Gobierno de Tamaulipas rechaza persecución contra Grupo Dalka
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas aseguró que las acciones legales relacionadas con la empresa Grupo Empresarial Dalka se han desarrollado conforme a derecho y derivan de presuntos incumplimientos contractuales y hechos documentados dentro de procedimientos administrativos y judiciales, descartando cualquier motivación política.
El Consejero jurídico de la Oficina del Gobernador, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que el litigio tiene más de tres años de desarrollo y ha sido revisado por diversas instancias estatales y federales.
El origen del conflicto: un contrato de suministro de despensas
De acuerdo con el funcionario, el caso se remonta a un contrato firmado en marzo de 2023 para el suministro de despensas, mismo que fue rescindido por el Gobierno estatal al considerar que la empresa incumplió una obligación esencial relacionada con la presentación de pólizas de garantía.
Tribunal revisó resoluciones del caso de Grupo Dalka
Tras la rescisión del contrato, la empresa promovió una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Aunque inicialmente obtuvo una resolución favorable, posteriormente el Pleno del Tribunal revocó por unanimidad dicha determinación y ordenó la reposición del procedimiento, decisión que fue respaldada en instancias federales mediante un juicio de amparo.
García Barrientos sostuvo que las resoluciones judiciales se han basado exclusivamente en pruebas y documentos integrados a los expedientes.
Investigación penal surge por presuntas inconsistencias documentales
El Consejero jurídico explicó que la investigación penal actualmente en curso contra el propietario y representante de la empresa se originó a partir de información obtenida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Detectan diferencias en fechas de pólizas
Según expuso, durante el procedimiento administrativo se afirmó que las pólizas de garantía fueron entregadas el mismo día de la firma del contrato.
Sin embargo, la institución afianzadora reportó que dichos documentos habrían sido expedidos semanas después.
El funcionario aseguró que esta discrepancia documental motivó las investigaciones correspondientes y reiteró que serán las autoridades competentes quienes determinen el fondo del asunto.
Asimismo, rechazó que exista alguna restricción a la libertad de movimiento del empresario involucrado y afirmó que el Gobierno del Estado mantiene disposición al diálogo dentro de los cauces legales establecidos.
