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Buscarán en el extranjero apoyo por extinción de fideicomisos

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- Colectivos de desaparecidos y defensores de derechos humanos, buscarán que organismos internacionales intervengan para detener la extinción de fideicomisos y fondos, entre ellos el de Atención a Víctimas y de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al considerar que atenta contra los derechos humanos.

“Sería un grave error, de por si aquí mismo (Tamaulipas) hay un grupo grande de periodistas que están desplazados del estado, viviendo en la ciudad de México de manera muy miserable”, señaló Guillermo Gutiérrez Riestra.

El activista presidente del Colectivo “Familiares y Amigos de Desaparecidos” señaló que de eliminarse ese fondo, quedarían sin protección tanto los periodistas como los familiares de desaparecidos, “los que tienen registro nacional que son muy pocos”.

Explicó que a nivel federal a las familias de desaparecidos, se les otorga un apoyo para alimentación y vivienda, que es de mucha ayuda, “si el fideicomiso desaparece, miles de familias estarían sin apoyo y protección, que es obligación del Estado”.

Se dijo preocupado que esto ocurra, luego que en consecuencia, sería un atentado a los derechos humanos de los mexicanos, “el derecho a la salud, a la vida, de por si la protección a los defensores es muy limitada, con eso quedan sin protección”.

Por su parte, Alejandro Jiménez López del campamento ciudadano “Choco Jiménez”, señaló que buscarán la intervención de organismos internacionales para que los fideicomisos y fondos no se extingan.

“Si estamos viendo que ni la Comisión Estatal, ni la nacional, estamos haciendo un llamado a los organismos internacionales para que vean estos asuntos”, comentó Choco Jiménez.

A través de un comunicado, 22 colectivos, familiares de víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y  familias, solicitaron que no se reforme la Ley General de Víctimas y que no se elimine el fideicomiso de Ayuda Asistencia y Reparación Integral sin antes generar un proceso que garantice el derecho de participación efectiva de las Víctimas, Sociedad Civil Organizada y Colectivos.

Se garantice el derecho a la participación en las modificaciones legislativas que afecten o se trate de los derechos de las víctimas, “el Congreso, con esto propuesta incumple con la garantía de proteger y respetar los derechos humanos, al que está obligado de acuerdo con lo que establece el Artículo I, Párrafo tercero, de la CPEUM”.

Señalan que si el argumento es el combate a la corrupción, la solución no es dotar de mayor poder a las instituciones de gobierno.

Sí en cambio, al empoderamiento ciudadanizado y en darle mayores atribuciones de fiscalización, rendición de cuentas, contralorías sociales y canales de transparencia más abiertos.

“Si el argumento es para mejorar las finanzas ante la situación del COVID, centren su atención en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), quien bajo la premisa de recuperar recursos, no han fijado el destino de ese dinero recaudado”.

Pidieron se revisen las Secretarías de Salud de los estados, que aseguran, hacen uso indebido de los recursos, desviando dinero para la lucha contra el COVID, “no en nuestra LGV, no con nuestra lucha, no con nuestra causa, no con nuestras vidas, no con nuestras familias”.

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