La última foto de los defensores de Aquila

La imagen muestra a Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia la mañana del día en que desaparecieron. Aunque el análisis de la fotografía podría contribuir a establecer su paradero e identificar a los culpables del delito, según especialistas, la FGR se niega a integrarla a la investigación y a hacer un peritaje del celular de uno de los detenidos

Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos

Horas antes de su desaparición, el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el profesor y líder comunal Antonio Díaz Valencia fueron fotografiados en Aquila mientras desayunaban. Tres días después, sus familiares vieron por accidente en la pantalla del celular de un funcionario esa imagen, que podría ser la última de los defensores.

La fotografía fue tomada el domingo 15 de enero de 2023, alrededor de las nueve horas, en el comedor de la casa de un comunero. En el desayuno estuvieron también presentes Uriel Gutiérrez de la Cruz, de 37 años, minero de profesión, quien el pasado 20 de septiembre fue elegido presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad michoacana, y Luis Zapién Meraz, de ocupación fontanero, junto con su familia; ambos pertenecían al grupo de comuneros, propietarios de tierras concesionadas a la minera Las Encinas, que lideraba el profesor.

En la imagen es posible observar cómo iban vestidos Lagunes Gasca y Díaz Valencia el día en que fueron interceptados, secuestrados y desaparecidos por un comando armado en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, cuando se dirigían a Colima después de participar en una asamblea comunal en Aquila. Ambos defensores mantenían una lucha social y legal contra la trasnacional Ternium, que opera la mina.

Aunque se desconoce la finalidad con que fue tomada, se presume que la fotografía fue enviada a los perpetradores. “Esa foto fue captada en la mañana del día en que los desaparecieron. Pensamos que era para los halcones, para que los ubicaran”, señala una fuente cercana al caso que, al igual que otras dos personas consultadas para este trabajo, pidieron no ser nombradas por razones de seguridad.

En la foto se ve al abogado vestido con una camisa de rayas rojas y blancas, y una chamarra negra. Está sentado, desayunando. Al fondo se observa inclinado al profesor nahua, vestido con un pantalón gris, camisa clara y sombrero. Ninguno mira hacia la cámara.

La fotografía, que por el ángulo podría haber sido tomada por una persona sentada frente a Lagunes Gasca, estaba en poder del fiscal especializado en Desaparición de Personas de Colima, Héctor Javier Peña Meza, quien no informó sobre su existencia ni la presentó como prueba para incorporarla a la carpeta de investigación.

La foto del líder nahua y el abogado fue tomada la mañana del día en que desaparecieron, cuando desayunaban en la casa de un comunero. (Especial)

“¿Cómo la obtuvo? ¿Quién se la envió? ¿Por qué la tenía? No se sabe nada de eso. Evitó decirlo, solo confirmó que era de ese día y pidió discreción cuando la vieron en su celular”, señala la misma fuente.

Es una pieza crucial para el caso. Pero a más de ocho meses de la desaparición de los defensores, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, se ha negado a integrar la foto a la carpeta de investigación y a solicitar el análisis de los metadatos, que permitirían confirmar la fecha y la hora en que se tomó, con qué teléfono móvil o cámara, el tamaño de la imagen, e incluso si se usó o no zoom. “Se presentó como prueba, pero la fiscalía especializada no la ha querido integrar y no dicen por qué se niegan”, agregó la persona entrevistada.

Esta información fue corroborada con otras dos fuentes cercanas al caso, quienes explicaron que, aunque se interrogó a tres personas que estaban desayunando ese día con los defensores, no ha habido ninguna investigación derivada de la existencia de la fotografía.

“No hay peritajes, no se vislumbran pedidos oficiales de investigación ni se informa qué se ha hecho al respecto. Solo les preguntaron [a las personas] si estaban presentes en el desayuno, y no investigaron más”, señaló una de las fuentes. “Parece ser la foto entregadora que dice ‘así están vestidos, para que no haya errores y agarren a otros’. Hay la sensación de que debería haber una segunda foto, [con] la [imagen] de Antonio más clara, porque está muy atrás”, afirmó la segunda fuente consultada.

Pero las autoridades federales no solo se han negado a investigar e integrar como prueba la fotografía, sino que han dejado fuera del caso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pese a que tiene abierta una carpeta de investigación y desde el 7 de febrero ofrece una recompensa de 500,000 pesos para quien aporte información que permita localizar a los defensores. “El expediente de Michoacán no lo integró la FGR y, por tanto, la investigación no abarca Michoacán. Es un nudo de corrupción entero”, dijo una de las fuentes, quien consideró que estas acciones buscan proteger a la minera, cuyos directivos llegaron a amenazar al abogado y al profesor.

Díaz Valencia y Lagunes Gasca intensificaron en los últimos cinco años su lucha social y legal en contra de Ternium para obligarla a cumplir el pago de regalías de 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que extrae la minera —según datos de 2017— y a saldar un adeudo superior a tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras, en cumplimiento de los convenios firmados en 2012 y 2017. Díaz Valencia lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca.

Desde 2019 también sostenían una lucha legal ante el Tribunal Agrario Unitario (TUA) 38 de Colima contra un grupo de alrededor de 200 pobladores, de quienes solo 40 son comuneros propietarios de las tierras concesionadas. Uno de sus líderes es José Cortés Ramos, alias Cochelo, exedil de Aquila y uno de los dos detenidos por el caso, acusados del delito de desaparición cometida por particulares.

Cortés Ramos, junto con otros comuneros del conocido como grupo minoritario, se ostentaban de manera ilegítima –pues no habían sido elegidos por la asamblea comunal ni cumplían con lo establecido en la Ley Agraria–  como representantes de la comunidad con derecho a regalías por parte de la minera.

El grupo mayoritario, encabezado por Díaz Valencia, ha acusado a estos comuneros de alinearse con la empresa e intentar frenar durante años la elección del comisariado por no convenir a sus intereses.

La omisiones en la investigación para conocer el paradero de Lagunes Gasca y Díaz Valencia incluyen también la falta de un plan de búsqueda y de un análisis de contexto por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda; tampoco se han presentado los dictámenes forenses de los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, y las autoridades se han negado a analizar el celular de Cortés Ramos.

Tras su arresto, Cortés Ramos señaló a las autoridades tres predios de Cerro de Ortega, donde posteriormente se localizaron fosas clandestinas y se recuperaron restos humanos. Las familias acudieron a la búsqueda en campo a esa zona, pues se pensaba que podían hallarse los cuerpos de los defensores, pero hasta ahora no les han entregado los dictámenes forenses de los restos encontrados.

Pese a esto, su vehículo no ha sido decomisado, no se han recabado posibles indicios en su casa, y su móvil sigue sin ser analizado por la FGR bajo el argumento de respetar su privacidad y porque no cuentan con el equipo tecnológico ni la capacidad técnica para hacerlo, señaló uno de los entrevistados.

“No han revisado el celular de Cochelo, la fiscalía [FGR] se ha negado, dice respetar su privacidad y que no han podido acceder [al contenido]”, precisó. “En este punto, el temor es que lo dejen libre sin que haya aportado información. Vemos como prioridad tener esa información, nos importa mucho que se abra el teléfono, se conozca con quién hablo, las llamadas, mensajes y las fotografías que tiene, porque eso puede dar pistas para conocer el paradero”.

Además, se tiene conocimiento de que la FGR busca desestimar el delito de desaparición forzada, relacionado con su actividad como defensores, pese al posible involucramiento de agentes del Estado (por acción u omisión) en el hecho, y descartar como línea de investigación la lucha que sostenían contra la empresa Ternium –perteneciente al grupo italoargentino Techint–, para reclasificarlo como desaparición cometida por particulares, lo que alejaría las pesquisas de la minera.

Una pieza clave   

Un abogado consultado por este medio sobre la importancia de la fotografía para la investigación, considera que, en el caso del abogado y el profesor, debido a que en su desaparición están implicados intereses de industrias extractivas y grupos criminales –en la zona operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos–, esa imagen representa una prueba crucial para obtener respuestas sobre los autores intelectuales y, sobre todo, conocer el paradero de las víctimas.

“¿Qué significa esa foto? Significa poner una pieza más del rompecabezas del plan. La importancia de la foto es que podría dar muchas líneas [de investigación] hacia el plan de la desaparición. Esa foto puede ser una bisagra, dice mucho no solo por la imagen, sino por los datos que puede aportar. Es una prueba muy importante, todo lo que son fotos o videos de ellos con vida son cruciales; pueden dar la respuesta”.

De acuerdo con el especialista –que por seguridad pidió el anonimato–, la imagen debe analizarse no solo desde que fue captada, sino con una perspectiva amplia que lleve hacia los momentos previos a la desaparición de los defensores; es decir, examinar toda la actividad registrada en el teléfono que se utilizó, antes y después de la desaparición ocurrida el 15 de enero.

“Ese celular con que fue tomada la fotografía se debe mirar hacia atrás, entrecruzar toda la información, llamadas, mensajes. Se tiene que reconstruir todo alrededor de esa foto, incluso la movilidad, las horas y fechas. Es decir, esa foto va a llevar a un celular: ¿de quién es? Ese celular va a llevar a quién se le envió la foto y a cuándo se envía, con quién se habló antes y después de la foto, ¿hubo mensajes?, ¿qué dicen esos mensajes? Es una desaparición que tiene un esquema de planeación y preparación mucho más complejo; se requiere empezar a comprender la complejidad del plan y preguntar: ¿quién se beneficia con la desaparición de los defensores?”.

Explicó que realizar una línea de tiempo de la desaparición a partir de esa fotografía aportaría al caso la comprensión de quién es quién en el rompecabezas de los distintos actores implicados, en qué medida participaron en la desaparición, cuáles son los intereses de cada uno, quién se beneficia y de qué forma de la ausencia de Lagunes Gasca y Díaz Valencia. “Es dirigir una mirada hacia atrás, mínimo de los teléfonos con esa fotografía, y después hacer un gran mapa de correlaciones. Es una foto muy importante para dilucidar más el plan [que hay] detrás. Esa foto da al menos una línea de quiénes ayudaron en la desaparición”.

Consultada sobre el tema, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, que acompaña el caso, consideró que la recolección, protección y análisis de todos los datos que puedan conducir a saber qué pasó, dónde están los defensores, y quiénes son los responsables intelectuales y materiales de su desaparición, debe ser prioritaria.

“Es deber del Estado recuperar de inmediato la mayor cantidad de pruebas videográficas, fotográficas, de aparatos electrónicos, de comunicaciones telefónicas y de mensajería, y cualquier otro indicio que agilice la búsqueda y ayude a localizar a las víctimas de desaparición forzada”, señaló Thomas Antkowiak, director del organismo.

“Cuando se logra recuperar este tipo de material”, agregó, “debe someterse a peritajes serios, con los más altos criterios científicos y técnicos, que ayuden a armar el rompecabezas que supone una desaparición forzada de defensores de derechos humanos como Ricardo y Antonio”.

Por ello, ante la falta de equipo técnico de la FGR, señaló, “el Estado debe recurrir a peritajes técnicos independientes y a la asistencia técnica internacional en el momento en que tome conciencia de que sus capacidades domésticas no pueden lograr recabar la información más importante que pueden arrojar las pruebas de este tipo”.

“Los análisis científicos de todas las fotos y los videos de las víctimas con vida antes de desaparecer deben dar respuestas certeras sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar [del hecho], y permiten dilucidar las redes de planeadores, ejecutores y encubridores que conllevan estos casos. Deben protegerse de forma tal que no sufran alteraciones que obstaculicen el conocimiento de la verdad”, advirtió Antkowiak.

Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy, organización que también acompaña el caso, reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, a través de sus medidas cautelares y acciones urgentes, exigieron al Estado que investigue la desaparición forzada  de los defensores de forma exhaustiva y cuente con un plan integral de búsqueda, tomando en cuenta el contexto, el trabajo que realizaban cuando sucedió el hecho, y abriendo todas las líneas de investigación pertinentes.

La marcha del pasado 15 de febrero, en la que se exigió la localización de los defensores, recorrió desde la Segob hasta el Paseo de la Reforma. (Oliver Méndez/Obturador MX)

Eligen comisariado comunal

El pasado 20 de septiembre, tras cuatro años de lucha jurídica de Lagunes Gasca y Díaz Valencia para que el TUA y la Procuraduría Agraria (PA) de Michoacán ordenaran la elección del Comisariado de Bienes Comunales, debido a que la anterior directiva no había sido votada de forma legal, se realizó en Aquila la asamblea comunal en la que fue elegido Uriel Gutiérrez de la Cruz como nuevo presidente del comisariado.

En la elección, que se concretó en la segunda convocatoria –después de que la primera, programada para el 10 de septiembre, fuera pospuesta por amenazas, cooptación y compra de votos–, participaron 299 comuneros de los 745 reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional como propietarios de tierras en Aquila, es decir, solo el 40 por ciento. De estos, 175 votaron por la planilla blanca encabezada por Gutiérrez de la Cruz, uno de los comuneros que desayunó con Díaz Valencia y Lagunes Gasca el día de su desaparición.

El comisariado quedó integrado también por Alfredo Analco Manjarrez, como secretario, y Marcelino Vázquez Zapién como tesorero. Mientras que el Consejo de Vigilancia será encabezado por María Guadalupe García Guerrero como presidenta, y Teresa Suárez Mejía, quien fungirá como primera secretaria.

La elección del comisariado se realizó tres meses después de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito de Morelia fallara a favor de los comuneros representados por Díaz Valencia y Lagunes Gasca en el juicio de amparo 449/2019. La sentencia ordenó al TUA y a la PA emitir la convocatoria para la elección del nuevo comisariado, el órgano de representación común y vigilancia que el líder nahua aspiraba a presidir.

El candidato de la otra planilla fue Daniel Magaña Godínez, quien no logró acreditarse como comunero y es integrante del grupo minoritario.

Piden mecanismo a la ONU 

Representantes de las familias de los defensores, como Asesoría y Defensa Legal del Sureste, fundada por Lagunes Gasca, y Global Rights Advocacy, presentaron ante el CED un escrito en el que amplían la información sobre el caso y solicitan que emita una serie de recomendaciones al Estado mexicano.

Durante su participación en la sesión 447 del CED, realizada el 13 de septiembre, los representantes se enfocaron en solicitar al comité que, mediante el trabajo de integrantes de la ONU presentes en México con acceso a las carpetas de investigación y a las acciones de búsqueda, active mecanismos extraordinarios de justicia para el país y lleve a la asamblea general de la ONU las desapariciones forzadas como una práctica sistemática.

En un documento de 14 páginas solicitan que se implemente un mecanismo extraordinario de recuperación humanitaria que utilice tecnología avanzada y recurra a la cooperación internacional para aumentar la posibilidad de hallar a los defensores de forma rápida y efectiva.

Asimismo, pidieron hacer recomendaciones para la protección de defensores, presentar la guía de debida diligencia de las empresas localizadas en zonas de desapariciones, informar ante la asamblea general la situación generalizada de impunidad en México e impulsar una comisión de investigación que atienda las causas estructurales de las desapariciones forzadas y evidencie en qué grado intervienen las autoridades, el crimen organizado y los intereses económicos de las industrias extractivas.

**Foto de portada: Al cumplirse un mes de la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, sus familiares y amigos organizaron una protesta en la Secretaría de Gobernación y reclamaron su presentación con vida. (Oliver Méndez/Obturador MX)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

*Analy Nuño es una periodista independiente y fixer, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara. Actualmente forma parte del equipo de investigación periodística del proyecto A dónde van los desaparecidos.