Impulsa Congreso justicia con enfoque de género
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Mujeres jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, que sean acusadas de algún delito, podrían no pisar la cárcel, pudiendo seguir su proceso en arresto domiciliario, de aprobarse una iniciativa propuesta en el Congreso del Estado.
La diputada de Morena Lucero Deosdady Martínez López planteó reformar el Código Penal de Tamaulipas y garantizar un enfoque de género en la justicia penal, iniciativa que ya fue aprobada para su posterior dictaminación en comisiones.
¿De qué se trata la iniciativa propuesta en el Congreso?
De acuerdo con lo expuesto por la congresista, la reforma permitirá sustituir la pena de prisión por arresto domiciliario, para mujeres jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, siempre que se determine que la privación de la libertad es innecesaria y desproporcionada.
“En aquellos casos en los que la imposición de una pena privativa de libertad resulte innecesaria y desproporcionada, la jueza o el juez, de oficio o a petición de parte, podrán sustituir dicha pena por confinamiento domiciliario y otras medidas de control, siempre con el respaldo de dictámenes periciales”, expresó.
Expuso que con ello, se responde a la preocupación de los efectos negativos del encarcelamiento de mujeres madres en sus hijos e hijas, quienes pueden verse forzados a vivir en centros penitenciarios o ser separados de su familia.
Pero además, señaló que el encarcelamiento de mujeres impacta de manera desproporcionada a sus familias y comunidades, pues la mayoría de ellas son el principal sostén económico y emocional de sus hogares.
Justicia con enfoque de género
“Esta reforma garantiza que las mujeres en condición de marginación que hayan cometido un delito que amerite prisión puedan sustituir su condena por confinamiento domiciliario, evitando no solo el impacto negativo del encarcelamiento en sus familias, sino también contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida, especialmente en el caso de aquellas que son jefas de familia y el principal sostén de su hogar”, expuso la Legisladora.
En los penales de Reynosa, Matamoros, Altamira y Victoria, hay 238 mujeres de las que 189 de ellas corresponden al fuero común, el resto (49) son acusadas de algún delito del fuero federal.
De la totalidad de la población femenina en los cuatro Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), apenas 150 han sido sentenciadas por algún delito, mientras que 88 están presas sin contar con una sentencia dictada por tribunales de enjuiciamiento.
