SSP descarta llamadas de extorsión desde penales de Tamaulipas
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, aseguró que de los centros penitenciarios del estado no salen llamadas de extorsión.
Esto, debido a que las personas privadas de su libertad no cuentan con teléfonos celulares y los cinco penales disponen de sistemas inhibidores de señal.
El General explicó que los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Altamira, son sometidos a revisiones de manera regular para detectar y retirar cualquier objeto prohibido.
Revisan penales al menos una vez al mes
Pancardo Escudero señaló que durante las revisiones se busca detectar teléfonos celulares, radios de comunicación y cualquier otro objeto que pudiera ser utilizado como arma dentro de los centros penitenciarios.
“Los penales del Estado son revisados cuando menos una vez al mes”, señaló.
Afirmó que hasta ahora no se ha encontrado evidencia de que las personas privadas de la libertad tengan teléfonos celulares dentro de los penales.
“No hemos encontrado ni un indicio de que tengan celulares dentro del penal”, agregó.
Penales cuentan con inhibidores de señal
El titular de Seguridad Pública explicó que los cinco centros penitenciarios cuentan con bloqueadores e inhibidores de señal, con el propósito de impedir que se realicen o reciban llamadas y mensajes desde el interior.
“Los cinco (penales) tienen inhibidores, así es que es muy improbable que salgan llamadas de ahí”, sostuvo.
34 denuncias por extorsión en el primer semestre del año
En Tamaulipas durante el primer semestre del año se han reportado 34 denuncias por extorsión y 20 más por tentativa de extorsión de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Tamaulipas invirtió 124 millones de pesos
El funcionario recordó que durante 2025 el Gobierno de Tamaulipas destinó 124 millones de pesos para reforzar los sistemas de seguridad de los centros penitenciarios, incluyendo la instalación de 40 equipos inhibidores de señal de telefonía móvil.
De estos equipos, 10 fueron instalados en el Cedes de Altamira, donde actualmente se encuentran 882 personas privadas de la libertad.
Los equipos restantes fueron distribuidos entre los otros centros penitenciarios del estado, que registran la siguiente población:
- Reynosa: 1,177 personas privadas de la libertad.
- Nuevo Laredo: 502.
- Matamoros: 806.
- Ciudad Victoria: 806.
Los sistemas tienen como objetivo contribuir a frenar las llamadas relacionadas con extorsiones telefónicas y secuestros virtuales.
Penales concentran líneas relacionadas con extorsión
Las declaraciones del secretario de Seguridad Pública ocurren después de que, en noviembre de 2025, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que al menos 12 penales del país concentraban el 56 por ciento de las líneas telefónicas reportadas por extorsión.
“Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión”, indicó entonces García Harfuch durante la conferencia matutina.
En esa ocasión, el funcionario federal explicó que entre las medidas implementadas se encontraban la instalación de inhibidores de señal, escáneres de seguridad, sensores de movimiento y cámaras de circuito cerrado en distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
Tamaulipas modificó infraestructura de señal
García Harfuch informó entonces que estas acciones habían permitido bloquear 33 por ciento de las líneas detectadas.
En el caso de Tamaulipas, detalló que se retiró la antena en el penal de Altamira y se cambió la antena en Matamoros.
Como parte de las acciones realizadas en otros centros penitenciarios del país, mencionó que en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, fueron bloqueados los servicios de telefonía móvil 3G y 4G.
Con estas medidas, las autoridades buscan reducir la posibilidad de que los centros penitenciarios sean utilizados para realizar llamadas de extorsión o cometer otros delitos mediante comunicaciones telefónicas.
