Programa federal de Créditos a la Palabra operó con irregularidades en Nuevo León
Durante la pandemia de Covid-19, el gobierno federal entregó créditos de apoyo a negocios sin verificar que las personas que recibieron los recursos tuvieran algún emprendimiento, pese a que este era uno de los requisitos, y sin establecer mecanismos efectivos para su reembolso.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Daniel Anguiano
El Gobierno federal entregó en Nuevo León, entre los años 2020 y 2021, cerca de 93 mil 097 créditos de apoyo a negocios, por un monto total de 2 mil 327 millones 425 mil pesos que forman parte del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, creado con el fin de ayudar económicamente a la población durante la pandemia del Covid-19, según el padrón de beneficiarios de esa entidad, obtenido vía transparencia.
Sin embargo, las secretarías de Economía y el Bienestar federales —encargadas de operar el programa— entregaron los apoyos sin comprobar que los beneficiarios neoleoneses fueran propietarios de emprendimientos o microempresas, pese a que era un requisito en las reglas de operación, esto de acuerdo con testimonios y con los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública del 2020.
Además, en el mismo informe, la Auditoría detalló que las dependencias no delimitaron los criterios para el reembolso de los créditos, algo que se refleja en la cantidad dinero recuperado que, hasta abril de 2022, había alcanzado apenas el 8 por ciento del total entregado a nivel nacional, según reveló el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SE, Alejandro Rosas, en entrevista para El Ceo, un medio de comunicación especializado en negocios.
En Nuevo León, las delegaciones de las secretarías del Bienestar y la de Economía se negaron a proporcionar información actualizada sobre el avance en los reembolsos de los créditos hasta junio de 2022. A través de solicitudes de transparencia las dependencias respondieron que no tienen los datos divididos por entidad federativa o que no les compete.
En diciembre pasado, mediante una respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia, la SE respondió que el monto recuperado ascendía a 3 mil 694 millones 070 mil 987 pesos, el 10.28 por ciento del total ejercido a nivel nacional.
La Secretaría del Bienestar, la de Economía y el IMSS operaron el programa en sus inicios. Crédito: Daniel Anguiano.
Para conocer la versión de la Secretaría del Bienestar sobre esta problemática, el autor de este reportaje buscó mediante llamadas y mensajes a la delegada en Nuevo León, Judith Díaz, a través de su enlace de comunicación, Miriam Muñoz; en un inicio hubo apertura a la solicitud pero después no se facilitó la entrevista, sin dar explicaciones de por qué no se otorgó.
Las secretarías de Economía y del Bienestar tampoco establecieron medidas para el seguimiento de los proyectos que recibieron el recurso para medir la efectividad del programa, según la Auditoría de Seguimiento 2020-0-10100-19-0379-2021379-DE que realizó la ASF a la cuenta pública del 2020, año en que comenzó a aplicar el programa.
“Se identificaron debilidades e insuficiencias de control que incidieron en la operación del Programa Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, principalmente en la determinación de la población potencial, en la integración de expedientes de los beneficiarios, así como en el seguimiento y la supervisión en la entrega de los recursos a los beneficiarios y de los reembolsos de recursos realizados por éstos”, señala el dictamen oficial de la Auditoría.
Esta serie de irregularidades llevó a que la ASF, luego de la revisión que hizo al manejo del programa en todas las entidades del país, entre ellas Nuevo León, emitiera acciones de Responsabilidad Administrativa contra cinco funcionarios de la Secretaría de Economía (SE), mismas que se encuentran en proceso por parte del Órgano Interno de Control de esta dependencia, de acuerdo con una respuesta de la dependencia a una solicitud de información con fecha del 16 de mayo de 2023.
Para ampliar la información y conocer el estatus actual de estos procesos, el reportero presentó una nueva solicitud de información por transparencia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, pero la dependencia contestó que no le corresponde informar sobre el tema, sino a la Secretaría de la Función Pública. Esto a pesar de que en la primera respuesta oficial entregada por la Auditoría señalan que los expedientes fueron remitidos a la OIC como responsable de investigar estos casos.
“Se enviaron al Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía copia certificada de los expedientes técnicos de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) derivadas de la auditoría y señaladas por el peticionario, y con el oficio número DGAFFB/B1/0307/2022 del 23 de marzo de 2022”, señala el escrito de la ASF.
Además, aunque según los lineamientos de operación, el programa estaba destinado a impulsar la economía durante la pandemia, en opinión de Catalina Domínguez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Nuevo León, es complejo medir su impacto, debido a que el gobierno federal prescindió de la participación de organismos intermedios, que anteriormente habían colaborado en acciones similares en actividades como el filtrado de candidatos y seguimientos de la efectividad de los proyectos.
También señaló que la limitación en la cantidad de los municipios participantes tienen una afectación en la efectividad de los programas. En Nuevo León sólo participaron seis municipios.
“Anteriores administraciones, nos permitían como organismo intermedio, como cámara, confiaban que estábamos representando al comercio formal y había una diferencia de fondo para que fuera una recuperación más pronto, para los distintos negocios”, dijo.
La Secretaría del Bienestar se encargó de realizar un censo que luego sirvió para elegir a los beneficiarios de los créditos. Crédito: Daniel Anguiano.
Recursos del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, conocido también como Créditos a la Palabra, fueron entregados en el transcurso de los años 2020 y 2021, en el marco de la pandemia. En total ejerció 35 mil 534 millones 696 mil pesos, de acuerdo al informe de la ASF, aunque la meta original eran 50 mil millones de pesos, según informó el gobierno federal en una rueda de prensa el pasado 23 de abril del 2020.
En Nuevo León, como en el resto del país, los créditos fueron entregados a personas que habían sido previamente incluidas en un censo realizado por la Secretaría del Bienestar (Sebien) a través de la delegación estatal, mediante el cual las autoridades detectaron las zonas de los estados de la República que requerían más apoyo.
El monto estimado que se entregó en Nuevo León, es de aproximadamente 2 mil 327 millones 425 mil pesos, esto con base en los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del Padrón de Beneficiarios, en los que se contabiliza a 93 mil 097 personas, físicas o morales, como beneficiarias de este programa y que recibieron los créditos por 25 mil pesos entre el 2020 y 2021.
Para convertirse en beneficiarios, los candidatos debían acreditar que eran propietarios de un negocio con más de seis meses de operación, que no fuera del giro agropecuario, y tener actividades dentro de los rubros de manufactura, comercio, servicios o talleres.
Estos créditos tendrían que haber comenzado a pagarse tres meses después de haber sido entregado el recurso, en 33 mensualidades en cuotas desde los 823.70 a los 869.60, de acuerdo con el artículo 8 de las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2020.
No obstante, la escasa respuesta de los beneficiarios a cubrir la deuda llevó a que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia mañanera, hiciera un llamado a los deudores para que acudieran a pagar.
“Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio, y también a los que tenían trabajadores inscritos en el Seguro Social, hasta 10 trabajadores que, a pesar de la pandemia, no los despidieron; entonces, para apoyarlos se dieron estos créditos a tres años. Entonces, hay que hacer el corte, hay que ver cuánto se ha recuperado de estos créditos a la palabra”, señaló el Presidente en la conferencia matutina del 30 de mayo del 2022.
Para este reportaje, el reportero buscó al Senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, quien formó parte de la Comisión de Economía en el Senado cuando fue aprobado el Programa. Luego de haber pactado y cancelado la entrevista en varias ocasiones con su equipo de comunicación, finalmente desistió de hablar de las irregularidades que detectó la ASF. El argumento que ofreció fue que Fuentes tenía una agenda saturada.
Niegan informar estatus de créditos y a quiénes se entregaron
Las reglas de operación del Programa establecen que las dependencias que participarían en la implementación del programa serían las secretarías de Economía (SE), del Bienestar (Sebien), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos (UADEM) de la Secretaría de Economía, esta última como unidad facultada para hacerse cargo de la operación del Programa.
Según datos del Gobierno federal, el objetivo del programa era entregar sin intermediarios 2 millones de créditos a nivel nacional, a microempresarios; es decir, bajo este criterio, el 23 de abril de 2020, el Gobierno federal informó que esperaba destinar 25 mil millones de pesos en recursos, repartidos en un millón de créditos, “para fortalecer el consumo y la economía popular durante la contingencia de la pandemia de Covid-19”.
Graciela Márquez Colin, titular de la Secretaría de Economía, explicó el 3 de mayo de 2020 que los recursos serían repartidos mediante depósitos directos, es decir, sin intermediarios, de la Tesorería de la Federación a las cuentas de los beneficiarios, mismas que fueron abiertas en los bancos únicos bancos autorizados para este propósito, que fueron: Banco Azteca, Banorte, Santander y Banco del Bienestar.
Uno de los criterios para convertirse en beneficiario de este programa, era el siguiente: “Contar con un local, establecimiento o instrumento de trabajo”, tal como se establece en el DOF. Para ello, un requisito era que el solicitante presentara una fotografía del local o la herramienta, para comprobar que era propietario o representante del negocio.
A través de solicitudes de transparencia, se pidió a las dependencias involucradas esta información, con el objeto de verificar que efectivamente se trataba de negocios reales a los que se les otorgó el crédito, pero las autoridades se negaron a compartir información bajo el argumento de la protección de datos personales.
“Se considera información confidencial aquella que contenga datos concernientes a una persona identificada o identificable”, explicó la SE en la respuesta a una solicitud de transparencia.
Mediante solicitudes de transparencia también fue solicitado a la SE y Sebien la relación de documentos que sirvieron a los beneficiarios para ser elegidos para recibir los apoyos, pero ambas dependencias negaron contar con esa información.
“Esta Unidad de Transparencia le comunica que la información solicitada no es generada, procesada, almacenada o custodiada por esta dependencia”, respondió la Secretaría del Bienestar a la Solicitud de Acceso a la Información (SAI) con folio 330025823000806.
Por su parte, la SE, en respuesta a la SAI con folio 330025922001634 respondió lo siguiente:
“Correspondió a las Secretarías del Bienestar e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la implementación de los procesos que estimaron idóneos para la selección de la población beneficiaria”.
Actualmente, es la Financiera del Bienestar, antes Telecomm, la responsable de la operación de este programa, así como de la gestión de los reembolsos, algo que fue oficializado el 21 de octubre de 2022 a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y el 20 de enero, la SE hizo la transferencia oficial de los materiales y documentación correspondientes al programa.
Pese a ello, estas dependencias no informaron sobre el estado de los créditos y los reembolsos. La SE y la Sebien señalaron que, debido a que el programa ya no es de su competencia, no son las responsables de informar sobre ello.
Mientras que la Finabien, antes Telecomm, dijo en una respuesta a una solicitud de información que los “apoyos fueron entregados a través de la Secretaría de Economía en los ejercicios 2020 y 2021”.
Además, al solicitarle la información respectiva a Nuevo León, la SE respondió que no hubo una cantidad específica por cada entidad federativa, sino que se entregaron los apoyos según se aprobaron los perfiles.
En tanto, la Sebien y la Secretaría de Hacienda, adjudicaron las responsabilidades de operación del programa a la SE y ésta, a su vez, a la Finabien, antes Telecomm.
Es decir, las dependencias involucradas en el otorgamiento de los créditos
negaron informar el estatus de estos, el avance en la recuperación del crédito y la información que permitiera verificar que el dinero se entregó a beneficiarios reales, argumentando que era información reservada o que no les correspondía tener esos datos y transfiriendo la responsabilidad entre estas.
El Banco del Bienestar ya no recibe ningún tipo de pago correspondiente a los créditos por los Apoyos a Microempresas Familiares. Crédito: Daniel Anguiano.
Beneficiarios de los créditos no tenían negocios registrados
Para este reportaje, el reportero extrajo una muestra de 96 personas de entre los 93 mil 97 beneficiarios de este programa en Nuevo León, de acuerdo con el padrón oficial, mismos que después cotejó con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en éste se registran todos los negocios (personas físicas o morales), instituciones u organismos que tienen alguna actividad económica.
En Netquest, una plataforma dedicada a la investigación de datos on line y levantamiento de encuestas, el autor del reportaje ingresó el total de beneficiarios en Nuevo León, 93 mil 97 personas, para calcular el tamaño de la muestra del total, dando como resultado los 96 elementos.
Cabe mencionar que según la información de Netquest, la plataforma tiene una efectividad del 95 por ciento para calcular el tamaño de una muestra, con una heterogeneidad del 50 por ciento y un margen de error de 10 por ciento.
Estos 96 registros se buscaron en el DENUE, que tiene registrados 62 mil 583 comercios en el estado, pero sólo uno coincidió con los nombres que aparecen en el padrón de beneficiarios.
El objetivo fue comprobar mediante el cotejo si al menos algunos de estos beneficiarios se encuentran registrados en el Directorio, lo que mostraría que cumplen con el requisito del programa, al ser propietarios de negocios o comerciantes.
Catalina Domínguez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Nuevo León, explicó que estos registros del DENUE corresponden a comercios formales de todo el estado, al preguntarle sobre si estos registros coinciden con un negocio que esté dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lo que implica que el resto de los micronegocios que no coincidieron, es porque están en la informalidad o podrían no ser negocios; pues el DENUE es el directorio en el que se encuentran las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, según la descripción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
El no contar con este registro formal no fue un impedimento para recibir el recurso, según los testimonios de beneficiarios y de los funcionarios de estas dependencias.
De acuerdo a una beneficiaria, quien pidió no ser identificada, el crédito lo obtuvo debido a que una persona allegada a la familia trabaja como Servidora de la Nación para la Secretaría del Bienestar.
La Servidora de la Nación le ofreció el crédito a siete personas de su familia de las cuales sólo una de ellas cuenta con un micronegocio. De estas siete personas, cuatro recibieron el crédito por 25 mil pesos, los otros tres desconocen por qué no lo recibieron.
En su caso -dijo- “Pasaron como cinco meses, cinco o seis meses. Yo hasta ya me había olvidado, dije se me hace que ya no me lo autorizaron o algo pasó (…) Recibí una llamada por medio del celular, porque también me pidieron el número de celular y me dijeron que ya estaba autorizado el crédito y que tenía que ir a una sucursal del centro, que es Banco Azteca”, añadió.
“Yo lo usé para las necesidades de la casa; en esas fechas se me descompuso uno de los climas (aire acondicionado) y compré uno, también arreglé mi camioneta”, dijo.
Añadió que aunque su intención es reembolsar el dinero, no ha podido hacerlo debido a que desconoce el mecanismo por el cual puede realizar los pagos.
“Para no hacerte así como que el cuento tan largo, el de ahí de la casa nos lo hizo (la servidora de la nación que realizó el trámite del crédito) como a siete personas, pero nada más no lo prestaron como a tres. O sea, yo no sé en qué se basaron como para (decir): ‘este sí, este no, este sí, este no’”, explicó.
Por otro lado, Marta González (nombre ficticio para referirse a una persona que pidió no revelar su identidad), narró que tanto su padre como su madre, el primero empleado de una lavandería y la segunda ama de casa, se inscribieron al Censo del Bienestar con el fin de obtener el crédito destinado a las Microempresas Familiares.
“Ella sí fue acreedora a este préstamo, en el caso de mí padre, no. Mi madre hizo su respectivo uso, pero al momento del seguimiento ya no estaba claro el proceso de cómo realizar los pagos de dicho préstamo, se había establecido que iba a ser en periodos y como que meses después, pero ya nunca se le comunicaron las vías para realizar el pago”, dijo.
Actualmente, la Sebien ya no participa en la gestión de los reembolsos ni nada relacionado con el programa, en Nuevo León tuvo su sede principal en las oficinas del Condominio Acero, en el centro de la ciudad y tuvo una extensión de oficinas en el Palacio Federal, en Guadalupe; donde incluso hubo módulos de la SE que hoy ya no están.
En el Banco de Bienestar los beneficiarios reciben la indicación de acudir a la Finabien a realizar sus pagos. Crédito: Daniel Anguiano.
Pagos atrasados y falta de seguimiento
El programa ha sido señalado por la ASF, debido a que no contó con una dinámica de seguimiento que permitiera supervisar la implementación efectiva de los recursos.
A través de solicitudes de transparencia, el reportero pidió a las dependencias información que probara el seguimiento a la ejecución del recurso entregado a los emprendimientos, pero las dependencias federales respondieron que no cuentan con ella.
“Corresponde a la Financiera para el Bienestar la captación y seguimiento de los reembolsos efectuados por los beneficiarios del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; por tanto, esta dependencia no cuenta con la información requerida”, detalló la SE en la SAI con folio 330025923000820.
Tampoco se estableció desde el inicio un mecanismo para los reembolsos de los créditos, es decir, los pagos con los que se cubriría el crédito, de hecho, en los lineamientos se adjudicó a la SE la responsabilidad de establecer el procedimiento, pero no se determinó plazo ni mecanismo para hacerlo.
Además, la SE dijo que se trata de un recurso entregado en calidad de subsidio. Mientras que el reglamento, en el artículo octavo, dice que “el Apoyo financiero está asociado al compromiso solidario de las Personas Beneficiarias para reembolsarlo”.
Según la respuesta de la SE, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria especifica que, al tratarse de un subsidio, los usuarios no cuentan con obligaciones crediticias, y, en consecuencia, no se constituye una cartera de crédito, adeudo o incumplimiento.
Según los testimonios, al momento de tramitar el préstamo no recibieron información sobre el procedimiento para realizar el reembolso, ni se les asignó un método para pagar las parcialidades, tal como se indica en los lineamientos del programa.
Mecanismo de pago
Actualmente, sólo existe un método para realizar el pago del crédito: que es acudir directamente a las unidades de Telecomm, presentar el CURP y el monto a pagar, de acuerdo con una ficha informativa de Finabien, antes Telecomm.
Para realizar los reembolsos, según las indicaciones que hay en las oficinas de la Sebien en el Palacio Federal, las personas se pueden comunicar a un número de teléfono que corresponde a las oficinas centrales de la SE en la Ciudad de México.
El reportero llamó en varias ocasiones a este número 5557299100 a la extensión 111402; sin embargo, no obtuvo respuesta.
En las oficinas de la Sebien en Nuevo León, ubicadas en el Condominio Acero, en el centro de Monterrey, disponen de anuncios y folletos con las instrucciones para realizar el pago de los créditos.
Mientras que el otro supuesto método para que los beneficiarios obtengan información que les facilite el pago es enviar un correo electrónico a la cuenta reporte.apoyos@economia.gob.mx, presuntamente los usuarios reciben datos como saldo y número de cuenta para hacer el depósito correspondiente.
Cabe mencionar que esta cuenta de correo electrónico está bajo un dominio de la Secretaría de Economía, y según la respuesta a la solicitud de transparencia 330025922001634 que se hizo para este reportaje, esta dependencia no administra más la gestión de los pagos, ahora lo hace la Financiera del Bienestar (Finabien), antes Telecomm; por lo tanto, esta dirección de correo electrónica tendría que estar dirigida a la Finabien.
Por su parte, la Finabien le adjudica a la SE la responsabilidad, tal como lo declara en una respuesta a la solicitud de transparencia 330029323000069.
“Por lo anterior, se precisa que el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, que para su promoción y difusión se hace referencia a éste como ‘Programa Crédito a la Palabra’, los apoyos fueron entregados a través de la Secretaría de Economía en los ejercicios 2020 y 2021”, respondió la Finabien.
En las oficinas de la Sebien en Nuevo León hay un cartel que indica el procedimiento para realizar los pagos a los créditos a la palabra. Crédito: Daniel Anguiano.
Con el fin de obtener mayor información sobre los mecanismos de reembolso, el reportero acudió a una sucursal del Banco del Bienestar, ubicado también en el Centro de la Ciudad. De ahí lo redirigieron a las oficinas de la Finabien en Nuevo León, ubicadas en el Palacio Federal, en el municipio de Guadalupe, pero la indicación que recibió fue que los interesados en pagar el crédito deben comunicarse primero al teléfono de las oficinas centrales (en la Ciudad de México) de la SE o acudir a las sucursales de Telecomm.
Otra posibilidad de obtener información sobre la realización de los reembolsos, es visitar el sitio web de la Finabien, en el portal hay un un apartado para realizar la búsqueda de la información relacionada con los créditos, a ella las personas que recibieron un crédito, acceden mediante un formulario en el cual solo se solicita el CURP de las personas.
Además, a partir del 1 de junio, la Finabien habilitó a las sucursales de la institución para que proporcionen la información correspondiente al saldo y pagos de los créditos, y señaló que no serán recibidos los pagos en la Tesorería de la Federación.
“Te informamos que los pagos en ventanilla bancaria con la Hoja de Ayuda (formato e5cinco) de la Tesorería de la Federación, ya no serán aceptados a partir del 1°de junio de 2023”, señala en un comunicado.
Los testimonios de las personas entrevistadas para el reportaje señalaron que los servidores de la nación -el personal dispuesto por la Sebien para la selección de los candidatos y el procesamiento de los trámites-, les recomendaron no realizar los pagos del crédito, bajo el argumento de que “nadie” se los iba a cobrar.
“Dijo no paguen, no les va a cobrar, nadie les va a cobrar. Es que yo tengo entendido que si tú pagas y si eres correcto al pagar, ahora te van a prestar 50. Yo soy enemiga, enemiga de deber, a mí nunca me ha gustado (…) Entonces yo le decía a ella, le decía, pues es que, por ejemplo, yo podría dar 500 o mil pesos a la semana porque me interesaba que lo va a empezar en los 50 (un préstamo de 50 mil pesos). Porque según esto eran intereses todavía muchísimo más bajos que los que yo pago, por ejemplo, en la caja popular. Ella eso fue lo que me dijo, dijo, no, pues no pague, nadie va a pagar”, explicó una beneficiaria entrevistada.
Desde el 21 de octubre de 2022, la Financiera del Bienestar, antes Telecomm, se encarga de la gestión de los reembolsos. Crédito: Daniel Anguiano.
Hallan anomalías
Como ya se mencionó la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en las reglas de operación del programa, en el mecanismo de reembolso, en las estrategias para supervisar la entrega de los créditos y el seguimiento a los beneficiarios e inició procedimientos de sanciones administrativas a cinco funcionarios de la Secretaría de Economía.
De la cual se desprendieron cinco acciones de responsabilidad administrativa debido a que, según la ASF, no se establecieron mecanismos de control que aseguren la adecuada integración de expedientes, no contaron con la información que acredite que cumplieron con todos los criterios en todos los perfiles.
Así como tampoco establecieron mecanismos de supervisión para asegurar que los perfiles cumplieran con los requisitos de elegibilidad, tampoco establecieron controles para identificar a las personas que realizaron reembolsos por la cantidad de 111 mil 410 pesos.
Además, porque no se realizó el reintegro de 563 mil 657 pesos correspondientes a los reembolsos recibidos en la cuenta específica de la SE; y porque no hubo un método para evaluar las metas del programa ni seguimiento para medir el impacto social de los apoyos.
En tanto, el Órgano Interno de Control de la SE se declaró incompetente para informar sobre las acciones de responsabilidad administrativa ni si los funcionarios involucrados continúan en sus funciones o en algún otro cargo público y aseguró la corresponde a la Secretaría de la Función Pública la información pertinente a esos casos.
Aunque el programa tenía como objetivo impulsar la economía, a la fecha se desconoce cuál fue el impacto social que tuvo, como señala la auditoría de la ASF, debido a que no hubo un mecanismo de seguimiento.
Además, las dependencias no logran ponerse de acuerdo para proveer de información, pues luego de varias consultas y solicitudes de transparencia, las respuestas, en resumen, indican que es la Finabien quien debería responder, sin embargo, ésta le adjudica la SE la implementación del Programa.
Y, en consecuencia, se desconoce si el avance en los reembolso de los créditos ha avanzado luego del rezago que se hizo de conocimiento público, si ha habido respuesta por parte de los beneficiarios y cuánto del total ejercido ha sido devuelto a las arcas públicas o si se considerará como fondo perdido.
