La masacre de los 72 en San Fernando, una herida abierta que aún duele
Perla Reséndez
SAN FERNANDO, Tam.- De los asesinatos masivos que se tiene noticia en México, la masacre de los 72 migrantes en San Fernando a 147 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, la noche del 22 de agosto del 2010, es tal vez la más grande ocurrida en los tiempos modernos.
A 11 años de estos hechos, la falta de justicia para las víctimas es evidente, tal parece que se apuesta a que el olvido entierre el caso y dar paso a la impunidad. Lo último que se sabe de estos hechos es que 15 personas fueron procesadas, pero aún falta investigar el papel de la policía local en estos hechos.
San Fernando es una herida abierta para todos los que tienen un desparecido, “oficialmente” hay 11 mil 527 desaparecidas y que su último contacto ocurrió en algún punto de Tamaulipas. Mil 672 son menores de 18 años.
La masacre de San Fernando ocurrió en la coyuntura de un rompimiento del Cartel del Golfo con su brazo armado, los Zetas.
De acuerdo con documentos de Sedena, los Zetas nacieron en 1997, cuando en acuerdo, entre Estados Unidos y México, se acordó incluir a militares en el combate al narcotráfico en Tamaulipas.
El equipo “Zeta”, de la Policía Judicial Federal, encargada entonces del combate al narcotráfico en ese entonces, estaba al mando del Cabo de Infantería Arturo Guzmán Decena.
A los pocos meses, Guzmán Decena se puso a las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén, quien utiliza a los Zetas como escoltas y brazo armado y conquistar nuevos territorios; y para el 2010, deciden formar un nuevo cartel, por lo que rompen con el Cartel del Golfo
En febrero del 2010, las alertas para las autoridades estaban ya en rojo, las autoridades informaban de la muerte violenta de 19 personas en menos de 72 horas, provocando el cierre de las oficinas consulares de Estados Unidos en Reynosa.
Se restringieron los viajes de funcionarios diplomáticos de ese país a Reynosa por razones de seguridad y el entonces alcalde de esa ciudad, Óscar Luebbert, reconoció el rompimiento interno entre los grupos criminales y la asociación estatal de padres de familia, reportó que el 80 por ciento de los alumnos de escuelas particulares no asistieron a clases.
Los reportes de enfrentamientos se multiplicaban en zonas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Valle Hermoso, principalmente y el gobernador Eugenio Hernández, pidió el apoyo de soldados y policías federales.
A poco más de 140 kilómetros de manera silenciosa se gestaba otra tragedia; San Fernando, un municipio con 95 mil habitantes en poco más de 6 mil kilómetros cuadrados no se atreve a si quiera susurrar lo que sucede a la vista de todos.
Por este municipio cruzan en autobuses, cientos de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, buscando una mejor oportunidad de vida para ellos mismos y sus familias que esperan en países, principalmente de Centroamérica.
En uno de esos autobuses que llegó ese 22 de agosto a la central de autobuses en San Fernando a 179 kilómetros de Victoria, la capital del estado, llegó Fredy Lala Pomadilla, joven ecuatoriano de entonces 17 años, que también perseguía sueños de una vida mejor para su familia.
Un grupo de pistoleros a bordo de varias camionetas, los bajaron a punta de pistola, y se los llevaron secuestrados a un galerón abandonado en un rancho del ejido El Huizachal, a un costado de un camino vecinal.
Después de robarles sus pertenencias, interrogarlos a punta de golpes, para saber si no iban a emplearse con sus rivales, el Cartel del Golfo y mancillar a las mujeres del grupo, les ofrecieron mil dólares por quincena por trabajar para ellos.
El grupo de migrantes lo conformaban 60 hombres y 14 mujeres, de Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil y la India, todos huyendo de sus países por diferentes causas, compartían el mismo sueño, una vida mejor, trabajando en Estados Unidos.
Al negarse al ofrecimiento para emplearse con el grupo criminal, les vendaron los ojos y los amarraron por la espalda en grupos de cuatro, según el relato del joven Fredy Lala, uno de los dos sobrevivientes esa noche violenta.
“Sólo recuerdo que se escucharon los lamentos y las súplicas de algunas de las personas que estaban ahí, luego oí disparos y cuando terminó todo y se fueron me levanté para pedir ayuda”, reportó parte del relato del joven ecuatoriano, el periódico Reforma, en esa época.
La bala que le dispararon al joven, entró por el cuello y salió por la mandíbula, fingiendo estar muerto, permaneció inmóvil hasta que escuchó que los pistoleros se fueron del lugar.
Como pudo se incorporó y vio a otro joven, Noé Martínez de Honduras, quien, entre la confusión, pudo esconderse, por lo que no recibió ningún disparo y juntos empezaron a caminar hacia donde veían luces.
En un punto del camino se separaron, tal vez Noé creyó que Fredy no lograría sobrevivir porque iba herido y lo dejó atrás; Fredy Lala relató que siguió caminando toda la noche, hasta que encontró a unas personas, pero no quisieron ayudarlo.
Continuó caminando durante la madrugada, hasta que vio a unos elementos uniformados, eran elementos de la Marina a quienes les contó lo sucedido en el galerón; un día después (24 de marzo) las autoridades reportaron el hallazgo de 72 cuerpos con múltiples disparos en el cuerpo y el llamado, tiro de gracia.
Organizaciones internacionales de migrantes, han dicho que México es el país más violento del mundo para los migrantes en tránsito; para los grupos delictivos es una actividad muy lucrativa, incluso más que el tráfico de drogas.
Fredy Lala Pomadilla pagó 11 mil pesos a un pollero en su país, en 2010, ese pollero, debió pagar a su vez al Cartel del Golfo para que le permitieran el paso de las personas que llegarían a Estados Unidos, esto se hacía desde 2005.
Sin embargo, ante el resquebrajamiento interno en el grupo criminal, quienes encontraban a indocumentados, comenzaban a cobrarles directamente, quienes no tenían para pagar el “derecho de paso”, lo secuestraban hasta que la familia pagaba el rescate, sino, lo obligaban a “trabajar” o lo mataban.
En 2010, ya con un rompimiento más abierto y frontal entre el Golfo y los Zetas, los migrantes quedaron indefensos y eso continuó por años, como se pudo constatar apenas ocho meses después, cuando el 1 de abril del 2011, se reportaron los primeros hallazgos de fosas clandestinas en diferentes puntos de San Fernando.
De manera oficial se informó de 48 fosas con 196 cuerpos, sin embargo, se especula que puede haber muchos más, incluso más de 500, como denunció la activista Isabel Miranda de Wallace.
Entre los detenidos por la “Masacre de los 72”, con acusaciones por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas, corrupción de menores, homicidio calificado en perjuicio de 12 migrantes, se encuentran José Gustavo Blanco Padilla “El Pizarrón”.
Eduardo Ramsés Pérez Rico; Juan Manuel Cano Hernández, “La Bestia”; Jesús García Alfaro, “Chalino”; Edgar Sesma Vega “Gafe”, a quien el 4 de marzo del 2013 se le decretó la extinción de la acción penal y sobreseimiento por fallecimiento.
Víctor Alfonso Reséndez Zertuche, “El Vico”; Jesús Vargas Rodríguez, “La Pulga”; Manuel Vázquez Chávez, “El Carlitos”.
Los ocho, fueron detenidos entre el 24 de agosto del 2010, el día que personal de la Marina localizó los cuerpos de los 72 migrantes en “El Huizachal” y el 7 se septiembre de ese mismo año.
En 2012 se sumaron a la lista de responsables de la masacre y acusados de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, homicidio calificado en grado de tentativa (en contra de los dos sobrevivientes) y homicidio calificado, Édgar Huerta Montiel “El Wuache”; José Pedro Castañeda Arellano, “Comandante Chamaco”; Martín Omar Estrada de Luna o Martín Omar Estrada de la Mora “El Kilo”; Román Ricardo Palomo Rincones, “El Víctor” o “El Coyote”.
Cuitláhuac Montoya Torres, “Degollado”; José Guadalupe Reyes Rivera, “El Sasi”; Juvenal Burciaga Venegas, “El Alacrán”; y en octubre de ese mismo año, fue detenido Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “La Ardilla”, presunto jefe regional de los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce de una sentencia por esta masacre, ni se investigó la participación de la policía municipal en estos hechos.
Solo en Ecuador, donde se detuvo a dos polleros, Carlos Heriberto Guzmán, sentenciado a 8 años de prisión por tráfico de personas en agravio de Rosa Amelia Panza Quilli y a José Arcesio Vázquez Marín por el tráfico de Fredy Lala Pomadilla y Telmo Leónidas Yupa Chimborazo, también de 17 años, cuando sucedió la masacre.
A 11 años de la masacre, nueve cadáveres permanecen sin identificar, al menos 26 de las víctimas eran de Honduras, 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, 5 de Ecuador, 4 de Brasil y 1 de la India.
