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Por Perla Reséndez
Contar no basta: el reto de incluir a las personas con discapacidad
El Gobierno de Tamaulipas decidió poner cifras a una realidad que durante mucho tiempo ha permanecido poco visible: las personas con discapacidad que trabajan dentro de la propia administración estatal.
El censo que realiza el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) parte de una estimación de alrededor de 600 servidoras y servidores públicos con discapacidad.
La cifra, hay que decirlo, todavía no es definitiva. Precisamente para eso se está levantando el diagnóstico.
Y ahí está el verdadero valor de este ejercicio.
Porque saber cuántas personas con discapacidad trabajan en el Gobierno del Estado no debería ser el punto de llegada, sino el punto de partida.
El reto comienza después del censo
Contar personas es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complicado es saber en qué condiciones trabajan, qué barreras enfrentan y qué oportunidades tienen para desarrollarse profesionalmente.
El propio titular del SIPRODDIS, Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, ha planteado que el censo permitirá conocer dónde están, qué funciones desempeñan y cuáles son las condiciones que deben fortalecerse.
Y esa información puede convertirse en una herramienta muy valiosa, siempre y cuando después se utilice para tomar decisiones.
Porque inclusión laboral no significa únicamente abrir una plaza.
Una persona puede tener empleo y, aun así, encontrarse con oficinas inaccesibles, falta de herramientas adecuadas, dificultades para trasladarse, ausencia de ajustes razonables o pocas posibilidades de capacitación y crecimiento profesional.
Entonces, la pregunta obligada será: ¿qué hará el Gobierno con la información que arroje el censo?
No se trata de llenar una cuota
Existe también el riesgo de que la inclusión se convierta en una estadística: cierto número de personas contratadas, cierto número de espacios ocupados y un informe que permita presumir avances.
Pero una verdadera política de inclusión debería medirse de otra manera.
¿Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades de ascender?
¿Pueden acceder a puestos de responsabilidad?
¿Las instalaciones públicas están adaptadas?
¿Los procesos administrativos son accesibles?
¿Existen herramientas tecnológicas suficientes para que puedan desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones?
Son preguntas incómodas, pero necesarias.
El Gobierno estatal ha planteado una visión humanista y ha señalado que busca eliminar barreras y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. El censo puede ser una oportunidad para demostrar que esa visión no se queda en el discurso.
La inclusión debe ser cotidiana
También es importante reconocer que el problema no corresponde únicamente al Gobierno.
La inclusión laboral requiere un cambio cultural en instituciones, empresas y sociedad. Todavía persisten prejuicios que llevan a pensar que una discapacidad limita las capacidades profesionales de una persona.
No necesariamente es así.
Lo que muchas veces limita no es la discapacidad, sino el entorno que no está preparado para recibirla.
Por eso resulta positivo que el Gobierno estatal quiera conocer primero su propia realidad. Difícilmente puede exigirse al sector privado una política de inclusión si dentro de las instituciones públicas no se conocen siquiera las condiciones laborales de quienes ya forman parte de ellas.
Los aproximadamente 600 trabajadores que preliminarmente se tienen identificados no deberían ser vistos como una cifra para un reporte.
Son personas con capacidades, experiencia, responsabilidades y aspiraciones profesionales.
El verdadero éxito del censo no será descubrir cuántos son. Será que, una vez identificados, ninguno tenga que demostrar el doble para recibir las mismas oportunidades que los demás.
Porque contar a las personas con discapacidad es importante. Pero garantizar que puedan crecer, decidir y desarrollarse en igualdad de condiciones es el verdadero desafío.
perlamarialopez69@gmail.com
