Vinculan a proceso a ex Secretario de Educación acusado de Peculado
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- El ex Secretario de Educación en Tamaulipas (SET) Mario “G”, durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso, acusado de Peculado y Ejercicio Ilícito de Servicio Público.
En audiencia celebrada este jueves 31 de agosto, el agente del Ministerio Público señaló que Mario “G” en su calidad de Subsecretario de Educación de Tamaulipas, celebró un convenio de prestación de servicios con la aseguradora Metlife en favor de un tercero.
De acuerdo con el Ministerio Público, el ex funcionario público, estableció un cobro a la aseguradora sin tener facultades para ello, esto, por la retención del pago de seguro a los trabajadores.
Estos recursos, explicó el agente del Ministerio Público, fueron utilizados por Mario “G” para realizar diversos pagos a proveedores y servicios, así como pagos que se hizo así mismo, sin que ninguno de estos movimientos fuera regulado por la Secretaria de Finanzas.
Con estas acciones habría desviando recursos públicos por más de 8 millones de pesos, pertenecientes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, causando con ello un detrimento al patrimonio del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción acusó al citado ex funcionario de los delitos de Peculado y Ejercicio Ilícito de Servicio Público, según consta en la carpeta de investigación 14/2023.
El juez de Control Patricio Lugo Jaramillo quien presidió la audiencia que se extendió por nueve horas, escuchó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, decretando la vinculacion a proceso del ex funcionario.
Como medidas cautelares, el juzgador decretó la firma periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares cada quince días de Mario “G”, así como la
prohibición de salir sin autorización del país, por lo que tendrá que entregar sus documentos migratorios ante la Unidad de Seguimiento de Causas en Victoria.
También se decretó la prohibición de acercarse a la Secretaría de Educación en Tamaulipas, así como a los testigos y a la denunciante del caso, durante el tiempo que dure el proceso.
El Juez Lugo Jaramillo decretó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mismo que concluye el próximo 30 de noviembre del 2023, cuado se volverá a llamar a audiencia.
FAUDE CON ASEGURADORA DURANTE ADMINISTRACIÓN DE CABEZA DE VACA
Durante la pandemia, se puso al descubierto un fraude cometido por la reynosense Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas, empresa que vendió seguros de vida a la Secretaría de Salud para médicos, enfermeras, mismos que no se pagaron, mientras la empresa desapareció.
Javier Ordoñez denunció a través de su cuenta de Twitter, que tras la muerte de su padre, el Doctor Javier Ordoñez Nazar, contagiado de SARS-COV-2, atendiendo a pacientes en el hospital, fallecido de COVID-19 el 5 de julio del 2020.
Luego y tras dos años de fallecido, su hijo denunció que la Secretaría de Salud no había pagado el seguro de vida que su padre tenía contratado a través de la Secretaría y por el cual le hacían descuentos en su pagos de nómina.
En un oficio firmado por la entonces Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, María del Carmen García Reyes, respondió que el Doctor Javier Ordoñez había elegido una póliza potenciada del seguro de vida, opción que la compalía de seguros ofrecía a los trabajadores que así lo desearan y sus aportaciones deben ser cubiertas en su totalidad por el trabajador.
Señaló que las aportaciones descontadas vía nómina del médico, fueron depositadas a la cuenta de la aseguradora, por lo que la reclamación del finiquito de la póliza de seguro de vida, debía dirigirse a dicha empresa con sede en Reynosa.
La citada empresa ofreció los mismos servicios a otras dependencia de la administración estatal, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública, Administración, Educación, Salud y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
La Fiscalía de Justicia obtuvo de un juez de control, órdenes de aprehensión en contra de Luz Olivia “G” y Héctor Francisco “M”, por el delito de fraude, relacionado con la obtención de recursos indebidos que afectaron el erario público estatal.
La empresa comenzó a incumplir el pago de las pólizas a los deudos, pese a que de manera quincenal se realizaba el descuento vía nómina a los trabajadores que contaban con dicho seguro de vida.
Como representante de la empresa ante el Gobierno del Estado apareciía Héctor Francisco “M”, por quien un juez concedió también una orden de aprehensión.
Sobre el tema el diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, denunció en tribuna del Congreso del Estado que la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas S.C. había desaparecido sin cumplir con el pago del seguro a familiares de empleados de hospitales, clínicas y centros de salud que fallecieron a causa del COVID-19.
EX SECRETARIO NO ACUDE A AUDIENCIA
Un ex Secretario de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa del delito de ejercicio ilícito de servicio público, no compareció en audiencia.
La audiencia inicial se llevaría a cabo este miércoles 30 de ahosto a las 14:00 horas, sin embargo el ex funcionario no compareció a la misma en la que se le imputaría dicho delito para con ello solicitar la vinculación a proceso.
Ante la inasistencia del ex funcionario, el Juez de Control que presidió dicha audiencia, le otorgó un plazo de tres días para justificar fehacientemente su inasistencia.
El juzgador señaló las 09:00 horas del día 14 de septiembre del presente año para que tenga verificativo la audiencia en la que se busca dar a conocer a dicho ex funcionario, las imputaciones que se le hacen.
La actual administración estatal, ha presentado 56 denuncias contra ex funcionarios de la pasada administración de las que solo se ha judicializado una carpeta que el Juez reclasificó y otra fue desestimada por falta de pruebas.
Apenas el martes 29 de agosto, la diputación permanente del Congreso, aprobó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo, para que informe el estado procesal que guardan las denuncias interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción.
