsa sujetos a riesgo o variación de mercado, por lo que se hiceron reformas a leyes estatales.

¿Cuáles organismos no podrán invertir en la bolsa?

Esta reforma alcanza al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Tribunal de Justicia Administrativa.

En la exposición de motivos se señaló que en los últimos años se ha observado que algunos autónomos, han destinado recursos públicos a inversiones en títulos de bolsa, ya sea directamente o a través de intermediarios financieros.

“Dichas operaciones la justifican bajo la idea de generar rendimientos con recursos no ejercidos o derivados de subejercicios presupuestales”, sin embargo en la práctica, eldinero se colocó en instrumentos de riesgo, propios del mercado financiero.

“La realidad es que el presupuesto no se autoriza para “apostarse” en la bolsa, sino para ejecutarse estrictamente a lo que fue destinado”.

“Cada peso que no se aplica en su momento a su fin legítimo implica una oportunidad perdida para el desarrollo del Estado y una posible afectación al equilibrio de las finanzas públicas”.

Además, los rendimientos que generan esas inversiones en títulos de bolsa en muchos casos son utilizados de forma discrecional, “sin el mismo nivel de control y fiscalización que el presupuesto aprobado”.

Con esta práctica se señala que se configura “una zona gris” en la administración de los recursos públicos, al solicitarse y aprobarse ampliaciones presupuestales con el argumento de la necesidad operativa y, luego invertidos en la Bolsa.

Gobierno panista perdió 205 millones en inversión

Se recordó el caso del banco Accendo, mediante el cual la pasada administración pública estatal autorizó la inversión de más de 200 millones de pesos en una institución financiera quebrada poco después.

El 15 de junio de 2021, la entonces Secretaria de Finanzas, María de lourdes Arteaga Reyna, firmó un contrato con Accendo, banco que desde el año previo ya presentaba problemas y que quebró en septiembre, apenas tres meses después de la firma del contrato.

El gobierno del Estado debía mil 449 millones 916,179.31 pesos a Banamex y con el acuerdo, al hacer pagos mensuales, Accendo, dependiendo de la tasa de interés, pagó a Banamex.

De acuerdo con información difundida por Accendo, el gobierno de Tamaulipas tenía en dos cuentas, 205 millones 414,533 pesos, de los que ya no pudo disponer a partir de octubre de 2021.

En este asunto, a la fecha se espera la recuperación de ese recurso invertido, mediante procedimientos legales, “aunque, a decir verdad, se ve muy complicado”.

“La función pública no es acumular dinero ni multiplicarlo a través de la especulación, sino aplicarlo en tiempo y forma en pro de Tamaulipas”.

“Cada peso público inmovilizado o invertido al margen de su fin para el que fue destinado, se traduce en un peso que no llega a una escuela, a un hospital o a una comunidad que lo necesita”.

Por lo tanto, con esta reforma constitucional y legal, se establece que los órganos constitucionales autónomos, por ningún motivo podrán invertir recursos públicos en títulos, valores o acciones de bolsa sujetos a riesgo o variación de mercado.

En tanto que las actuales inversiones deberán ser retiradas y transferidas, junto con sus rendimientos, a la Secretaría de Finanzas del Estado o cederle los derechos y beneficios de los instrumentos a ésta última.

Esto, para que decida el momento oportuno de darlos por terminados, “a fin de aminorar las pérdidas por liquidación anticipada, con el fin de proteger el patrimonio común del pueblo tamaulipeco”.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y Administración para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente.