Rescinden contrato a empresa que construye C5 en Reynosa
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- El gobierno de Tamaulipas determinó rescindir el contrato de Asociación Pública Privada (APP) por más de 4 mil millones de pesos con la desarrolladora Tres10, para la construcción del C-5 de Reynosa y la prestación del Servicio de Red de Seguridad Pública del Estado.
El contrato fue suscrito el 27 de junio del 2019 por asignación directa y un monto de 4,058,456,111 (Cuatro mil cincuenta y ocho millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil, ciento once pesos), a liquidarse en seis años, comprometiendo recursos federales, además de constituir un fideicomiso irrevocable para garantizar el pago a Tres10, contratando como fiduciaria a BancaMIFEL.
El contrato tenía como finalidad: el equipamiento del monitoreo y enlace estatal de video y vigilancia urbana, identificación vehicular carretera y demás infraestructura relacionada; el diseño, construcción, adecuación y equipamiento del C5; la remodelación, adecuación y equipamiento de los Centros de Mando Regionales y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraes- tructura respectiva a lo largo de la vigencia del contrato.
Tras las reformas en el Congreso del Estado que permitieron reincorporar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) de la Fiscalía General de Justicia al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se inició una revisión del cumplimiento del contrato.
Se destaca que se encontraron incumplimientos por parte del desarrollador, entre ellos un so breprecio en la inversión realizada, pues según el avalúo preliminar el monto invertido no supera los 1,500 millones de pesos.
Debido a estos hallazgos, el mes de mayo de este año se inició el proceso de rescisión de contrato notificando a la empresa desarrolladora información sobre los incumplimientos, trabajos inconclusos, deficiencias en el servicio y la omisión de la fianza que garantizaba el man- tenimiento del proyecto.
El proceso de revisión y rescisión del contrato derivó en la suspensión de pagos a la empresa, los cuales ascienden a más de 60 millones de pesos mensuales.
Tras la suspensión de pagos generada por el Estado, entre el 21 de abril y el 3 de mayo, Tres10 solicitó a Banca MIFEL pagos por 493,358,209.18 y 64,804,198.32 pesos, respectivamente, sin notificar al Estado como lo obliga el contrato signado.
Esto significa que más de 550 millones de pesos fueron sustraídos del fideicomiso sin la autorización del Estado.
A raíz de esta acción, el gobierno del Estado solicitó a la fiduciaria la devolución del pago en exceso y se reveló que Banca MIFEL no contaba con la documentación soporte para realizar el pago efectuado a Tres10.
Además el pasado 3 de mayo se presentó ante la Fiscalía General de Justicia una denuncia por presuntos delitos como Revelación de Secretos, Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Información, Delitos contra la Seguridad del Estado, Atentados contra los Bienes Fundamentales del Estado, Atentados contra la Soberanía del Estado y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática.
Luego la empresa promovió el 30 de mayo un Amparo (944/2023) contra la rescisión del contrato realizada por la administración estatal, misma que fue concedida de maera provisional por el juez Decimosegundo de distrito en Tamaulipas con residencia en Victoria, solicitando el pago de 100 mil pesos como pago de garantía.
Tanto la Contraloría Gubernamental como la Fiscalía General de Justicia del Estado, deberán presentar un informe del caso, fijándose el 6 de julio a las 9:40 horas para la audiencia constitucional.
