Nuevo Laredo 2018: las desapariciones que sacudieron a Tamaulipas
y terminaron sin una sola condena
Ocho años después, las familias siguen buscando a sus desaparecidos mientras los tribunales federales absolvieron a los 30 marinos procesados por los casos que colocaron a México bajo el escrutinio internacional
Perla Reséndez
NUEVO LAREDO, Tam.- Entre febrero y mayo de 2018, una serie de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo colocó a Tamaulipas en el centro de una de las investigaciones más delicadas sobre presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas federales en México.
Lo que comenzó como denuncias aisladas de familias que buscaban a hijos, hermanos, esposos y padres terminó convirtiéndose en una investigación nacional e internacional que apuntó hacia integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México desplegados en esta ciudad fronteriza.
El contexto: violencia y operativos federales en Nuevo Laredo
Entre enero y mayo de 2018, la Secretaría de Marina tenía desplegados 257 elementos en diferentes bases de operaciones en Nuevo Laredo, para hacer frente a la avanzada del Cartel del Noreste.
Sin embargo, en ese corto lapso de tiempo, se documentaron desapariciones de civiles adjudicadas a los marinos.
Ocho años después, el saldo judicial es controvertido: los 30 marinos que fueron procesados por desaparición forzada en cuatro casos quedaron absueltos por jueces federales, mientras decenas de familias continúan sin saber qué ocurrió con sus seres queridos.
Denuncias apuntaban a un mismo patrón
En 2018, Nuevo Laredo atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia reciente. La disputa territorial entre grupos del crimen organizado había convertido a la ciudad en uno de los principales focos de atención para las fuerzas federales.
La Marina asumía un papel preponderante en las labores de seguridad y realizaba constantes operativos en colonias consideradas de alta incidencia delictiva y fue en ese escenario donde comenzaron a acumularse denuncias de desaparición.
Familiares reportaban que hombres jóvenes eran interceptados por convoyes integrados por vehículos oficiales, detenidos por personal armado y posteriormente desaparecían sin dejar rastro.
Las denuncias coincidían en varios elementos: la participación de camionetas oficiales, operativos nocturnos, personas uniformadas y la ausencia de registros formales de detención.
Las primeras búsquedas
Durante meses, madres y familiares acudieron a ministerios públicos, cuarteles militares, instalaciones de la Marina, hospitales y cárceles buscando información.
La respuesta era siempre la misma: no existía registro de las personas desaparecidas.
Ante la falta de resultados, los casos comenzaron a ser documentados por organizaciones de derechos humanos y la prensa nacional e internacional.
Los testimonios permitieron construir un patrón que apuntaba hacia la posible participación de elementos navales en desapariciones ocurridas entre febrero y mayo de 2018.
La CNDH documentó desapariciones forzadas en Nuevo Laredo
El caso dio un giro decisivo cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación formal, recopilando testimonios, evidencia documental, registros de geolocalización, videos y otros elementos de prueba.
Finalmente la CNDH concluyó que existían evidencias suficientes para acreditar la participación de integrantes de la Marina en desapariciones forzadas.
La recomendación 36VG/2020 y los hallazgos oficiales
En su recomendación 36VG/2020, la Comisión estableció que elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) participaron en la desaparición forzada de al menos 27 personas en Nuevo Laredo.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y familiares, señalan 54 víctimas, entre desapariciones forzadas y presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los marinos.
Víctimas localizadas sin vida y sobrevivientes
La investigación también documentó que 19 víctimas, incluyendo tres menores de edad y dos mujeres fueron posteriormente localizadas sin vida por las mismas familias que los buscaban. Otras tres personas fueron halladas con vida.
La recomendación de la CNDH, representó uno de los señalamientos más severos emitidos por el organismo nacional contra una institución de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Organizaciones como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y diversos organismos internacionales comenzaron a dar seguimiento a las investigaciones.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por los hallazgos y pidió garantizar investigaciones independientes y exhaustivas.
Nuevo Laredo como centro de la crisis nacional de desapariciones
Para entonces, Nuevo Laredo ya era considerado un caso emblemático centro de la crisis nacional de desapariciones. La Fiscalía General de la República integró diversas carpetas de investigación.
Las pesquisas incluyeron análisis de telefonía, geolocalización de vehículos oficiales, declaraciones de testigos, bitácoras operativas y documentación militar.
Las investigaciones se enfocaron especialmente en la actuación de personal adscrito a la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Unopes).
De acuerdo con las autoridades ministeriales, existían elementos para presumir la participación de integrantes de esa unidad en varias desapariciones denunciadas durante 2018.
La FGR procesó a 30 elementos de la Marina
En abril de 2021 la Fiscalía General de la República ejecutó órdenes de aprehensión contra 30 elementos de la Marina que fueron acusados de desaparición forzada relacionada con cuatro víctimas desaparecidas el 19 de febrero de 2018 en Nuevo Laredo.
La propia Secretaría de Marina entregó a los elementos requeridos por la autoridad ministerial y posteriormente, un juez federal los vinculó a proceso.
La decisión fue considerada histórica debido a que pocas veces integrantes de las Fuerzas Armadas habían enfrentado acusaciones penales por desaparición forzada.
Un proceso judicial marcado por recursos y retrasos
Desde el inicio, el caso enfrentó múltiples obstáculos, luego que las defensas de los marinos cuestionaron la integración de las carpetas de investigación y la validez de diversas pruebas.
Durante los años siguientes se promovieron recursos legales, apelaciones y juicios de amparo, por lo que las audiencias se prolongaron durante varios años mientras la Fiscalía intentaba sostener las acusaciones ante los tribunales.
Los representantes de las víctimas denunciaron retrasos, dilaciones procesales y dificultades para avanzar hacia una sentencia en firme y conocer la verdad de lo que había ocurrido con sus familiares desaparecidos.
Las absoluciones que cerraron los casos
Entre 2023 y 2026 comenzaron a emitirse resoluciones favorables para los militares procesados, varios jueces federales concluyeron que las pruebas aportadas por la Fiscalía resultaban insuficientes para acreditar la responsabilidad penal de los acusados más allá de toda duda razonable.
Las absoluciones fueron acumulándose hasta cerrar los únicos cuatro procesos derivados de las acusaciones iniciales.
El golpe definitivo llegó el 16 de abril de 2026 cuando un juez federal absolvió a los últimos siete marinos que permanecían sujetos a proceso, cerrando así el último expediente abierto contra integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales.
Se trató del caso de la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, ocurrida en mayo del 2018, según quedó establecido en la carpeta 13/2025 y en la que, pese a contar con 54 testigos, incluyendo a su esposa que estaban en el Yonke Pepe´s en un convivio, hasta donde llegaron los marinos para llevarse a su esposo, el juez los absolvió.
Incluso en este caso, uno de los elementos de evidencia presentado era la ubicación del celular de José Luis, que estuvo en manos de uno de los marinos, por lo menos hasta febrero de 2019.
Con todo ello, la resolución significó que ninguno de los 30 marinos procesados recibió condena pues se señalaron deficiencias en la acreditación de responsabilidades individuales.
Familias denuncian impunidad y exigen verdad
Aunque existían indicios sobre la participación de personal naval en operativos realizados durante las fechas investigadas, los jueces consideraron que la Fiscalía no logró demostrar de manera suficiente la intervención específica de los acusados en las desapariciones.
El estándar penal exige certeza sobre la responsabilidad individual de cada imputado, requisito que, según las sentencias, no pudo ser satisfecho por el Ministerio Público Federal, según los criterios de las sentencias.
La búsqueda continúa ocho años después
Las absoluciones provocaron indignación entre las familias al señalar que el resultado judicial profundiza la sensación de impunidad y la pregunta fundamental de qué ocurrió con sus desaparecidos, sigue sin respuesta.
A ocho años de distancia, numerosas víctimas continúan desaparecidas, las familiares sostienen que la ausencia de condenas no significa que los hechos no ocurrieran, sino que las investigaciones no lograron traducirse en sentencias.
Tras las últimas resoluciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó preocupación por el desenlace judicial, ya que sus investigaciones documentaron violaciones graves a los derechos humanos y reiteró la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación integral para las víctimas.
La Comisión ha sostenido que las desapariciones acreditadas en su recomendación constituyen hechos de extrema gravedad que no pueden quedar sin esclarecimiento.
Nuevo Laredo, símbolo de una crisis sin resolver
Las familias aún buscan a Julio César Viramontes Arredondo, José Daniel Trejo García, José Luis Bautista Carrillo, Markz Moreno Salas, Israel Jiménez Palacios, Jorge Antonio Hernández Domínguez, Juan Carlos Zaragoza González.
Adolfo Angel Chigo Villegas de 14 años, Mauricio Toledo Cervantes, Edgar Alberto Treviño Ochoa, Brandon Eduardo Nevárez García,Daniel Gerardo García Ramírez, Marco Antonio Romero Sánchez.
Así como a Alan de la Fuente Serna, Ruben de la Fuente Serna, Juan Carlos Pérez Navarro, José Emilio Romero Rodríguez, Glafiro Vázquez Mendoza, Dafny Tamara Baez, Gabriel Gaspar Vázquez y Martín Rico García.
Ocho años después de aquellas desapariciones, Nuevo Laredo sigue siendo un símbolo de una crisis que permanece sin resolverse: la de miles de personas desaparecidas en México cuyos casos continúan esperando verdad, justicia y memoria.
