Hasta la FGR investiga a ex cabecistas por corrupción

Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Ex titulares de dependencias como la Contraloría y Secretarías de Economía, Obras Públicas, Salud, Finanzas, Secretaría General de Gobierno e instituto del Deporte, entre otros, son investigados por presuntos delitos de corrupción.
La Contralora, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que se trata de 17 denuncias que fueron interpuestas, 12 ante la Fiscalía General de la República (FGR) y cinco ante la Fiscalía de Justicia del Estado.

En rueda de prensa, la funcionaria estatal puntualizó que las 17 denuncias corresponden a igual número de ex funcionarios a los que se les señala de faltas graves.
¿Cuánto se ha recuperado de las denuncias presentadas por corrupción?
Apuntó que de las denuncias que la Contraloría ha interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción, ya hay casos con resultados de sentencias condenatorias y donde se ha recuperado parte del dinero defraudado.
Uno de los casos fue en obra pública, “resultado de los hallazgos y requerimientos, se ha recuperado alrededor de 1 millón 270,000 pesos, en una de las sanciones de falta grave que ya se emitió por el tribunal un expediente que hemos dado seguimiento a la persona, se le inhabilitó por 10 años y se le requiere que haga un reintegro de 1 millón 300,000 pesos”.
¿Cuántos ex funcionarios han sido sancionados por faltas graves?
Al presentar un informe de los avances y resultados de los procedimientos administrativos que lleva a cabo la Contraloría, detalló que hay 54 ex funcionario de la administración pasada, inhabilitados, 33 de ellos porque omitieron o incumplieron con presentar su declaración patrimonial de conclusión del encargo.
“Hay 21 ex funcionarios de primer nivel, y segundo nivel inhabilitados, por temas de una conducción o de una actuación en desapego al marco normativo que está obligado cualquier servidor público en su actuación, (en compras, arrendamientos, servicios, contrataciones), que nos marca el marco normativo”.
Además de que se investiga a los funcionarios responsables de permitir que más de siete expedientes donde se identificaron faltas graves, prescribieran.

¿Cuáles son las instancias con más quejas?
Apuntó que desde el inicio de la presente administración han recibido 849 quejas y denuncias correspondientes a dependencias del Poder Ejecutivo (651), los municipios (118) del Poder Legislativo y órganos autónomos, (61), e incluso de instancias federales (19), las que se reciben y turnan al órgano de control correspondiente.
Pedraza Melo apuntó de las 651 quejas ciudadanas de las dependencias del Poder Ejecutivo, se han llevado 104 PRAS, (Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatorias) que son investigados.
Apuntó que los Expedientes Radicados en Investigación (EPRA) suman 3,014, estos se derivan de quejas, denuncias y de los resultados de auditorías internas y externas que se llevan a cabo en las dependencias, recordando que al inicio de la administración se registraron 1,019, abiertos luego del proceso de entrega-recepción, mismos que presentaban lentitud procesal.
“Se han generado 280 informes de responsabilidad administrativas sancionatoria, la autoridad investigadora ha concluido y ha calificado esas faltas como graves y no graves en 280, de las que 37 han sido graves y 243 no graves”.
Pedraza Melo dijo que hay 67 expedientes en los que 83 personas han sido sancionadas por la Contraloría Gubernamental, 26 personas amonestadas, 3 suspendidas y 54 inhabilitadas.
La funcionaria estatal dijo que siguen de cerca los casos, luego que en un caso presentado con denuncia ante la Fiscalía, a la persona responsable se le sentenció a tres años de prisión o pago de multa, además de nueve meses de inhabilitación y tres años de suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Sin embargo, como se trató de una falta grave se presentó también al Tribunal de Justicia Administrativa, pero éste resolvió que no había falta alguna.