Tamaulipas

En la impunidad el 99.68 de los delitos en Tamaulipas

Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- En México no hay justicia, o al menos es la percepción general del 60 por ciento de los ciudadanos que opinan que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez, evidenciando la falta de confianza en el sistema de justicia penal y en las autoridades, según el estudio de percepciones de impunidad 2023.
Y es que la cotidianidad está plagada de ejemplos trágicos que ponen en duda el trabajo de los ministerios públicos y en general a las procuradurías, como ocurrió el pasado 29 de junio de este 2023, justo el día en que se cumplió un año del asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija Cinthya al salir de su domicilio en Victoria.
Ese día, el juez federal Ricardo Ignacio Rivera Pacheco en una audiencia que no fue pública, vinculó a proceso a Rafael Santiago “A” dentro de la carpeta 48/2023 como presunto autor material del periodista y su hija.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Juan Carlos Zertuche, calificó la vinculación como un montaje, mientras el diputado Gustavo Cárdenas, con quien Toño de la Cruz colaboró durante muchos años, dijo que era importante que esto no fuera solo un llamado a misa, “quién es el autor, el que mandó, el que pagó al que ejecutó, y eso es lo que buscamos”.
De acuerdo con un estudio realizado por Impunidad Cero, de cada 100 delitos que se cometen en México, solo 6.4 se denuncian y apenas 14 se resuelven, lo que significa que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto es tan solo de 0.9 por ciento.
La alta probabilidad de que los delitos queden sin castigo, es decir en la impunidad, responde a la falta de confianza de los ciudadanos al trabajo de los ministerios públicos y en general a las procuradurías estatales.
Pero ¿cómo está Tamaulipas? De acuerdo con un ranking elaborado por esta organización de la sociedad civil y Jurimetría, Tamaulipas se ubica en el lugar 15 a nivel nacional, apenas arriba de la media.
Con información sobre niveles de denuncia, gasto en procuración de justicia, efectividad en la resolución de investigaciones y averiguaciones previas, entre otros indicadores, ubican a Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán en los primeros lugares, sin embargo, incluso en estas entidades los delitos no se denuncian y si se hace, la mayoría no se resuelve.
En Tamaulipas los datos arrojan que el 95.40 por ciento de los delitos no fueron denunciados, es decir, apenas el 4.60 por ciento fueron denunciados y solo el 0.34 por ciento fueron resueltos; ese es el tamaño de la impunidad en la entidad.
A principios de este mismo mes de julio y al cumplirse poco más de cinco años del asesinato de Jessica Gabriela y su bebé Scarlett en un domicilio de la zona norte de Tampico, a donde acudió el 27 de marzo del 2018 porque supuestamente le regalarían ropa para su bebé que pronto nacería.
La joven tenía 20 años de edad y ocho meses de embarazo, fue contactada por Facebook por Cynthia Fátima, quien le pidió que acudiera a un domicilio en el norte de Tampico porque le regalaría ropa.
Estando en el lugar, la mujer extrajo el bebé de Jessica Gabriela, quien murió por la pérdida de sangre, mientras que la pequeña Scarlett falleció por insuficiencia respiratoria aguda.
El 30 de marzo, Cynthia Fátima acudió al hospital Carlos Canseco con el cuerpo de la bebé, asegurando que se trató de un aborto involuntario, pero los médicos llamaron a las autoridades quienes arrestaron a la mujer y a su esposo, localizando luego en el domicilio el cuerpo de Jessica Gabriela.
La mujer ya fue sentenciada a 85 años de prisión por el delito de homicidio, también fue detenida la hermana de esta de nombre dolores Guadalupe “S”, en tanto que el esposo Omar Enrique, a quien lo acusaron de homicidio y ocultar el delito, fue exonerado.
La familia no está conforme con la decisión de los dos juzgadores del Poder Judicial quienes consideraron que no había pruebas suficientes para vincularlo con el homicidio de la joven y su bebé, por lo que apelarán la decisión y además acusarán a los jueces José Miguel Moreno Castillo, como presidente del tribunal y Ernesto Lovera Absalón.
Para que pueda haber una buena procuración de justicia es necesario contar con suficientes personas que lleven a cabo las investigaciones para esclarecer y castigar los delitos, además de recursos económicos que puedan financier dichas indagatorias.
La inversión en procuración de justicia debería ser una prioridad para los estados, luego que esto ayuda a elevar la confianza de las personas en los órganos que se encargan de hacer cumplir la ley.
Pero al medir los resultados de efectividad, de nueva cuenta se tiene un saldo negativo, luego que en promedio el 6.6 por ciento de las investigaciones en el país se resuelven con acción penal, esto es porque la autoridad determina que sí hay un delito e idnetifican a un responsable.
En el 3.6 por ciento deciden que no hay delito y por tanto no toman acción penal, es decir, casi el 90 por ciento de las investigaciones en el país no se resuelven.
En el caso de Tamaulipas el 4 por ciento fueron resueltas con acción penal, otro 4 por ciento se resolvieron sin acción penal y el 92 por ciento de las investigaciones no se resolvieron.
En octubre del 2019, un tribunal de enjuiciamiento absolvió a cinco acusados del asesinato del periodista Carlos Domínguez el 13 de enero del 2018 en Nuevo Laredo.
El periodista transitaba con su nuera y su nieto por calles de esa ciudad, cuando en un semáforo fue atacado por dos sujetos quienes lo apuñalaron en 24 ocasiones, causándole la muerte.
Por esos hechos la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, ofreció una recompensa de hasta 2 millones de pesos para quien diera información sobre los asesinos.
Luego fueron detenidos seis personas, entre ellos algunos periodistas a quienes se les acusó y enjuició, uno de ellos, Gabriel Garza Flores, falleció mientras estaba preso, su esposa acusó en su momento que no le brindaron la atención oportuna.
Tras la exoneración de Luis Ignacio Valtierra Hernández, Jesús González Zúñiga, Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, Adrián Montes Fernández y David Mejía Bravo, nada se ha dado a conocer sobre los verdaderos asesinos del periodista tamaulipeco.
La impunidad no solo se mide por la falta de efectividad del sistema judicial al dejar sin castigo los delitos que se cometen y son denunciados, puesto que existe un alto porcentaje de los mismos que no son denunciados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepcción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realiza el Inegi, las personas no denuncian los delitos por el tiempo en que se tardan en tomarles la denuncia, que puede ser mayor a cuatro horas, además de señalar haber recibido un mal trato de parte de la autoridad.
En el 2017 la citada encuenta (ENVIPE) del Inegi ubicó a Tamaulipas en el segundo lugar con el porcentaje más alto de delitos que no son denunciados ante la autoridad, con el 95.4 por ciento.
Delitos, especialmente el secuestro, extorsión o el cobro de piso, son algunos de los que no se denuncian por el miedo de los ciudadanos a sufrir represalias, en el prmer caso, por el temor a no volver a ver a su familiar.
Y es que Tamaulipas se ubica en el segundo lugar nacional en personas desaparecidas con 12,984 desde 1962, solo despues de Jalisco que contabiliza 14,886; sin embargo y especialmente a partir del 2010 este delito dejó de denunciarse.
En ese tiempo, un grupo criminal, el Cartel del Golfo y su brazo armado los Zetas, atemorizaban a la población, pues actuaban casi en total impunidad en contra de la población y de los migrantes que pasaban por el estado, rumbo a Estados Unidos, quedando luego al descubierto en fosas clandestinas en San Fernando, pero también en otros municipios.
El estudio sobre percepciones de impunidad en México realizado por Impunidad Cero con Data OPM, monitoreó la percepción de los mexicanos en relación a la justicia, militarización y la impunidad en el país, arrojan además otros datos como la creencia en el 86 por ciento de la población de que la cárcel es sinónimo de justicia y que las fuerzas armadas deben permanecer en las calles.

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