En Voz Alta

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Perla Reséndez

Las órdenes siempre dejan huella

En política hay una regla no escrita: cuando el dinero público desaparece, tarde o temprano alguien tiene que explicar quién decidió cómo gastarlo.

Y en Tamaulipas acaba de aparecer una pieza que puede resultar incómoda para más de uno.

Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien fue secretaria de Salud durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, decidió romper el silencio y señalar directamente a quien fuera su jefe.

Su versión es contundente: ella atendía los asuntos técnicos y operativos, pero el control de la proveeduría y de los contratos de mayor interés económico o político estaba en manos del entonces gobernador.

Más aún, asegura que recibió instrucciones para adjudicar contratos a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, empresas relacionadas, de acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Salud, con los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo.

Aquí está el verdadero fondo del asunto.

No es solamente saber quién firmó un contrato. Tampoco basta con identificar al funcionario que apareció en un expediente.

La pregunta que debe responderse es mucho más incómoda: ¿quién daba las órdenes?

Porque si la versión de Molina Gamboa es cierta, entonces la responsabilidad no podría detenerse en quienes estaban debajo en el organigrama. Tendría que seguirse la ruta de las instrucciones hasta llegar a quienes tenían capacidad real de decisión.

Y eso cambia por completo la dimensión del caso.

La actual administración estatal ha denunciado 70 presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos durante el sexenio anterior; 14 de ellas son de carácter penal y el presunto quebranto señalado alcanza casi 344 millones de pesos.

Son demasiados ceros como para que la discusión termine en un funcionario de segundo o tercer nivel.

También están los contratos: alrededor de 500 millones de pesos celebrados durante 2017 y 2018 con dos empresas que, según la información oficial, estaban vinculadas con los hermanos Carmona.

Después aparecen los detalles que suelen ser todavía más reveladores que las grandes cifras: expedientes incompletos, procedimientos de excepción sin que aparentemente se acreditaran las condiciones de urgencia, invitaciones a proveedores que no aparecen en los documentos y pagos cuya documentación presenta inconsistencias.

Todo eso tendrá que ser probado ante las autoridades.

Pero hay una frase de Molina Gamboa que merece atención: “asumo la responsabilidad que me corresponde”.

No dijo que no sabía nada. No dijo que todo era una mentira. Lo que hizo fue colocar la responsabilidad dentro de una estructura mucho más amplia y pedir que se investigue toda la cadena de mando.

Y ahí es donde comienza el verdadero problema.

Porque durante años, en los gobiernos, las decisiones importantes suelen diluirse entre subsecretarios, directores, comités, firmas y oficios. Cuando todo funciona, el mérito se concentra arriba. Cuando algo sale mal, la responsabilidad suele comenzar a repartirse hacia abajo.

La política mexicana conoce demasiado bien esa fórmula.

Ahora habrá que saber si en este caso ocurre lo mismo.

Molina Gamboa incluso pidió que se investigue cualquier acto de intimidación o amenaza contra ella o su familia después de sus declaraciones. Es un señalamiento serio que tampoco debería tomarse a la ligera.

El caso tiene, además, un ingrediente que lo vuelve todavía más delicado: el nombre de Sergio Carmona, asesinado en noviembre de 2021 y señalado públicamente como “El Rey del Huachicol”, aparece ligado a la historia de esas empresas y de los contratos bajo investigación.

Pero conviene separar el ruido de los hechos.

Una acusación no es una sentencia. Una denuncia no demuestra por sí misma culpabilidad. Y una declaración pública tampoco sustituye una investigación ministerial.

Lo que sí hace es abrir una puerta.

Ahora corresponde a las autoridades cruzarla.

Si existieron instrucciones desde arriba, que se documenten. Si hubo funcionarios que las ejecutaron, que respondan. Si alguien utilizó su posición para beneficiar intereses particulares, que se determine y se proceda conforme a la ley.

Y si las acusaciones no pueden sostenerse, también deberá quedar claro.

Porque casi 344 millones de pesos no son una cifra abstracta. Son recursos públicos.

Y cuando se habla de dinero público, la sociedad no debería conformarse con saber quién firmó. Quiere saber quién decidió. Y eso es lo que aquí se dice en voz alta.

Porque las firmas quedan en los expedientes, pero las órdenes siempre dejan huella.

perlamarialopez69@gmail.com