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Miriam Rodríguez, la lucha de una madre en Tamaulipas

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- ¿Hasta dónde llegaría una madre por buscar a su hijo? La respuesta la tiene la película La Civil, pese a ser un filme de ficción, la historia se basa en la búsqueda primero de su hija y después de justicia de Miriam Rodríguez.

La historia de Miriam no es diferente a la que tienen muchos padres en Tamaulipas que buscan a algún hijo, esposo, padre, hermana; pero su fuerza y coraje, han sido inspiración y enseñanza para las familias que buscan a sus desaparecidos.

El 22 de enero del 2012, Karen Alejandra Salinas, entonces de 20 años, fue secuestrada por delincuentes ligados a los Zetas en San Fernando; a casi 200 kilómetros de la capital del estado; y aunque pagaron dos rescates, Karen no volvió a casa.

A partir de ese momento, con una deuda por el préstamo solicitado al banco para pagar el rescate y sin el negocio, al venderlo todo para completar lo solicitado por los delincuentes, Miriam emprendió la búsqueda de los responsables.

En San Fernando, no hay alguien que no conozca su historia; una placa en la plaza principal del municipio de poco más de 57 mil habitantes, es un memorial que recuerda su lucha y su trágica muerte el 10 de mayo del 2017.

Sin oficio de investigadora, se convirtió en una, sin saber dónde empezar, se convirtió en una buscadora y dio con el cuerpo de Karen en una fosa clandestina; por lo que buscó justicia.

Así, en tres años de investigaciones, logró capturar sin ayuda de las autoridades, a diez delincuentes relacionados con el secuestro y asesinato de su hija; el primero, Uriel Ulises Elizondo Soto de 19 años y a quien Miriam había estado siguiendo durante nueve meses; otro más fue Cristian Josué Zapata González de 18, quienes aceptaron haber participado en el plagio e incluso dieron los nombres de quienes asesinaron a la joven.

A la lucha de Miriam, se unieron otras familias que sufrían la misma tragedia y formaron el colectivo “Desaparecidos de San Fernando”; se enfrentaron a la indolencia de las autoridades y el poder de los grupos criminales.

Entre el 22 y 23 de agosto del 2010, fueron masacrados por integrantes de los Zetas, 72 migrantes en una galera del ejido El Huizachal; la primera masacre que puso a San Fernando en el ojo internacional, al descubrir la barbarie de los grupos criminales.

Con estos antecedentes, pero la firme convicción de encontrar a los responsables, Miriam Rodríguez puso frente a las autoridades, producto de sus propias investigaciones a Elvia Yulossa Betancourt Castillo, detenida en agosto del 2016 en Victoria, donde trabajaba como secretaria; Juan Carlos Flores Morales y Mario Alberto Díaz Esquivel, también detenido en abril del 2016 en Guanajuato, donde se había pasar por vendedor de carros; estos tres eran menores de edad cuando cometieron el crimen.

Elba Rubisel Soto Rodríguez, detenida en abril del 2017 en San Fernando; Alejandra “N” y Enrique Yoel Rubio Flores, también fueron puestos a disposición de la autoridad.

El 22 de marzo del 2017, un grupo de 29 reos se fugaron del penal de Victoria donde se encontraban recluidos por diversos delitos, lo hicieron a través de un túnel de 40 metros de largo que cavaron debajo de unas galeras. En su huida, mataron a un automovilista para robarle su auto.

Entre los reos escapados, había dos que habían participado en el secuestro y asesinato de su hija, uno de ellos fue recapturado, pero Enrique Yoel Rubio Flores, logró escapar, por lo que ahora la vida de Miriam se encontraba aún más en peligro.

La activista solicitó protección y denunció ante Gloria Garza, que en esa fecha se desempeñaba como Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, que un policía se había presentado y le dijo que él le brindaría seguridad, pero nunca más volvió a saber de él.

En el video, que Guillermo Gutiérrez Riestra, activista de “Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas” dio a conocer, se escucha a Miriam asegurar que un viernes, le había llamado al policía por 30 veces y no le contestó.

“No ocupamos un guardaespaldas, ocupamos un botón de emergencia, alguien a quien llamarle en caso de que tenga un problema, y a ese policía le estuve hable y hable y hable y no fue”, señaló la activista en la reunión donde se encontraban más víctimas.

En menos de dos meses después de la fuga masiva de reos, la activista fue acribillada. Sujetos llegaron en un auto y la llamaron por su nombre, Miriam Rodríguez salió a la puerta y allí fue tiroteada; apenas con vida fue llevada al hospital, pero no resistió.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, cuatro hombres fueron los involucrados en el asesinato de Miriam Rodríguez, Alfredo Misael Quintanilla, Edwin Alain Esparza Martínez, Erick Leonel Villatoro Hernández y Juan Manuel Alvarado López.

Las investigaciones realizadas, señalaban que durante su estancia en el penal de Victoria, Enrique Yoel Rubio contactó a Erick Leonel y a Juan Manuel para asesinar a la activista la noche del miércoles 10 de mayo del 2017 en San Fernando. La activista recibió 13 disparos, de acuerdo al reporte forense.

Los sujetos huyeron en una camioneta, propiedad de Alfredo Misael, quien declaró que lo habían contratado para trasladar a personas que se habían fugado del penal de Victoria, identificando a los tres asesinos materiales.

Apenas ocho días después del asesinato de Miriam Rodríguez, en Apodaca, Nuevo León, a Edwin Alain “El Flaco”, junto a cuatro personas más; el 14 de octubre de ese mismo año, fue abatido por la policía en un enfrentamiento en San Fernando, Juan Manuel Alvarado López “El Aluche”.

El 12 de octubre del 2018, fue capturado en Atlacomulco de Zúñiga, Jalisco, Erick Leonel alias “El Diablo, mientras que, por Enrique Yoel, se ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos para ayudar a su captura.

¿Hasta dónde llegaría una madre por buscar a su hijo?; “no hay límites, como nadie te enseña cómo buscar, lo que vas pensando, lo vas haciendo, entonces, no hay límite; si tuviera una pista de que ella está en la Luna, Marte, Júpiter, en cualquier otro planeta o más allá del sistema solar, no sé cómo le haría, pero llegaría hasta allá”, dice Josefina de León Mendoza.

La madre de Cinthya Mabel Pantoja de León, desaparecida el 21 de abril del 2012, a la edad de 25 años en El Barretal, en Padilla, sigue buscando a la estudiaba Derecho y trabajaba en la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, quien desapareció sin dejar huella.

Aunque ha sido difícil, pues le ha tocado también aprender, hoy dirige la “Red de Desaparecidos de Tamaulipas” y ofrecen acompañamiento a familiares víctimas de desaparecidos que buscan localizar a sus familiares y ser apoyadas en el proceso para que encuentren la verdad.

Está consciente que, al buscar, se enfrenta al monstruo de mil cabezas que son las redes de delincuencia que pueden extender sus tentáculos, incluso hasta esferas gubernamentales.

A pesar de ello, dice que las familias que sufren algún tipo de violencia, amenaza, algunas veces relacionado con la búsqueda de su familiar o por involucrarse de tal manera que corren un riesgo, “la gran mayoría desea regresar a casa a su familiar, aún con el riesgo de exponerse a sufrir algún tipo de violencia, muchos se han ido de aquí, pero siguen buscando la manera de buscar a su persona querida; no he escuchado a alguien decir hasta aquí, nadie se rinde”.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 2007 al mes de febrero del 2021, en Tamaulipas hay 11 mil 527 desaparecidas, de los cuales, mil 672 se trata de menores de 18 años.

Justo 18 años tenía Raquel Gutiérrez, cuando fue secuestrada el 1 de septiembre del 2011 en Victoria; desde esa fecha, su padre, Guillermo Gutiérrez Riestra no ha dejado de buscarla.

En su caminar, conoció más casos y decidieron agruparse para formar el colectivo de “Familiares y amigos de desaparecidos en Victoria” que él dirige, encabezando sus propias investigaciones y búsquedas.

El caso del secuestro de Raquel Gutiérrez y más jóvenes en 2011, sucedió en el contexto de la lucha que mantenían los Zetas por independizarse de quienes fueron sus patrones del Cartel del Golfo.

También en ese 2011, en el mes de abril, empezaron a aparecer en San Fernando, los primeros cuerpos en diferentes fosas clandestinas; oficialmente se habló de 193 personas muertas, pero muchas voces aseguran que podrían ser más de 500.

La historia sangrienta de San Fernando, continúa como una herencia maldita para quienes viven allí; el 8 de julio del año pasado, Luciano Leal Garza, un niño de 14 años fue secuestrado, cuando acudió con engaños al parque lineal del fraccionamiento Las Fuentes.

Al igual que Miriam Rodríguez, Anabel Garza, mamá de Lucianito, como le decían al joven recién graduado de secundaria, junto a su esposo, también de nombre Luciano, iniciaron sus propias investigaciones.

A la familia Leal Garza también les exigieron y pagaron dos rescates, sin embargo, los captores no cumplieron con devolver al joven a casa. El caso conmocionó a una ciudad que se sintió agraviada, identificada con el dolor de la familia de Lucianito.

Se organizaron en búsquedas por el municipio, con brigadas, formadas por amigos y familiares, su abuelo suplicó a los militares que lo ayudaran a buscar a su nieto; su madre acudió a la Ciudad de México para pedir ayuda, pero el niño no era localizado.

En octubre, en un predio de la colonia Villa del Mar, al oriente de la ciudad, fueron localizados los restos del menor. A pesar del dolor, los padres continuaron las investigaciones y con horror descubrieron que, en el secuestro y asesinato de su hijo, se encontraban familiares, quienes ahora se dedicaban al secuestro y extorsión con un grupo criminal.

En septiembre de ese 2020, fue detenido en el municipio de Méndez, José Guadalupe alias “El Camarón”, líder delincuencial de San Fernando, señalado como el responsable del secuestro del menor.

En octubre fue detenido Erik Gamaliel, tío de Lucianito, quien indicó el lugar donde se encontraban los restos del menor. A un año de distancia, de las cinco órdenes de captura que se giraron, ninguna se ha cumplimentada, “seguimos esperando que las autoridades hagan su parte, pero como hemos podido observar, no obtendremos resultados, si nosotros como familia no nos movemos”, dijo Anabel Garza, mamá de Luciano.

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