Se entera que su hijo, secuestrado por marinos en Nuevo Laredo, estaba en fosa común

Perla Reséndez

NUEVO LAREDO, Tam.- Familiares de dos desaparecidos en 2018 por elementos de la Marina, acusaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de ocultarles información sobre sus familiares que ya habían sido reconocidos y yacían en la fosa común.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció que tanto los Ministerios Públicos federales de la FGR y asesores jurídicos de la CEAV, ocultaron información de las diligencias realizadas en 34 carpetas de investigación y al menos cuatro juicios encauzados en los últimos dos años.
El martes pasado, una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) le confirmó a Gregoria Hernández Morales que habían identificado los restos de su hijo Noé Ignacio Alférez Hernández.
Él fue detenido por marinos el 18 de febrero del 2018 en Nuevo Laredo, junto con un amigo Jonatan Organista Ballesteros y durante cinco años estuvieron en una fosa común de un panteón municipal de Nuevo Laredo.
La familia acudió en febrero del 2018 a la FGR en Nuevo Laredo a denunciar al personal de la Marina, según quedó asentado en la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0000532/2018
En abril de ese mismo año, dicha Fiscalía tuvo conocimiento del hallazgo de restos humanos correspondientes a dos personas del sexo masculino en una fosa clandestina ubicada en el kilómetro 23 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras.
Sin embargo no se informó a los familiares de Noe Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Organista Ballesteros, enviando sus restos a una fosa común y quedando registrados con el número de identificación NN3047.
“En un juego perverso entre Fiscalías, el 8 de mayo el Agente del Ministerio Público de la Federación en ese tiempo, Fernando de Jesús Cervantes Aguilar decidió no investigar la denuncia presentada en contra de los marinos y ese mismo día declinó la competencia a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas”.
Dos días después, explica Ramos Vázquez, la Fiscalía de Tamaulipas devolvió la misma carpeta a la oficina de la FGR en Nuevo Laredo por considerar que la familia señalaba la participación de servidores públicos federales.
El pasado 5 de octubre del 2023, mediante la obtención de un perfil genético y la confronta con una base de datos de personas fallecidas no identificadas, dieron positivo con los padres de la víctima.
La familia sufrió una fuerte crisis nerviosa afectando su salud física y emocional, luego de saber que su hijo Noe Ignacio estaba muerto y su cuerpo permaneció cinco años sepultado en calidad de desconocido.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que entre febrero y mayo del 2018 alrededor de 40 personas, incluyendo mujeres y menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente en diferentes operativos realizados en Nuevo Laredo
El 30 de Mayo del 2018, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ Ad Al Hussein, solicitó al Gobierno Mexicano, investigar las desapariciones, misma que inició la FGR por el delito de desaparición forzada de los jóvenes Noe Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Organista Ballesteros en la carpeta de Investigación FED/TSDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000305/2018, así como de otras 38 personas,
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 13 de julio del 2020 la Recomendación 36/2020VG dirigida al Secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, pero solamente por 27 víctimas, del resto, la institución no encontró “evidencias” de participación de servidores públicos de la Secretaría de Marina.
La recomendación también fue dirigida al actual Fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gert Manero, al entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al alcalde de Nuevo Laredo, Oscar Enrique Rivas Cuellar.
En julio del 2021 la Secretaría de Marina ofreció una disculpa pública en Nuevo Laredo a familiares de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales reconociendo que su personal naval incurrió en graves violaciones a los derechos humanos actuando al margen de la ley.
Familiares de las víctimas han solicitado a la CNDH convocar a una reunión urgente en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en seguimiento a la Recomendación 36VG/2020, para denunciar que son revictimizadas tanto por funcionarios de la FGR como de CEAV.
Esto, por ocultarles información relevante de sus casos y principalmente porque faltan por localizar alrededor de 25 personas, entre ellas, los menores Adolfo Ángel Chigo Villegas y Jorge Antonio Hernández Domínguez.
Entre otras irregularidades denuncian que no existe un mecanismo de coordinación interinstitucional del Gobierno Federal que permita el intercambio de información con familiares de las víctimas sobre un plan integral y efectivo de búsqueda de las personas desaparecidas, así como acciones pendientes relacionadas con atención médica y reparación integral.

La mayoría de las y los asesores jurídicos de la CEAV y el Ministerio Público Antonio Saucedo Cruz, no responden a la entrega de copias de las carpetas de investigación actualizadas ni de las diferentes audiencias correspondientes a las carpetas judiciales.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lleva dos años sin proporcionar asistencia psicológica a las familias; primero justificando la pandemia del coronavirus y actualmente la falta de presupuesto institucional para trasladarse a Nuevo Laredo.
Tanto la FGR como la CEAV, han acordado realizar “búsquedas en vida” en penales de otros estados del país, descartando al menos ocho sitios en las colindancias de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en donde familiares de víctimas presumen que se encuentran fosas clandestinas con restos humanos desde 2018.
Señalan que en los últimos tres años se han realizado al menos ocho diligencias en otros estados del país, sin resultado de las 25 personas que aún están desaparecidas, “solamente es una forma de distraerles y justificar actos de investigación”.
Señalaron que a cinco años de distancia, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada son “deficientes, omisas y negligentes cuyos beneficiarios son los marinos que participaron en estas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.