Hasta 8 años de cárcel para “escuelas patito” en Tamaulipas
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Quienes impartan servicios educativos sin autorización oficial en Tamaulipas podrían enfrentar hasta ocho años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs, como parte de las reformas aprobadas por unanimidad por la Diputación Permanente del Congreso del Estado.
Las modificaciones buscan endurecer las sanciones contra quienes operen instituciones educativas sin autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, además de proteger a estudiantes que pudieran pagar por una formación que finalmente no tenga reconocimiento ante las autoridades.
Uno de los cambios plantea duplicar la pena prevista actualmente para este delito, al pasar de cuatro a ocho años de prisión, mientras que la multa aumentaría de mil a 2 mil UMAs.
Además, la sanción podría aplicarse por cada plantel que opere de manera irregular, de acuerdo con la propuesta aprobada.
También sancionarán títulos y diplomas sin reconocimiento
El paquete legislativo contempla una segunda modificación al Código Penal de Tamaulipas para considerar como fraude la expedición, entrega u ofrecimiento de títulos, diplomas o grados académicos que no cuenten con la autenticación oficial correspondiente.
La reforma modifica el artículo 418 para incorporar esta conducta dentro del delito de fraude, con el propósito de evitar que estudiantes reciban documentos académicos que carezcan de validez oficial después de haber pagado por sus estudios.
Durante la sesión, la diputada Francisca Castro Armenta presentó las iniciativas promovidas por Yuriria Iturbe Vázquez e Isidro Jesús Vargas Fernández.
Buscan evitar afectaciones a estudiantes
Castro Armenta señaló que las modificaciones pretenden brindar mayor certeza jurídica a quienes cursan estudios y cerrar espacios a instituciones que ofrecen servicios educativos sin contar con los permisos correspondientes.
De acuerdo con lo expuesto ante el Pleno, las propuestas recibieron opiniones favorables de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
El objetivo de las reformas es fortalecer la respuesta penal frente a quienes obtengan un beneficio económico mediante la prestación irregular de servicios educativos o la expedición de documentos académicos sin reconocimiento oficial.
Las modificaciones fueron aprobadas por la Diputación Permanente y deberán continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de que puedan entrar en vigor.
