En Voz Alta

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Perla Reséndez
El costo de las decisiones
Hay decisiones que, con el paso de los años, dejan de ser solamente administrativas y terminan frente a un juez.
Eso ocurre ahora con Elda Aurora “V”, quien fuera contralora Gubernamental de Tamaulipas durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca y que el pasado 15 de septiembre fue declarada culpable de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
El dato no es menor.
La exfuncionaria todavía no conoce la pena que deberá cumplir. Será el próximo 22 de septiembre cuando el tribunal realice la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
Pero el fallo condenatorio ya coloca su actuación al frente de la Contraloría bajo el escrutinio de una resolución judicial.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Elda Aurora “V” autorizó pagos por 60 mil pesos a Alejandra “R”, quien se desempeñaba como directora administrativa de la dependencia y, al mismo tiempo, como proveedora.
Y aquí aparece una de las preguntas que inevitablemente deja este caso: ¿quién vigila al vigilante?
La Contraloría tiene precisamente entre sus responsabilidades la vigilancia y control de los recursos públicos. Por eso, cuando quien estaba al frente de esa tarea termina enfrentando una condena relacionada con el manejo de recursos, el caso adquiere una dimensión que va más allá de los 60 mil pesos.
Habla de controles internos, de responsabilidades y, sobre todo, de la obligación de que las reglas que aplican a los servidores públicos sean algo más que procedimientos escritos.
Pero la historia de Elda Aurora “V” no termina aquí.
La excontralora enfrenta además otro proceso penal, junto con el exsecretario de Administración Jesús Alberto “S”, por la presunta adjudicación directa de 14 contratos por más de 8.2 millones de pesos.
Es decir, hay todavía asuntos pendientes de resolver.
Y mientras los tribunales hacen su trabajo, queda sobre la mesa una discusión que trasciende nombres y partidos: qué tan eficaces fueron los mecanismos de control durante las administraciones anteriores y qué debe hacerse para que las irregularidades, cuando existan, sean detectadas antes de que lleguen a convertirse en investigaciones penales.
Porque el combate a la corrupción no debería comenzar cuando un expediente ya está en manos de un juez.
Debería comenzar mucho antes, en las oficinas donde se autorizan contratos, se revisan facturas, se firman convenios y se decide el destino del dinero público.
También es importante recordar que una resolución judicial debe respetarse en sus términos y que cada proceso tiene sus propias etapas. En el caso de Elda Aurora “V”, la audiencia del 22 de septiembre será determinante para conocer la sanción correspondiente.
La justicia tiene sus tiempos.
La política también.
Y cuando ambas se cruzan, las decisiones tomadas desde el poder terminan hablando por sí mismas. En voz alta.