Fiscal Anticorrupción exige escoltas, armas y blindada

Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- El Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado, se le asignen seis escoltas, vehículo blindado, porte de armas dentro y fuera de sus funciones y demás medidas de protección para garantizar su vida y seguridad.
En un oficio dirigido al Fiscal General, Irving Barrios Mojica, señala que está en una situación de peligro y riesgo inminente que pudiera dañar su integridad física o, “incluso la privación de su vida”.
De acuerdo con el funcionario, su integridad sufre peligro, señalando directamente a periodistas y columnistas, luego que en los medios de comunicación de prensa y televisión, se han publicado expresiones y declaraciones en su contra.
Dichas publicaciones, asegura, “inciden, perciben y condicionan negativamente la opinión y el ánimo de la sociedad respecto del suscrito”, se señala en el oficio entregado a la Fiscalía General del Estado, donde se incluyen links de piezas periodísticas que asegura, generan una mala imagen a su persona.
Ramírez Castañeda permanece en su cargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción, pues aún no se resuelve el Amparo tramitado, con el que busca permanecer en su puesto, pese a no aprobar los exámenes de control y confianza a que la Ley le obliga.
Además, en su comparecencia el pasado 08 de mayo ante la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, aseguró que esta misma semana solicitaría a un Juez de Control, fechas para las primeras audiencias, con las que se iniciarían los primeros juicios contra ex funcionarios públicos.
La Fiscalía a su cargo, integró 47 carpetas de investigación en contra de poco más de 120 ex funcionarios de 17 dependencias de gobierno, por diversos delitos, coalición de servidores públicos, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, desempeño de funciones judiciales administrativas, abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y cohecho.
En el último año, la Fiscalía Anticorrupción solo ha judicializado apenas el 5 por ciento de las más de mil denuncias recibidas. El informe del 08 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, señala se integraron 488 carpetas de investigación y 27 averiguaciones previas, sin embargo, apenas 14 carpetas han sido judicializadas.
La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas se ubica entre los diez estados que menos carpetas judicializaron en 2022 con apenas el 2% del total de carpetas judicializadas por investigaciones iniciadas el año pasado.
En el oficio fechado el 8 de mayo y dirigido al Fiscal General de Justicia, lo llama a proveer de agentes del Ministerio Público Especializados a la Fiscalía Anticorrupción.
En su escrito, señala que el 28 de enero del 2022, a través de oficio FECC/ST/0041/2022, “se requirió de manera atenta, se adscribieran a esta Fiscalía agentes del Ministerio Público; oficio que fue respondido 13 meses después”.
Luego el 31 de enero de ese mismo 2022, en otro oficio FECC/ST/0042/2022, requirió al menos tres agentes del Ministerio Público del Sistema Tradicional y cinco para el Sistema Penal Acusatorio.
Asimismo el 16 de febrero de 2023, por oficio FECC/CGI/0334/2023 se informó que la Fiscalía solo contaba con dos Agentes del Ministerio Público, para lo cual se requirió se adscribieran al menos diez MP para el Sistema Penal Acusatorio, pues señala, los dos agentes con que se cuentan “son totalmente insuficientes”.
Ya en marzo de este año, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó realizar los trámites administrativos del proceso de ingreso y nombramientos de 21 personas como personal directivo y administrativo, lo que asegura, no fue atendido.
“lo que impide reforzar la plantilla sustantiva y administrativa que demanda la complejidad de los asuntos que se ventilan en esta Fiscalía Especializada”, justifica.
El Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, otorgó la suspensión provisional al amparo promovido por Raúl Ramírez Castañeda, lo que le ha permitido seguir en sus funciones y continuar recibiendo sus percepciones económicas y de seguridad social, además de su servicio de escolta.
En su demanda acusó, entre otras cosas, que era objeto de “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental y acoso laboral por su exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión”.
Dijo también que surfre ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción.
Dicho amparo aún no ha sido resuelto.