Gobierno de Ensenada pagó millones a presuntas empresas fantasma

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Por Benjamín Pacheco López

Durante los últimos cuatro años, el gobierno municipal de Ensenada otorgó contratos por casi 200 millones de pesos a presuntas empresas “fantasma”, así como a proveedores que simularon independencia entre ellos, pero compitieron asociados para beneficiarse con procedimientos de adjudicación directa e invitación.

A cuatro meses de que concluya el ciclo del alcalde morenista Armando Ayala Robles (electo en 2019 y reelecto en 2021), y quien contendió para Senador de la República en la reciente elección, quedando, hasta la publicación de este reportaje, como virtual ganador, Border Hub y El Vigía consultaron documentos oficiales elaborados durante sus gobiernos.

La revisión detectó como prácticas constantes el uso de domicilios legales distintos al giro de las empresas beneficiadas o contratistas vinculados mediante asociaciones con las que compitieron en el mismo periodo de tiempo.

Se hizo una revisión de campo de los domicilios de las empresas, que llevó a encontrar casas habitación, locales vacíos o de venta de ropa; despachos contables y de abogacía; un cubículo dentro de un centro de negocios y hasta una tienda de renta de smokings, en lugar de inmuebles exclusivos para constructoras o consultoras con sus propias oficinas.

Las viviendas visitadas fueron encontradas sin imagen corporativa, ni letreros de horarios de atención al público, números telefónicos o maquinaria a la vista.

Incluso, hubo dos proveedores que hicieron obra pública en Ensenada, pero indicaron un domicilio legal en el municipio de San Quintín, es decir, a más de 180 kilómetros de distancia.

También se apreció, durante los recorridos, que tres contratistas se cambiaron de dirección en forma reciente.

La muestra para este reportaje fue de 85 contratos tras analizar más de 200 documentos oficiales obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía; la mayoría correspondió a obra pública, seguido de cursos de capacitación y las pólizas de seguro de vida de policías municipales.

Aseguradora de policías indicó como oficinas autorizadas una tienda de renta de smokings 

La empresa General de Seguros, S.A.B., proveedora de las pólizas de seguros de vida para policías activos y en retiro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada, indicó como “oficinas autorizadas” una tienda de renta de smokings denominada El Corte Inglés.

En los contratos de 2022 y 2023 fue puesto como domicilio legal la “calle Cuarta 1880 de la Colonia Obrera”, que lleva a El Corte Inglés.

Ambos contratos abarcan a 2 mil 36 policías, quienes únicamente estuvieron cubiertos por ocho meses (del 25 de abril al 31 de diciembre de 2022, y del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2023). La suma total de los contratos fue de 6 millones 134 mil 548.31 pesos.

Jesús Luna Lezama, abogado representante de 35 familiares directos o viudas de policías fallecidos entre 2015 y 2021, declaró que, en sus casos, el gobierno municipal nunca les hizo llegar copia de los contratos o de las pólizas (para saber el contenido), ni información completa sobre la tramitología o el lugar de la aseguradora.

Fue por su cuenta que supieron la dirección de la empresa aseguradora, pero no encontraron la oficina.

“Desconozco si ahorita están instalados en las oficinas de las que nos hicieron referencia porque, en las ocasiones en que llegué a ir, por un tema de un fallecimiento de un compañero, no había persona que nos atendiera y no se encontraba algún emblema, alguna razón social que identificara el inmueble”, subrayó el abogado.

Edgardo León Estrada Luján, bróker de seguros (intermediario) y representante de General de Seguros S.A.B., afirmó que, “lo único que debe tener es una oficina” y que “no es una empresa fantasma”.

Aclaró que en Ensenada no existen instalaciones directas de esta empresa y que El Corte Inglés “es prácticamente para recoger información”, además de que su cliente es el Ayuntamiento, responsable de entregar las pólizas a los agentes.

-En el caso de usted que está en la sastrería, ¿Por qué está ahí? ¿Por qué comparten domicilio?

-Yo debo tener una oficina donde pueda recibir información para poderla tramitar.

– ¿Aunque haya otra actividad ahí?

-Sí, realmente no necesito tener un despacho en sí, pero, de hecho, ya lo estoy abriendo, en un centro comercial que está ahí por la Ciudad Deportiva, una oficina.

– ¿Ahí sí va a poner letreros?

-Sí, claro…, pero en cuanto a la protección (de los policías), todo ha estado transparente.

Desde una casa de dos pisos, en cuya planta baja hay una cochera y un local sin imagen corporativa, ni razón social, José Guadalupe Plascencia Galindo ha obtenido 28 millones 280 mil 532.77 pesos en contratos para obra pública con el gobierno municipal, según consta en ocho documentos, tanto en adjudicación directa, como en invitación a cuando menos tres contratistas.

Como domicilio legal, Plascencia Galindo indicó el “Blvd. Ramírez Méndez No. 236-F, Fracc. Bahía Sur”.

En el sitio hay una oficina con vidrios esmerilados que no permiten apreciar el interior. Del lado izquierdo hay un pequeño patio y, del derecho, otra casa habitación. Nada de maquinaria pesada.

Los contratos para este proveedor van de 2020 a 2023, para obras como construcción de línea de conducción y cárcamo de bombeo, red de drenaje sanitario, reemplazo de red de agua potable, rehabilitación de una avenida, y diversas obras de pavimentación.

Se buscó en el lugar a Plascencia Galindo para conocer su postura, pero no respondió a las solicitudes de entrevista.

Desconocen a empresa en su propio domicilio

La sociedad civil Baja Metrics, bajo la dirección de José David Díaz Cárdenas, le vendió a la Sindicatura Municipal un ciclo de conferencias denominado “Profesionalización y liderazgo para los entes fiscalizadores municipales”, de acuerdo al contrato firmado el 28 de febrero de 2023.

En el documento aparece el domicilio “Calle 4ta 1060 Zona Centro”, que lleva al despacho Libra-Firma Legal.

Al preguntar en dicha oficina por Baja Metrics, en un principio, las recepcionistas no identificaron a la empresa y tardaron en recordarla. Mencionaron que renta un cubículo al interior del edificio, aunque el lugar no cuenta con un directorio empresarial público ni algún letrero en la fachada que refiera la operación en el lugar de esta sociedad civil.

Baja Metrics no respondió a la solicitud de entrevista, aunque personal de Sindicatura Municipal aseguró que sí fue otorgado el servicio de capacitaciones con los temas de “Liderazgo y programación neurolingüística” y “Fundamentos básicos de la auditoría contable gubernamental en Baja California y Ensenada”, así como la conferencia “Los derechos humanos en la aplicación de la justicia administrativa en el México moderno”.

El monto fue de 280 mil pesos -dividido en tres pagos-, por 123 horas de trabajo, en diferentes horarios, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2023.

Desde un domicilio en la colonia Costa Bella, el proveedor Omar Castro González obtuvo 7 millones 863 mil 414.75 pesos en contratos con el gobierno municipal, desde 2021 a 2023.

Conforme a los documentos analizados, este proveedor logró siete adjudicaciones directas y dos invitaciones a por lo menos tres contratistas, para obras de rehabilitación de vialidades a base de bacheo con mezcla asfáltica y de pavimentación con concreto asfáltico en calles principales ensenadenses, además de labores de tomas domiciliarias.

Como domicilio legal indicó la “Av. Farallón No.33, Fracc. Costa Bella II”. En revisión de campo se encontró una casa remodelada, con tres cámaras de vigilancia, sin imagen corporativa, letreros con información de contacto o maquinaria. Nadie respondió al llamado a la puerta

En 2022, Ramón Antúnez Campos obtuvo un contrato por  283 mil 915.61 pesos para construir una red de agua potable en la colonia Ricardo Flores Magón.

Para esto indicó el domicilio legal “Av. Iturbide No.598 Local No.6, Col. Obrera”, que lleva al Despacho Contable Zamudio.

Vía telefónica, el constructor declaró que anteriormente tenía una oficina en la avenida Ruiz y calle octava de Ensenada, al fondo de una casa de cambio, donde incluso el Gobierno del Estado de Baja California le realizó auditorías, pero se cambió a raíz de la pandemia por el Covid-19.

“Con la pandemia nada más estaba pagando renta y casi ni traía obra. Opté por cerrar”, dijo.

Le pidió al contador si podía indicar el domicilio del despacho, aunque después le pidieron que se retirara porque “no se podía tener tanto domicilio”.

“Nada más tuve un contrato chiquitito de 283 mil pesos, que por cierto me fue de la jodida. No gané nada, pues. No tuve margen de ganancia”, agregó.

Explicó que no cuenta con personal ni maquinaria porque subcontrata esos servicios.

“Tengo nada más pick ups y cosas pequeñas. Cuando se ocupa retro (excavadora) mejor la rento, porque no es costeable, a menos que tuviera un chorro de obra. Es muy temporal esa cosa, estar pagándole a operadores y todo eso, no sale”, dijo.

Ricardo Zamudio Gutiérrez, contador público y propietario del despacho, aclaró que fue un permiso “temporal” en lo que el constructor se establecía en su casa.

“Le pidieron el local donde ya estaba ejerciendo sus operaciones normales. Todo es legal, todo facturado normal, tiene su cuenta de cheques, su registro de Hacienda. Él está legalmente registrado”, concluyó.

Una tienda de ropa para dama

Si se busca a la constructora Jepco S.A. de C.V., lo que se encontrará es una tienda de ropa para dama identificada como “Vive Colectivo”.

La compañía indicó como domicilio legal la “Calle Diamante No.277-1, Fracc. Bahía Sur”, en una serie de contratos que suman 8 millones 507 mil 331.81 pesos.

Jepco fue inscrita en el RPC de la SE el 26 de marzo de 2018 por Jesús Alfonso Valenzuela Ramos, como administrador único.

Valenzuela Ramos actualmente tiene otra oficina donde comparte espacio con una afianzadora; es un segundo piso de un local, arriba de un restaurante de comida mexicana y al costado de una farmacia, donde la constructora tampoco cuenta con imagen corporativa.

Jesús Alfonso Valenzuela que se cambió entre septiembre y octubre de 2023, pero que “el cambio de domicilio no se ha registrado”. Rechazó que sea una empresa “fantasma”.

“De la puerta para allá, es su oficina (de la afianzadora), y de la puerta para acá, es mi oficina. Estamos dos personas aquí. ¿Por qué? Porque es un amigo que rentó este local y lo estamos pagando entre los dos. Por cuestiones de economía nada más. Tiene su secretaria allá, yo estoy aquí, pero el domicilio fiscal es este, el que tengo ahorita aquí”, explicó.

Aclaró que la ausencia de maquinaria y personal es porque no todas las constructoras tienen las oficinas donde están sus máquinas.

“Eso es cuando tienes un terreno grande y haces tu oficina ahí. Este local es rentado. Ni modo que yo ponga en el estacionamiento la maquinaria”.

– Parto de esto: parece una pregunta sencilla, pero los buscamos y no los encontramos. Se dicen constructoras y no vemos máquinas: hay casas. En este caso vengo a la oficina y no hay razón social afuera.

– No hay un letrero que diga que ‘aquí estoy’, simple y sencillamente, pero no quiere decir que porque seas una constructora tengas que tener tu oficina donde están tus máquinas.

– ¿Hay un marco legal para eso?

– Que yo sepa no. Y vas a encontrar múltiples casos como este, porque no hay algo legal que diga ‘aquí tienes que tener tus máquinas para que venga una persona que investiga del periódico y le tome fotos’. Sí tengo máquinas, pero las tengo trabajando algunas, otras están descompuestas y otras están en algún taller.

– ¿Algún terreno específico?

– No tengo algún terreno específico. Andan dispersas.

Cómo hacer más de 1 millón de pesos desde un cubículo

Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V. es una empresa de Oaxaca que indicó como domicilio legal un cubículo para dos personas, al interior de un centro de negocios y exposiciones.

El arquitecto y representante legal, Iván Manuel Martínez Báez, puso como domicilio legal “Av. Rayón No. 294, Col. Obrera”, que lleva al Centro de Innovación y Emprendimiento Hub Center, edificio para la renta de oficinas físicas y virtuales, así como salas de capacitación y consultas.

La empresa usa un espacio de 10 metros cuadrados al lado de otros emprendimientos. Por fuera tampoco hay algún letrero que indique su ubicación ni existe un directorio público; desde este punto consiguió dos adjudicaciones directas por 1 millón 447 mil 962.47 pesos.

El ingeniero Ander Farías, de Construcciones y Materiales Keno, explicó vía telefónica que son una sucursal y que tienen obras “en diferentes estados”, donde usan alta tecnología Jetpatcher, que son máquinas de inyección de bacheo.

Aseguró que estas “vienen de Nueva Zelanda” y que logran “un trabajo más limpio, más eficiente que el bacheo tradicional”, pues este “sigue igual desde hace casi 40 años”.

Negó que sean una empresa “fantasma” y se reservó el lugar donde guardan la maquinaria y alegó que no necesariamente deben estar ubicadas en un mismo lugar.

“Las maquinarias nunca se guardan en las mismas oficinas. Sirven espacios muy grandes porque no solamente es la maquinaria, es todo el material, el patch, las emulsiones, todo lo que se ocupa, retroexcavadoras. No es que rentes un lugar y ahí te quepa todo tu equipo”.

Argumentó que la información de su ubicación es sensible, “la maquinaria está en otros terrenos, pero ahí no te puedo dar información porque sería de mi maquinaria. Si se publica y eso… son equipos bastante caros”.

Ander Farías reiteró que utilizan el Hub Center porque “lo único que necesitan es una persona administrativa”.

Construcción, Proyectos Señalítica del Noroeste, S.A. de C.V. indicó como domicilio legal la “Calle Rosario No.21, Col. Juan Diego Residencial”, que es una casa de dos pisos.

Fue registrada por Juan Manuel Valenzuela Osuna y María Amparo Osuna Salas ante el RPC de la SE el 31 de agosto de 2020.

En 2023 obtuvo cinco adjudicaciones directas sobre pavimentación con concreto asfáltico, rehabilitación de vialidades a base de bacheo con mezcla asfáltica, reposición de un drenaje sanitario y descargas domiciliarias.

Destaca que, incluso en un solo día, el 15 de junio de 2023, le aprobaron dos adjudicaciones directas por 354 mil 978 y 614 mil 630.80 pesos; lo que suma 2 millones 52 mil 578.07 pesos.

Valenzuela Osuna, administrador único, rechazó que sea una empresa “fantasma”, y aseguró que renta un terreno para su maquinaria en la colonia 1989 (a poco más de 12 kilómetros de distancia), pues “en zona centro no puedes tener toda la maquinaria” y agregó que constantemente la utiliza para labores de bacheo.

Sobre el uso de la casa habitación explicó que es provisional y fue a raíz de la pandemia por el Covid-19, pues no podían pagar rentas.

“A partir del problema de Covid muchos de nosotros no podíamos estar sosteniendo una oficina. Entonces, hay muchos que estamos así, que no hemos cambiado el domicilio fiscal. Es eso nada más. Incluso, hay compañeros que hicieron eso y ya están comenzando con una oficina, pero no han cambiado su dirección”, comentó.

Agregó que pertenece y cuenta con el respaldo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), y que está al corriente de las declaraciones.

“Nunca hubo una constructora”

El ingeniero Eberth Abraham González Cortez indicó un domicilio legal que no aparece en un mapa de internet del puerto de Ensenada: “Calle Misión de San Bruno No.130, Col. Misiones de La Presa 2”.

Con esta dirección obtuvo 4 millones 304 mil 56.69 pesos en contratos para obra pública con el gobierno municipal entre los años 2021 y 2022.

La colonia Misiones de la Presa 2 no cuenta con nomenclatura clara, pero vecinas confirmaron la vialidad, donde la dirección da a una casa de dos pisos.

Vía telefónica, una mujer aclaró que es la propietaria del inmueble y que el proveedor es su expareja; debido a esto, se le explicó el sentido del reportaje y el motivo de la visita.

“No, es mentira, nunca hubo una constructora ahí. Siempre ha sido mi casa, pero apenas tengo un año viviendo ahí. Es casa mía, no casa de él”, afirmó.

– ¿Está a su nombre la casa, entonces?

– La casa está a mi nombre. Tengo los papeles de divorcio y él no tiene nada que ver en esa casa.

– Entonces, ¿aquí nunca hubo maquinaria, personal o algo?

– No, nada.

Cruz Adrián Santos Macías y Cosme Cleofas Vázquez realizaron obra pública en Ensenada, pero los domicilios legales que indicaron están a más de 180 kilómetros de distancia, en el municipio de San Quintín.

Santos Macías ha sido presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), mientras que Cleofas Vázquez aparece como asociado del Colegio de Ingenieros Civiles de San Quintín (CicSQ).

Cruz Adrián Santos Macías indicó como dirección la “Calle Rodolfo Valladolid No.602, San Quintín”, que de acuerdo a vecinos siempre ha sido una casa habitación de tipo familiar.

Declaró en entrevista que, al darse de alta ante el SAT en el 2010, puso el domicilio en el que vivía en dicha localidad, donde comenzó a operar con una oficina.

“Técnicamente estábamos en el municipio de Ensenada, antes de que San Quintín fuera municipio (2021). Es por eso que tengo mi domicilio fiscal. Soy de San Quintín y después de la universidad me quedo en Ensenada”, explicó.

Puntualizó que en el caso del puerto, tiene dada de alta una sucursal que está registrada ante el SAT desde el 19 de junio de 2019, y que la oficina es por la cercanía con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ensenada, para efectos de documentación, además de que pueden licitar para otros municipios.

En el caso de Cosme Cleofas Vázquez, puso la “Av. José María Morelos No. 1137, Col. Flores Magón, S.Q.”, pero vecinos aseguraron que no conocen a la persona ni el número del domicilio. Además, las viviendas carecen de nomenclaturas, por lo que resulta no localizable.

El hombre que competía mediante dos compañías

Ecopavements y Asfalsellos, empresas en Mexicali, simularon independencia, pero estaban vinculadas mediante Carlos Alberto Alapizco Subia, según prueban actas de asamblea consultadas en el RPC de la SE.

La primera tiene un objeto social, en resumen, enfocado en extracción y explotación de materiales pétreos, además de obras de ingeniería que van desde viviendas hasta centros comerciales, de urbanización y marítimas, así como pluviales y vías terrestres.

La segunda se dedica al mantenimiento, preservación y “embellecer los pavimentos”. En 2015 modificó su objeto social para fabricar y vender cemento, y explotar bancos de materiales pétreos.

Alapizco Subia fue apoderado de Ecopavements y firmó los contratos como “director administrativo”, hasta que fue revocado de sus facultades apenas el pasado 20 de febrero de este año; de la segunda, es socio fundador y administrador único.

Durante el tiempo que mantuvo presencia en ambas compañías obtuvo 91 millones 604 mil 62 pesos en contratos con el gobierno ensenadense, repartidos en cinco adjudicaciones directas y tres invitaciones a por lo menos tres contratistas, entre los años 2020 y 2023, donde incluso, “compitió” al mismo tiempo.

Resalta que este proveedor logró, tan solo para Ecopavements, dos de las adjudicaciones directas más grandes en el periodo revisado: 40 y 43 millones de pesos para la “rehabilitación de vialidades a base de carpeta asfáltica mediante el procedimiento de reciclado en caliente”, tanto en “diversas calles” como en el “Periférico calle Esmeralda”.

Se llamó a los números comerciales de Ecopavements en Mexicali, pero una grabación respondió que los teléfonos “se encuentran dañados o descolgados”, así como de Asfalsellos, donde otra grabación indicó que “el número no existe”.

Héctor Ramos García y César Madrigal Gómez utilizaron para sus contratos las direcciones de una casa y un bloque comercial en el que había una pizzería al lado de una tienda de abarrotes.

Ambos se vincularon mediante la empresa Construcciones In 3, S.A. de C.V.

Ramos García obtuvo durante 2020 un contrato mediante CKB Grupo Constructor, creada en 2015 junto con Enrique Kato Matsumo.

En el documento puso como dirección el “número 2074, de la avenida 18 de marzo”, de la colonia Hidalgo, donde hay una casa habitación. Una vecina confirmó la ubicación: “Estaban y se fueron. Nunca pusieron un letrero”. Se tocó la reja exterior, pero nadie contestó al llamado.

César Madrigal Gómez consiguió en 2021 tres contratos en solitario y uno con Construcciones In 3, que constituyó en octubre de 2016 junto a Joel Figueroa Gutiérrez.

En los tres primeros contratos refirió como dirección la “avenida Pedro Loyola no.89, Punta Banda I”.

Al acudir al lugar, se constató que actualmente hay un local vacío y una tienda de abarrotes; en el sitio, hasta hace unos meses, había una conocida pizzería. Una trabajadora confirmó que dicha dirección abarca estos comercios y que hubo “una oficina por poco tiempo”.

En acta de asamblea del 2021, según consta en el RPC de la SE, a solicitud de Héctor Ramos García, en su carácter de delegado especial, se tomó el acuerdo de nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades para Construcciones In 3: Héctor Ramos García quedó como administrador único y César Madrigal Gómez como comisario.

A partir de entonces, los contratos obtenidos en 2022 y 2023 para Construcciones In 3 fueron firmados principalmente por Ramos García, y se mencionó como nueva dirección la “Calle Cuarta No. 441, Int. 303, Zona Centro”, que es un tercer piso de un complejo de oficinas y departamentos, donde está un despacho con imagen corporativa.

El 25 de marzo de este año fue localizada la oficina, pero al regresar a entrevista el 28 de mayo, el local ya estaba vacío. De acuerdo a una trabajadora, rentaron aproximadamente de enero a abril.

Se localizó a César Madrigal en su nuevo domicilio, del despacho Madrigal Constructora, pero no respondió a la solicitud de entrevista.

En este vaivén de direcciones, ambos registraron 15 millones 679 mil 616.8 pesos en contratos con el gobierno municipal.

Entrevistado sobre este escenario, Héctor Ramos García dijo que, en su momento, avisó del cambio de domicilio en la colonia Hidalgo, mientras que su salida del complejo en la calle Cuarta fue porque “le triplicaron” la renta y “era un problema el estacionamiento”.

Aseguró que ahora está en “una casa grande” en la colonia Playa Ensenada, que ya realizó el cambio de domicilio ante Hacienda y que “pondrán algunas calcomanías” como imagen corporativa.

Ramos García refirió que César Madrigal fue su empleado y que “actualmente está fuera del acta constitutiva de la empresa”.

“Nos asociamos, pero fue provisional. Para que también él, dentro de su currículum pudiera generar algo de experiencia, pero a final de cuentas llegó el momento en que decidió poner su propia empresa y nosotros seguimos nuestro camino”, aclaró.

Puntualizó que buscan discreción ante el “complicado” tema de inseguridad en Ensenada.

“Hace cinco años, todos los constructores de las tres organizaciones, empezamos a recibir llamadas de extorsiones. Afortunadamente no contesté, pero ahorita, el problema es que la gente ve un contrato de un millón de pesos y piensa que es dinero de nosotros, cuando en realidad los márgenes de utilidad se manejan entre 5 y 7 por ciento. No es tanto, pero asumen ciertas cosas y nos ponen en riesgo. Esa es mi preocupación”, detalló.

En su calidad de presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), Representación Ensenada, Héctor Ramos aseguró que sus 39 afiliados cumplen con comprobantes fiscales y declaraciones ante Hacienda, además de que “son la única Cámara” y los otros dos organismos que existen relacionados con la construcción “son asociaciones civiles”.

“Hay muchas prácticas, sobre todo, de empresas que vienen de fuera. Al no tener el arraigo en el municipio acostumbran a rentar locales o casas que, muchas veces, la utilizan no solo como oficina, sino como lugar de hospedaje de sus trabajadores. Inclusive, en algunas ocasiones, la utilizan como almacén de maquinaria o almacén de equipo menor”, explicó.

Héctor García adelantó que propondrán a las próximas legislaciones locales y federales que haya “algunos candados” para que solamente contraten empresas locales, pues las foráneas subcontratan, dejan deudas y quedan a deber dinero.

Sergio Torres Martínez y Francisco Solorza Álvarez indicaron el mismo domicilio legal en “Callejón C No. 355, Fracc. Acapulco”, que lleva a una casa al fondo de un callejón con un portón sin imagen corporativa.

Entre ambos suman contratos por 17 millones 211 mil 517.2 pesos para obra pública del gobierno municipal.

Se acudió al lugar el 29 de mayo y una joven refirió que ya no estaban “desde hace dos meses”.

Torres Martínez explicó en entrevista que terminó su contrato de arrendamiento del domicilio en diciembre de 2023 y se retiró a principios de enero de este año, a un área comercial.

Sobre compartir la dirección, dijo que es para reducir costos, pues se han incrementado las rentas y el servicio de agua.

“Lo que pasa es que compramos algunos equipos en conjunto, por eso era la participación, pero administrativamente es aparte. Él tiene su gente y yo la mía. Hoy en día, si no haces equipo en algunos trabajos, está complicado enfrentarte a las situaciones que son muy adversas para poder mantenerte”, subrayó Torres Martínez, además de mencionar que en más de 30 años ha tenido alrededor de tres direcciones fiscales.

En su calidad de presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice), mencionó que algunas prácticas del gremio pueden ser “por seguridad”.

Recordó que anteriormente usaban directorios públicos para cuestiones comerciales.

“Pero comenzaron a extorsionar. Lo viví hace aproximadamente 20 años, cuando no era muy común y caímos. Fue con la misma información que había en la Sección Amarilla”, dijo.

El presidente agregó que también usaron en contra del gremio datos que se ponían en internet.

“Pero se ha disminuido al crear direcciones de empresas que no ponen todos sus datos fiscales. A lo mejor es lo que has visto en tu recorrido”, analizó.

Admitió que por seguridad no se identifican públicamente.

“Exactamente, definitivamente. En los organismos, hace uno o dos años, de alguna manera obtuvieron la lista de todas las empresas que estaban afiliadas. Fue muy evidente, nos estuvieron llamando a todos los que estaban dentro de un padrón. Por misma petición de los socios, empezaron a bajar de las páginas que teníamos en la red”.

Agregó que actualmente renta una oficina, con toda su maquinaria, en un desarrollo rumbo al municipio de Tecate, pero evita poner a la vista datos importantes, como números telefónicos.

El gobierno debe revisar que las empresas cumplan

Edgar Rojo Medina es presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Baja California, así como gerente de Construcciones Electromecánicas Rojo, S. de R. L. de C.V., constituida en noviembre del 2013, de acuerdo al RPC.

Dicha compañía tiene por objeto social instalaciones eléctricas, reparar máquinas y motores, o compra de repuestos, pero el gobierno municipal le ha otorgado obras de rehabilitación de pavimento asfáltico, como la registrada en agosto de 2021 para calles en Villas del Real 4.

Comparte dirección con Ignacio Alberto Loaiza Prieto, administrador único de Grupo Electromecánico de Baja California (GEBSA), S.A. de C.V., constituida en noviembre del 2008, y donde Rojo Medina es socio.

Los contratos revisados muestran el mismo domicilio, “calle Delante No.289-1, Fracc. Buenaventura”, que es un despacho con imagen corporativa.

Con esa dirección, desde 2020 a la fecha, Rojo Medina y Loaiza Prieto han obtenido del gobierno municipal, en contratos alternados, por lo menos 7 millones 526 mil 524.58 pesos.  

En su calidad de presidente de la AMIC, Rojo Medina declaró en entrevista que cualquier constructor que ejecute obra pública debe “estar al corriente de sus obligaciones fiscales”, pues, “la obra pública depende de los impuestos que se pagan”.

“Con su domicilio fiscal, tener una estructura, tanto como oficina y en campo. De estructura, estamos hablando de cuando menos una secretaria, un lugar oficial con su logotipo, bien identificada la empresa para que no se preste a que haya una empresa ‘fantasma’. Puede ser un ingeniero conocido, pero dar una dirección no localizable”, dijo.

Enfatizó en la necesidad de pagar los impuestos, pues esto llevará a más obra pública.

“Hay empresas que están trabajando y echan mentiras. Ahí es donde el gobierno debe revisar que las empresas que participemos en esas licitaciones, cumplamos con todos los requisitos de sus obligaciones fiscales”, afirmó.

Respecto a que, ni el Estado ni el Ayuntamiento revisan la ubicación física de las compañías, al no estar en sus competencias y que esto corresponde al SAT, compartió, la cual usa los buzones tributarios y que “los tienen bien localizados”. Aseguró que a él sí lo visitaron hace aproximadamente dos años.

Para evitar los casos de empresas “fantasma” comentó que tienen una propuesta para el siguiente Congreso del Estado de Baja California que solicita que cada contratista que esté registrado en el padrón envíe también un reporte fotográfico de sus oficinas.

“Pero sí, una empresa que es inestable en andar cambiando de domicilio, es un foco rojo para cualquier contratación en una obra pública. Es un foco rojo. No puedes decir ‘tengo este domicilio y mañana otro’, es porque esa empresa tiene problemas fiscales, meramente.

“Punto dos, es porque debe a proveedores y anda cambiando el domicilio fiscal”, opinó.

Rojo Medina comentó que incluso los empresarios principiantes que desean establecer su oficina en casa, deben estar identificados con el nombre de la empresa, “separarlo del domicilio personal”.

Sobre su sociedad con GEBSA, en la que se registró el mismo domicilio legal en los contratos y la posible ventaja contra los demás competidores, Edgar Rojo explicó que “trabajan el mismo tipo de obra”, en el rubro electromecánica.

“Él tiene una empresa y yo tengo otra. Tenemos alrededor de 20 años estando juntos. Inicié como persona física y por crecimiento, me hice moral. Él igual. No participamos juntos. Se malinterpretaría cuando participáramos las dos empresas en la misma licitación”, aclaró.

Sin certeza en verificación física

Según se constató con información proporcionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no verifica las direcciones de los proveedores.

A la pregunta de cuántas inspecciones había realizado en Ensenada de 2020 a 2023 para revisar la actividad económica en los domicilios indicados para el trámite de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), respondió que sí es facultad “ordenar y practicar visitas domiciliarias” para comprobar estos datos, pero que, tras “una búsqueda exhaustiva y razonable”, concluyó “que no existe una base de datos o documento en el que se identifique la información con las características solicitadas”.

En otra solicitud de información, el SAT afirmó que en los últimos tres años “se identificaron CERO registros y/o antecedentes” sobre denuncias relacionadas con empresas “fantasma”, tras consultar las administraciones centrales de Fiscalización Estratégica y de Análisis Técnico Fiscal (ACFE y ACATF, respectivamente).

Porfirio Vargas Santiago, subsecretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (Sidurt) del gobierno estatal, declaró que para inscribirse al padrón de proveedores se debe probar experiencia, capacidad instalada y capacidad financiera, pero que el tema del domicilio fiscal lo revisa la Secretaría de Hacienda.

“No se hace una verificación física de sus instalaciones”, respondió Vargas Santiago.

Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, declaró que su dependencia no realiza revisiones a los domicilios de las compañías con las que tienen contratos de obra pública, pues esto corresponde al SAT.

“Nosotros no hacemos esa verificación física. Para que tengamos a los proveedores dados de alta, como tales, en el padrón municipal, pasan por una serie de requisitos por el orden federal y estatal. Esas verificaciones como tal, el responsable de hacerlas es el SAT. Ni el Estado ni nosotros. A nosotros nos queda más que confiar en buena fe el trámite realizado y verificado por el SAT”, aclaró.

Admitió que confían en lo que haya confirmado la Federación y el Estado y dijo, no están facultados ni obligados a hacerlo.

“Es básicamente nada más corroborar que sí traigan la documentación. Que sea verídica porque esa sí la revisamos en el portal del SAT”.

Por su parte, la Sindicatura Municipal respondió que “no existe alguna disposición en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma, del Estado de Baja California, ni el reglamento estatal o reglamento local, que establezca la revisión del domicilio de los solicitantes de inscripción al padrón de contratistas o proveedores”.

El abogado Adolfo Solís Farías, doctor en derecho fiscal y constitucional, afirmó que existe “un abuso de prácticas” en indicar domicilios que no corresponden a la actividad económica referida.

“La legislación fiscal en los últimos seis años se ha modificado para perseguir a los contribuyentes cuando realizan operaciones simuladas, u operaciones ‘fachada’, sin embargo, en el gobierno, esas operaciones son comunes, no se persiguen, no se investigan, se toleran”, dijo.

Señaló que los gobiernos cuentan con “flexibilidad legal” para realizar las llamadas operaciones “fachada”, pues no existe una investigación, seguimiento o análisis.

En contraste, advirtió, los contribuyentes ordinarios, cumplidos y registrados, son “altamente perseguidos”.

“Por cualquier insinuación en el manejo contable de una práctica de esa naturaleza. Es decir, un contribuyente con cualquier pequeña deuda o cualquier pequeña omisión puede ser perseguido, mientras el gobierno puede desviar fondos en un alto nivel o alta envergadura y no hay ni siquiera una sanción, pese a que el 113 BIS del Código Fiscal de la Federación (CFF) sanciona a cualquiera que realice esa práctica”, indicó.

Solís Farías recordó que la CFF establece la obligación de realizar las actividades en el domicilio registrado.

“Y para acreditar el centro de intereses vitales, no solo debe estar asentado el domicilio, sino que debe realizarse de forma fehaciente la actividad económica ahí. No puede utilizarse una empresa donde no se realicen operaciones o que estas sean simuladas. La legislación fiscal no permite que cualquier domicilio sea el registrado”, detalló.

El especialista agregó que, inclusive, el SAT prohíbe dos o tres domicilios legales en el mismo lugar donde se ubiquen otros.

“Esto, desde el punto de vista técnico, no existe una prohibición expresa en la ley, pero los criterios gubernamentales han llegado a exigir esta obligación. Sin embargo, como les he dicho, esto es para ciudadanos comunes, no para empresas que realizan operaciones con el gobierno, que son las que principalmente desvían fondos, malversan el dinero, o incluso llegan a hacer pagos por cuenta del gobierno simulando servicios que nunca se prestan. Regularmente servicios intangibles”, ahondó.

Puntualizó que no se puede usar la casa de alguien más, como un familiar, como un domicilio fiscal, pues, “una cosa es la dirección personal y otra el domicilio fiscal”, y este último tiene que ver con las actividades que se realizan.

Sobre estos escenarios, Solís Farías subrayó que todas las operaciones con el gobierno, “no son vigiladas”, pues la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control “no son capaces de encontrar todas esas empresas ‘fachada”, lo que lleva a la malversación, robos y desvíos de fondos.

Negó que estas prácticas rocen en la evasión fiscal, pero dijo, constituyen un delito en términos del 113 del CFF, “no son operaciones legítimas, son operaciones simuladas, de acuerdo al 69-B del CFF y, por tanto, constituyen un delito conforme al 113 BIS”.

“El problema no es el gobierno corrupto que lo desvía: el problema es quien investiga, quien revisa las cuentas públicas. El problema es que los revisores de las cuentas públicas son los que toleran esa omisión”.