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Robo a escuelas se castigará con 15 años de prisión

Congreso aprueba reformas al Código Penal

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- El robo en las escuelas de Tamaulipas se pagarán con 15 años de prisión. El Congreso del Estado aprobó elevar las sanciones de cinco a 15 años más de prisión y multa de hasta 20,365 pesos, equivalente a 180 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El Dictamen aprobado en sesión extraordinaria este jueves, establece que pese a que las instituciones educativas “son lugares sagrados donde se fomenta el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes”, los robos van en aumento.

Aumentan casos de robos a escuelas

“En los últimos años, se ha observado un aumento en la frecuencia de robos en estas instituciones, lo que ha generado un ambiente de inseguridad y preocupación entre los estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia”.

Los diputados acordaron adicionar el artículo 407 Bis; y se deroga la fracción XIX, del artículo 407, del Código Penal para el Estado, con lo que se busca disuadir a los posibles delincuentes y a proteger las instituciones educativas de manera efectiva.

Se explica que, aunque se trata de robo simple y el Código ya contemplaba una pena más severa cuando se cometía en contra de escuelas, “un incremento de esta naturaleza obedece a la especial vulnerabilidad de los espacios e instalaciones de carácter educativo”.

Robo a instituciones educativas generan impactos negativos

Así, los robos que se comenten en las escuelas, generan múltiples impactos negativos en la comunidad escolar, afectando principalmente el patrimonio material, además del bienestar psicólogo y emocional de las personas estudiantes, docentes y padres de  familia.

En aumento los delitos contra el patrimonio en Tamaulipas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en el primer cuatrimestre del año, los delitos contra el patrimonio en Tamaulipas registraron paulatinos incrementos en la incidencia delictiva, generando la necesidad de adoptar medidas legislativas que refuercen la protección penal sobre los bienes y espacios educativos.

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