Instituto de las Mujeres de Los Cabos gasta más en celulares que en apoyos sociales
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Crédito: Grace Gámez
Por Grace Gámez y Andrea Ramírez
En los tres años que el Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos (IMMLC) ha estado a cargo de Maria del Rosario Díaz Cinco se destinaron sólo 192 mil 953 pesos en apoyos sociales a mujeres víctimas de violencia; mientras que para la adquisición de 13 equipos telefónicos de gama alta se gastaron más de 325 mil pesos.
De estas cifras designadas para apoyos sociales, 22 mil 202 pesos fueron para ayudas económicas a mujeres, y un total de 170 mil 751 pesos bajo el concepto de traslados aéreos y terrestres, en beneficio de 32 usuarias, hijas e hijos, que vivieron violencia extrema.
El manejo de los recursos, los señalamientos públicos por falta de atención a usuarias, la negación de servicios, el conflicto interno por presunta violencia laboral y hostigamiento hacia colaboradores, y las irregularidades en el ejercicio del recurso público, son parte de las situaciones que rodean la administración de Díaz Cinco.
En la actual administración municipal se asignó un presupuesto de 54 millones de pesos al Instituto de las Mujeres, 9 millones de pesos en el 2021; 13 millones de pesos en el 2022; 16 millones de pesos en el 2023 y 15 millones 800 mil pesos para el 2024.
Dentro de estos presupuestos hay recursos etiquetados únicamente para apoyos sociales, como en el caso del presupuesto del 2021 que contempló 5 millones 400 mil pesos para este concepto y en el 2022, que se destinaron 6 millones 600 mil pesos, sin embargo, el monto de lo que se aplicó es de menos de 200 mil pesos.
Es importante destacar que Los Cabos es el municipio de mayor incidencia de violencia familiar en todo Baja California Sur, de acuerdo al Semáforo Delictivo publicado por el Gobierno Estatal.
En el 2021, se registraron mil 196 casos de violencia familiar, de acuerdo al Semáforo Delictivo; en ese mismo año la Unidad de Atención a una Vida Libre de Violencia (UAVILI) del propio Instituto, realizó 4 mil 571 servicios, sin embargo, no se especifica en la respuesta vía transparencia el número de personas beneficiadas y contempla todo tipo de violencias.
En el 2022 se reportaron un total de mil 335 casos de violencia familiar, mientras que la UAVILI dio 3 mil 784 servicios. Para el 2023 mil 509 hechos de violencia y la UAVILI prestó mil 685 servicios hasta septiembre.
El dinero se gasta, pero en otras cosas
A través de un informe de la Dirección de Administración y Finanzas del IMMLC del periodo octubre 2021 a septiembre del 2022, se registro la compra de un equipo de telefonía de alta gama, específicamente un Iphone 13 pro max, para la Dirección General, por un monto de 31 mil 999 pesos, así como el seguro para el mismo equipo, por 5 mil 898 pesos. Esta adquisición se realizó en el mes de marzo del 2022.
En el mismo mes, se realizó la compra de un equipo de computación para la Dirección General del Instituto por un monto total de 44 mil 346 pesos.
Otros gastos reflejados en el Instituto son más de 6 mil pesos en medallas y “números” para una carrera conmemorativa; 7 mil pesos por la compra de lonas y cerca de 12 mil pesos en playeras.
En palabras de Dina Margarita de la Paz Araiza, directora de Atención Ciudadana del Municipio de Los Cabos, ésta ha sido una de las áreas encargadas de atender a las mujeres que han requerido algún tipo de apoyo y que en su momento, se les fue negado por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.
Declaró que las usuarias llegan al Palacio Municipal con un oficio dirigido a ella, por parte de María del Rosario Díaz Cinco, en donde se señala que la persona no pudo ser atendida por falta de recursos.
“A veces me la manda la patrulla rosa, a veces me la traen directamente del Instituto de las Mujeres, con un oficio donde ellos me comentan que no tienen presupuesto en ese momento o no pueden cubrir lo que están solicitando, a veces llegan solas a la Dirección de Atención Ciudadana, porque dicen ‘Dina o el alcalde sí ayudan’, entonces, llegan solitas aquí y ya nosotros nos encargamos de darles seguimiento”, compartió.
A pesar de no ser de su competencia directa, esta dependencia también trabaja en colaboración con el Instituto Sudcaliforniano Mujeres del Gobierno del Estado de Baja California Sur, a cargo de Berenice Serrato, para ofrecer préstamos de 20 a 25 mil pesos a mujeres emprendedoras.
El área de Atención Ciudadana ha registrado 29 mil acciones con un total de 82 millones de pesos, de los cuales, un porcentaje va dirigido a las mujeres que requieren un apoyo.
De la Paz Araiza aseguró que al menos una vez por mes se encargan de regresar a una mujer y sus hijos a sus ciudades, incluso, teniendo que enviar primero a las familias y posteriormente sus pertenencias a través de paquetería.
En cuanto a su colaboración con el Instituto, Dina se limitó a comentar, “ella me manda a la ciudadana con una carta de ‘no tengo presupuesto’ o ‘no puedo’ y entonces, yo le compro el boleto de avión, yo los acompaño al aeropuerto a dejar a las ciudadanas, obviamente, nos acompaña una policía, la asistente o trabajadora social de ellos y trabajamos en equipo, de alguna manera, para poder ayudar a la mujer y a la familia”.
“Mal uso de recursos públicos”
El 28 de junio del 2023, la Contraloría Municipal de Los Cabos, a través de su titular, Lorena Berber Olguín, emitió una recomendación para retirar del cargo a María del Rosario Díaz Cinco por dos motivos principales: la denuncia de violencia laboral de los colaboradores de la propia dependencia y lo que calificó como “mal uso de recursos públicos”.
Esa acta fue presentada ante el Cabildo Municipal como argumento para que, en una Sesión Extraordinaria – de carácter privada – realizada el 10 de agosto del mismo año, se concretara la remoción de la funcionaria.
De acuerdo con el escrito de Berber Olguín, se constata que existen 9 denuncias formales ante la instancia a su cargo, 5 por temas administrativos y 4 por temas laborales.
La Contraloría citó en dos ocasiones a la titular de la dependencia, pero en ningún caso acudió.
El documento de este órgano de control destaca que Díaz Cinco se encuentra bajo investigación administrativa con el expediente CM/CCS/INV/012/2023; porque en los años 2022 y 2023 se realizaron compras sin contrato para el Instituto, como lo marca la Ley de adquisiciones Arrendamientos y Servicios de BCS. Por ejemplo, la compra de 13 celulares con un valor superior a los 25 mil pesos cada uno.
También, se habría ejecutado recurso bajo el concepto de obra pública, sin haber realizado el proceso adecuado para su realización. Y pese a la solicitud de la Auditoría Superior del Estado, no se presentaron los informes mensuales de la cuenta pública durante el año 2023 en tiempo y forma.
Todas las acciones anteriores, derivaron a que la Contraloría calificara “faltas graves” durante la gestión de la titular por el incumplimiento en el uso correcto de recursos públicos.
El punto de acuerdo para su remoción fue promovido por el presidente municipal, Oscar Leggs Castro, “En virtud de lo anterior y ante la notoria ineficiencia de la servidora pública en mención y con la intención de generar una dinámica de trabajo más activa (…) y buscar obtener mejor desarrollo y bienestar para el municipio, es necesario remover a parte de este equipo”.
Fue removida del cargo oficialmente el 10 de agosto del 2023 y posteriormente y tras promover un amparo, el 16 de agosto el Juez Primero de Distrito de Baja California Sur fallo a su favor, concediendo su restitución al cargo.
Se solicitó una entrevista con la contralora Berber Olguín, sin embargo, se canceló minutos antes de la cita agendada, con el argumento de que no se podría abordar el tema por la etapa en la que se encuentra la investigación.
El 23 de agosto del mismo año, el alcalde Oscar Leggs Castro declaró que la Sindicatura apeló la decisión del Juez, “Es el derecho que tenemos como autoridad de remover funcionarios que no están dando resultados”, comentó.
Pese a que se ha cuestionado a las autoridades en múltiples ocasiones sobre la actualización del tema, aseguran que aún no hay respuesta del juez. Mientras tanto, la directora sigue al frente del Instituto.
Programas en teoría pero no en la práctica
En el Plan de Trabajo del Instituto de la Mujeres del periodo del 2021 al 2024 se contemplaron proyectos y actividades que permitieran abordar las problemáticas de las mujeres a través de políticas públicas con perspectiva de género.
En este documento se encuentran 5 programas que debían realizarse durante los 3 años de administración, sin embargo, a través de solicitudes de transparencia se constata que no se han cumplido.
El IMMLC informó a través de transparencia que únicamente dos programas están activos, ambos a través de convenios con terceros. Uno de ellos está enfocado en brindar capacitación a las mujeres con diversos talleres y otro, a fomentar programas para evitar la discriminación, pero no especifica a través de qué acciones. En ninguna parte se hace mención sobre los cinco establecidos en el Plan de Trabajo antes descrito.
Además, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación y testimonios obtenidos, hay proyectos fundamentales para salvaguardar la vida de las mujeres en situación de violencia extrema que se dejaron de lado.
El Instituto de las Mujeres cuenta con la Unidad Libre de Violencia (UALIVI) que, en teoría, brinda atención y acompañamiento en áreas de trabajo social, psicología y asesoría jurídica; además de operar un refugio temporal para mujeres e infancias en situaciones de violencia.
Sin embargo, en la práctica se convierte en una opción que no resulta de utilidad por las deficiencias que, de acuerdo a algunos colaboradores afirman, rodean al programa. Para una de las psicólogas – cuya identidad se omite por temor a represalias -, el trabajar en esta dependencia fue complicado, debido a que pudo presenciar cómo la directora “hacía lo posible” para no recibir a las usuarias en el refugio.
La psicóloga explicó que la funcionaria ejerció presión en ella para concluir antes de tiempo sus terapias con las usuarias; que al menos 4 veces al mes la enviaba en su representación a distintos eventos y tenía que cancelar las citas, lo que generaba desconfianza en las usuarias, quienes cancelaban sus tratamientos.
También reportó la falta de una infraestructura adecuada y que garantizara la privacidad y protección de datos, teniendo que brindar la atención en una “palapa” en el patio de las oficinas.
La situación se agravó cuando la propia directora negó en 2022 el ingreso de las mujeres con argumentos como, “hay un brote de Covid”; siendo que ya se había terminado la pandemia en el municipio y los riesgos de contagio eran menores.
“Me dí cuenta de que el Instituto no estaba haciendo lo que debería y me sentía hasta cómplice de seguir haciéndolo, y ese fue uno de los motivos por los que me salí, me daba vergüenza”, compartió la psicóloga.
Maria Elena Rojas Galvan constató las condiciones y la operación del refugio para mujeres víctimas de violencia cuando fue encargada de despacho del Instituto de las Mujeres durante unas semanas en agosto del 2023, tras la remoción de Díaz Cinco como directora.
Los colaboradores le reportaron que eran ignorados cuando se solicitaba la recepción de una usuaria al refugio, porque la titular no delegaba responsabilidades, siendo la única en posibilidad de decidir quién ingresaba para resguardo.
“Teníamos por llegar un huracán y al entrevistarme con las encargadas me doy cuenta de que no se les proporcionaban recursos para alimentación de usuarias, batallaban mucho para tener lo necesario, pero además, las condiciones del refugio era complicadas; visité las instalaciones y constatamos que el techo de una habitación se estaba cayendo y teníamos a una usuaria resguardada en ese momento”, compartió en entrevista.
En el refugio, los colaboradores se encontraron con condiciones no ideales para las víctimas, como falta de despensa básica, poco material didáctico para los menores, no funcionaban los aires acondicionados y no se contaba con un guardia para vigilar el inmueble.
Detectó que hasta ese momento no se habían presentado planes estratégicos en materia de atención a la violencia, sólo había un enfoque asistencial, cuando, por obligación, se debe centrar en la transversalidad de otras instancias para trabajar con perspectiva de género y lograr el empoderamiento, explicó.
Las víctimas sí están solas
El Instituto de las Mujeres dejó descobijada a Ericka cuando más lo necesitaba. El 10 de enero del 2024 fue perseguida, chocado su vehículo y amenazada de muerte por su ex pareja en Cabo San Lucas. Acudió al Instituto, pero lejos de sentirse acompañada, recibió un trato a medias y sin ninguna solución.
“Más que nada, yo quería que me asesoraran, en esos días tenía demasiado miedo, no sabía qué hacer, quería que alguien me orientara; promueven tanto el Instituto, y por el trato que recibí, pues no, salí muy decepcionada”, señaló en entrevista para esta investigación.
Contó que al llegar a las oficinas en Cabo San Lucas, la secretaria la atendió de manera apresurada y la turnó con un abogado, quien le dijo que no podrían ayudarla porque era un caso en materia penal. Sin recibir nada más que el número de un abogado particular, la usuaria se fue y decidió hacer público su caso en redes sociales, a manera de clamar ayuda.
Después de que su caso se viralizó, una persona que se presentó como trabajador del Instituto de las Mujeres le recomendó que solicitara ayuda ahí; ella le expuso que no la había recibido cuando la solicitó y a los días, se comunicaron para ofrecerle atención psicológica, pero la rechazó por temor a salir a las calles y encontrarse a su agresor.
La experiencia de Ericka con el Instituto terminó ahí, sin apoyo, sin contención ni acompañamiento en uno de los momentos más difíciles de su vida.
Una joven mujer, que prefirió mantenerse anónima para evitar represalias, contó que en 2022 vivió una situación en el IMMLC que la hizo sentir revictimizada, al punto que la desanimó a denunciar a su agresor.
La joven relató que acudió al Instituto con la única intención de asesorarse legalmente para levantar una denuncia por un delito que sufrió. En su primer acercamiento fue atendida por una mujer, quien le señaló que no se podría hacer nada porque “ella seguía con vida” y le recomendó proceder por un delito distinto.
Posteriormente, la canalizaron con el abogado del Instituto, Sergio Burgion Pimentel, pero la experiencia se tornó más traumatizante. La usuaria narró que Burgoin le dijo que desconocía qué podía hacer o no hacer, y en lugar de darle asesoramiento le pasó el contacto de un colega “que no cobraba tan caro”.
El otro abogado recomendado resultó ser el papá del trabajador del Instituto, quien también lleva el nombre de Sergio Burgoin.
La mujer decidió desistir de la solicitud de apoyo al IMMLC, pero meses después fue contactada por trabajadores del mismo Instituto para pedirle que declarara en contra de Sergio Burgoin Pimentel (hijo) porque estaban armando una averiguación sobre presunta corrupción. A pesar de negarse, considera que fue hostigada para que lo hiciera.
“Era un hostigamiento fuerte, todos los días hablándome porque me dijeron que le descubrieron al abogado muchos delitos. Me dijeron que era como mi obligación ir a atestiguar en contra de este señor para que lo pudieran suspender o retirar de su cargo; me dijeron que la directora solo buscaba mi participación”, explicó.
Hasta la fecha, la usuaria no obtuvo justicia por su caso y el abogado Sergio Burgoin Pimentel fue removido de la dependencia y enviado a laborar a la Dirección de Seguridad Pública.
Una mano amiga
Como fundadora del Instituto de la Mujer en Los Cabos y de la Asociaciòn EQUIDE, Georgina Hernández Beltran ha tenido que atender personalmente a víctimas de violencia que buscaban algún apoyo, pero no pudieron obtenerlo en la dependencia municipal.
“Vienen personas a buscarme para que les apoye, para un asesoría, para que las guíe, cuando les pregunto si ya fueron al Instituto me dicen que no les resuelven, ahí me enteré que no se estaba atendiendo como debería ser y posteriormente me enteré que el personal era maltratado”, relató.
Georgina Hernández comentó que el Instituto de las Mujeres de Los Cabos es resultado del trabajo arduo que viene desde la sociedad civil para incidir en políticas públicas de género, a falta de otra instancia pública que se enfocara en esta materia y del poco conocimiento de la perspectiva de género en la procuración de justicia.
“Creo que fue un error haber elegido a una persona con cero perfil, pero también con cero disposición para trabajar. Todo esto ha llevado al truene de una institución tan noble. Rememorando lo que ha significado esta Institución, como para que llegue alguien y le de una patada”
Dijo que ha habido un impacto directo al Ayuntamiento de Los Cabos y su personal, pues se ha fallado en el objetivo de transversalizar una visión con perspectiva de género en la parte institucional hacia todas las dependencias municipales.
A través de la Asociación se levantó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) , que resultó procedente con 12 recomendaciones hacia Díaz Cinco.
Violencia desde el interior
El 22 de agosto del 2023, 16 trabajadores del Instituto de las mujeres realizaron una rueda de prensa para dar a conocer públicamente denuncias por el actuar de Díaz Cinco como directora y en relación al trato hacia los colaboradores de la dependencia.
Algunos de ellos trabajan o trabajaron en el Instituto casi desde su creación en 2005 y por lo menos una decena de ellos renunció a partir de la llegada de la funcionaria como titular, debido a que fueron violentados por ella, según expresaron.
Los señalamientos que hicieron en su contra incluyen: hostigamiento, discriminación, amenazas e intimidación y ataques verbales.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se solicitó al municipio de Los Cabos el número de denuncias interpuestas contra María del Rosario Díaz Cinco.
Hasta octubre del 2023, la Coordinación Social de Contraloría Municipal reportó la existencia de ocho denuncias, por ahora en etapa de investigación, asentadas en los números carpeta: CM/CCS/005/INV/2023; CM/CCS/006/INV/2023;CM/CCS/007/INV/2023 ; CM/CCS/008/INV/2023; CM/CCS/009/INV/2023; CM/CCS/010/INV/2023; CM/CCS/011/INV/2023 y CM/CCS/012/INV/2023.
Violación de Derechos Humanos
En diciembre del 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) emitió la recomendación 05/2023 dirigida al Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos porque acreditó la violación al derecho de una persona a no ser sometida a acoso laboral.
“El trato se volvió violento, injusto, intimidatorio, amenazante, de exclusión y de odio, me sentí amedrentado y mal emocionalmente, hasta llevarme al llanto”, consta entre las quejas mostradas en la observación de la CEDHBCS.
La CEDH tomó en cuenta la evidencia presentada por los trabajadores, y señaló que la directora resultó ser “omisa” porque no presentó un informe negando los hechos, ni aportando evidencias y no emitió una respuesta que excluyera la calificación de las conductas denunciadas.
Por ello, determinó como ciertos los hechos denunciados y recomendó una serie de acciones al Instituto como: La ejecución de un plan de reparación integral del daño e indemnización de la víctima, la emisión de un protocolo de actuación ante el acoso laboral e informar su aplicación, hacer exámenes médicos y evaluaciones psicológicas al personal que lo requiera, entre otras.
Oportunidades desperdiciadas
La relación que Díaz Cinco sostuvo con sus colaboradores después de las quejas presentadas significó la pérdida de un apoyo de 200 mil pesos que otorga el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres, como medida afirmativa para apoyar a las instancias municipales para que se pongan en marcha acciones y programas en favor de las mujeres.
En el primer trimestre del 2023, el encargado de la Dirección de Gestión de Programas y Políticas Públicas para Igualdad del IMMLC, Jesús Joaquin Escobar, presentó el proyecto y documentación jurídica para bajar el recurso, pero en abril presentó una serie de quejas ante Contraloría Municipal y desde ese momento la directora se negó a colaborar con él.
El recurso federal se depositó por un monto de 200 mil pesos en junio del 2023, por lo que el Instituto tenía un periodo de 5 meses (de esa fecha a noviembre) para ejecutar el dinero y mandar los comprobantes para dar a conocer en qué se invirtió. Sin embargo, el encargado del proyecto se fue por licencia de paternidad y la directora no asignó a nadie para su ejecución.
El Instituto de las Mujeres tuvo que regresar los 200 mil pesos a la federación porque el proyecto no fue aprobado y el recurso no se ejerció.
“Nunca antes se había regresado el fondo federal que se recibe desde el 2011”, dijo el funcionario, que en los últimos dos años se destina para apoyar a que las mujeres terminen su primaria, secundaria y preparatoria.
“En esta administración no sólo fue el proyecto federal, sino que también se dejaron de hacer muchas cosas que en la actualidad tienen hundido al Instituto, creo que, con un poco más de madurez de quien dirige, hubiéramos podido sacarlo adelante”, compartió Jesús Joaquín Escobar.
En una reunión realizada en diciembre del 2022, elementos de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia Familiar y de Género de Seguridad Pública Los Cabos, señalaron que preferían canalizar a mujeres en situación de violencia al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres porque consideraban que recibían mejor atención, de acuerdo con un informe del IMMLC dirigido a la titular.
Uno de los colaboradores presente en la reunión cuestionó a los elementos policiales sobre sus comentarios, la respuesta de ellos fue que siempre que acudían a solicitar el resguardo de una mujer en situación de violencia extrema les ponían muchas trabas y no se les resguardaba.
Para el propósito de esta investigación se buscó a Díaz Cinco en el Instituto durante su horario laboral y no se encontró.
Su asistente comentó que la directora solo acude a las instalaciones cuando tiene una cita agendada o de manera esporádica y por breves lapsos de tiempo, en ocasiones solo una vez cada quince días.
Diaz Cinco accedió a ser entrevistada vía telefónica, en donde negó que hubiera ejercido algún tipo a violencia laboral sobre los colaboradores a su cargo; insistió en que las denuncias en su contra se dieron “como parte de una guerra sucia para manchar su nombre y honorabilidad, así como la imagen del propio Instituto”.
La directora expresó que a su llegada a la dependencia observó un deterioro, pues no se contaba con las suficientes herramientas de trabajo, desde mobiliario, hasta equipos de cómputo, justificando así la compra de 13 teléfonos de gama alta, que aseguró, se entregaron a los coordinadores.
La funcionaria narró que convocó a los 22 colaboradores para que pusieran la queja ante la Contraloría Municipal y posteriormente, en un “careo”, se descartó que las quejas pudieran proceder.
“Del resto de las quejas que supuestamente habían presentado en Contraloría y las cuales se les dieron respuesta puntualmente dentro de tiempo y forma y de forma legal, van en esa misma línea, ninguna por violencia, absolutamente ninguna, en lo personal, la gran mayoría de las personas me conocen, saben que no sería capaz de ejercer violencia contra compañeros y compañeras”, puntualizó
Sobre la recomendación emitida por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se reconoce que los colaboradores son víctimas de violencia laboral, Díaz Cinco refirió que desde su perspectiva, la CEDH no cuenta con la facultad de apoyar a los trabajadores, pues son funcionarios públicos y la Comisión “solo apoya a otro tipo de ciudadanos”.
Agregó que ella interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos como “afectada por las situaciones creadas para manchar su honorabilidad”.
En cuanto a las razones por las cual se pidió su destitución, en donde se señalan irregularidades en el manejo de los recursos públicos, aseguró no haberse prestado “a ningún acto de corrupción”
La funcionaria argumentó que las razones para no destinar más recursos a apoyos sociales y de asistencia para las mujeres, es porque la Tesorería Municipal ha dejado de pagar los recursos anuales correspondiente para el Instituto en más de una ocasión y afirmó que de sus recursos personales tuvo que realizar el pago de los recibos de luz de las oficinas.
“El año pasado, (durante) varios meses hubo irregularidades muy fuertes, en el mes de enero del 2023 el presupuesto asignado no se depositó el subsidio, en el mes de febrero del 2023 no se depositó el subsidio y en marzo se nos depositó el mes de enero; estuvimos todo el mes de enero y febrero sin un peso y lo puedo comprobar porque hicimos las denuncias correspondientes penales. Hasta seis meses sin recibir un solo centavo”, dijo.
Pese a la insistencia para poder ver u obtener una copia de dichas denuncias penales, no se logró verificar la información, ya que la directora no las proporcionó.
Sin embargo, a pesar de sus acusaciones sobre la falta de asignación de recursos para solventar el gasto corriente, la titular admitió haber comprado 5 vehículos del año en el 2022 para las áreas operativas del Instituto.
Así mismo, negó que hubiera rechazado a alguna usuaria para que pudiera acceder al refugio y aseguró que actualmente está funcionando de manera regular y en óptimas condiciones con muebles, colchones y comedor nuevos.
En relación a los programas del Plan de Trabajo que no se han ejecutado en la forma que correspondía, de nuevo declaró que los malos comentarios y denuncias parten de una campaña en su contra.
“Yo puedo decir de mi desempeño que hemos puesto todo y más que el alma y que vamos a continuar por la lucha de la Cuarta Transformación (…). En mi caso, traigo la camiseta bien puesta, están los testimonios de miles de mujeres que están felices de verdad, acabo de recibir un reconocimiento por estar entre las 100 líderes a nivel nacional gracias a mi desempeño dentro del Instituto”, aseguró Díaz Cinco.
