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Vinculan a proceso a ex Secretario de Cabeza de Vaca

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- El ex Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Gilberto “E”, fue vinculado a proceso por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas.

En aundiencia celebrada este viernes, un juez de control resolvió que las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, eran suficientes para decretar la vinculación a proceso.

El juez impuso como medidas cautelares las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones I, V, VII Y VIII, correspondientes a la firma periódica ante la Unidad de Seguimiento de Causa y Suspensión Condicional con sede en Reynosa, Tamaulipas, la prohibición de salir del país debiendo para tal efecto entregar a dicha Unidad de Seguimiento sus documentos migratorios, la prohibición de acercarse al denunciante, testigos e instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, ello con la finalidad de asegurar su presencia en el proceso.

Esta sería la segunda vinculación a proceso para este ex funcionario de prmer nivel de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, luego que, de acuerdo con la carpeta 257/2023, fue vinculado a proceso por el delito de Ejercicio ilícito del servicio público.

De acuerdo con la acusación, al ex funcionario se le señala de condonar las multas e infracciones a las que se hicieron acredoras algunas empresas al incumplir las normas de desarrollo urbano.

Una de las empresas fue GMC S.A. de C.V., que operaba unn banco de materiales de piedra caliza, misma que había acumulado adeudos de derechos fiscales por material extraído. 24 millones de pesos por concepto de pago de derechos, más otros 2 millones de pesos por multas que aparentemente se le habían condonado.

Pero no es el único ex funcionario con acusación, el ex Secretario de Administración, Jesús Alberto “S” ya fue vinculado en dos procesos que se le siguen, uno de ellos (86/2024) se le acusó junto a la ex Contralora Elda Aurora “V”, de uso ilícito de atribuciones y facultades.

A ambos ex funcionarios se les acusa que en junio del 2022, adjudicaron de manera directa a dos personas morales y una física, 14 contratos de 8 millones 233 mil 500 pesos.

Como medidas cautelares, un juez impuso a Jesús Alberto “S” y a Elda Aurora “V”, la prohibición de acercarse a la Secretaría de Administración y a la Contraloría Gubernamental, además de obligarles a comparecer semanalmente ante la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar su presencia durante el proceso.

Luego, el 30 de septiembre de 2024, Jesús Alberto “S” fue vinculado a un segundo proceso, esta vez por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, toda vez que en diciembre de 2020 realizó adquisiciones por un monto de 125 millones de pesos

Las medidas cautelares son las mismas que en el primer proceso, por lo que prodrá continuar dando seguimiento a ambos sin pisar la cárcel.

Sin embargo, este funcionario también se le señaló en la denuncia presentada en febrero de este 2024, por el abogado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por el presunto desvío de más de 180 millones de pesos, en la que también se menciona al ex Rector Guillermo “C”.

De acuerdo con la información, celebraron un “contrato de adhesión de pago”, algo ilegal para una entidad pública, entregando un inmueble con un valor real de 13 millones y al que se le asignó un monto de 187 millones de pesos.

Un tercer ex funcionario de primer nivel, acusado fue el ex Secretario de Educación, Mario “G”, a quien se le imputó por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, según consta en la carpeta 14/2023.

Se le señala de haber celebrado de manera irregular, un convenio con la empresa Metlife México S.A., para retener el pafo de seguro a los trabajadores, cuando fue Subsecretario de la SEP.

El dinero retenido lo habría usado para el pago de proveedores y servicios y autopagarse, sin registrar dichos movimientos ante la Secretaria de Finanzas.

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