Penales de Tamaulipas incumplen con readaptación de reos
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Pese a que ninguno de los cinco centros penitenciarios que operan en la entidad registran sobrecupo, tampoco existen programas que permitan una reintegración efectiva a la sociedad, para las personas que allí purgan alguna condena.
En cuanto a infraestructura, hay deficiencias importantes, pues este no ha sido un rubro importante para las autoridades en años anteriores en inversión, por lo que han quedado rezagadas mejoras sustanciales como alumbrado, bardas perimetrales, espacios de recreación, trabajo, aulas escolares y estancias infantiles para los pequeños que conviven con sus madres presas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otorgó una calificación reprobatoria de 5.73 a los penales de Tamaulipas, en el Diagnóstico Nacional de supervisión Penitenciaria 2021.
En 2021 cuando se llevó a cabo el diagnóstico en los penales del estado, se reportó que había 29 mujeres con 30 menores de edad viviendo con ellas en las cárceles, sin embargo, el reporte señaló deficiencias en para la atención de madres e hijos, muy especialmente en Reynosa.
En el cedes de Victoria, se reportaron 12 mujeres y 13 niños, en Altamira 5 mujeres e igual mismo número de menores, en Matamoros había tres mujeres y tres niños, en Nuevo Laredo eran el año pasado dos madres y dos niños, mientras que en Reynosa eran siete mujeres y siete menores de edad viviendo entre prisión.
En la atención a personas indígenas, destacan por su deficiente o nula atención, los centros penitenciarios de ciudad Victoria, Matamoros y Reynosa; mientras que los reos con alguna discapacidad, encuentran más dificultades en los Cedes de Nuevo Laredo y Matamoros.
En 2021 se reportaron cuatro incidentes violentos en las cárceles del estado, reportados estos como suicidios, dos correspondieron a mujeres, identificando además 25 personas con riesgo suicida en las cárceles de la entidad por problemas como trastorno mental, depresión y/o ansiedad, trastorno por abuso y/o dependencia de sustancias y sin padecimiento aparente.
En el periodo que se informa, solo se reportaron cuatro quejas ante los organismos públicos de derechos humanos, relacionadas con el sistema penitenciario, sin especificar el tipo de queja.
Hay dos penales que destacan con las más bajas calificaciones, además de prácticas de actividades ilícitas al interior de los mismos, cuando se llevó a cabo el diagnóstico por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El Cedes de Reynosa fue calificado con 5.57, aquí el informe destaca además de las deficiencias que serán señaladas en los demás penales, situaciones de autogobierno o cogobierno, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas entre ellas cobros (extorsión y sobornos). También hay deficiencias en la atención a mujeres y los menores que viven con ellas.
Este penal está diseñado para albergar mil 504 reos, actualmente viven allí mil 004 internos, de las que 67 son mujeres; este es el penal que tiene más reos en la entidad.
De los reos del fuero común hay 264 procesados y 573 ya con una sentencia en firme, mientras que por delitos del fuero federal hay 74 procesados y 93 reos más ya con una sentencia de un tribunal de enjuiciamiento.
Mientras que en el penal de Victoria con una calificación de 5.63, además de las deficiencias detectadas en todos los penales del estado, hace falta personal de seguridad y custodia, pues se presentan actividades ilícitas como cobros de extorsión y sobornos.
Con capacidad para 998 internos, actualmente hay 975 reos en este penal enclavado en medio de la mancha urbana, de las que 82 son mujeres, algunas de ellas con niños viviendo con ellas.
Por delitos del fuero común hay 471 reos que están en etapa e proceso, mientras otros 443 ya cuentan con una sentencia en firme por parte de un tribunal de enjuiciamiento.
Aquí también hay reos que están por faltas al fuero federal, 24 de ellos están en etapa de proceso, mientras 37 más ya han sido sentenciados y están cumpliendo la pena que les fue impuesta.
El penal de Matamoros alcanzó un 5.91, detectándose entre otras deficiencias, en los servicios de salud, en programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
Para la remisión de quejas por violaciones a derechos humanos, a la alimentación, en condiciones materiales e higiene de las instalaciones en general y de la cocina y el comedor y el área médica.
Además de una deficiente integración de expedientes técnico-jurídicos, separación entre procesados y sentenciados, atención a personas con discapacidad, a personas indígenas o quienes viven con VIH.
En cambio destaca que cuenta con capacitación del personal penitenciario, así como reglamentos y manuales, integración y funcionamiento del Comité Técnico y un adecuado número de personas reos con la capacidad del penal.
Este penal tiene capacidad para mil 632 reos, pero hay 714 internos, de los que 96 son procesados por delitos del fuero común y 444 ya cuentan con una sentencia en firme por este tipo de delitos.
También hay 32 procesados por delitos del fuero federal y 142 sentenciados por delitos en este fuero; de manera general de la totalidad de internos en el penal, hay 28 mujeres presas.
El penal de Nuevo Laredo fue calificado con 6.08, tiene las mismas características que el de Matamoros en cuanto a deficiencias y fortalezas, reportando la segunda calificación más alta de los centros penitenciarios de la entidad
El informe destaca dos penales con las más bajas calificaciones y condiciones de autogobierno por parte de las personas internas.
Este Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) tiene capacidad para albergar mil 100 internos, pero hay actualmente 516 internos, de los que 61 son procesados y 388 sentenciados por algún delito del fuero común, todos hombres.
Mientras que por delitos del fuero federal hay 29 procesados, una es mujer y 38 ya con una sentencia en firme por algún delito de este fuero.
En contraparte el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira obtuvo la calificación más alta en 2021 en los penales de Tamaulipas con 6.32, ya que, aunque las actividades educativas, laborales y de capacitación son insuficientes, además de programas de prevención y desintoxicación voluntaria.
Se observó atención de los reos en condiciones de aislamiento, distribución de los internos separación entre hombres y mujeres, condiciones materiales adecuadas de higiene de instalaciones del área médica, deportivas.
Además de la existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, además de reportarse capacitación del personal penitenciario; contar con atención a personas con VIH y LGBTTTIQ+.
Este centro penitencial tiene la capacidad para alojar a mil 544 internos, actualmente allí se encuentran 895, de los que 62 son mujeres, aquí también se reportan menores de edad viviendo con sus mamás.
Hay 313 internos procesados, es decir, aún no tienen una condena por los delitos del fuero común de que se les acusa, mientras que 531 ya cuentan con alguna condena por este tipo de delitos.
En cuanto al fuero federal, hay ocho internos que están en la etapa de proceso, dos de ellas mujeres, mientras que otros 43 hombres ya tienen una sentencia dictada.
En la llamada Granja de Jaumave, con una capacidad para albergar a 25 personas, solo se reportan seis internos al mes de agosto de este año. En este lugar se encuentran los preliberados, quienes en un espacios abierto, se preparan con actividades y cursos motivacionales de cara a su reinserción a la sociedad.
El penal de Tula, fue cerrado en 2019 por remodelación, se informó en su momento por las autoridades, los internos que allí estaban, fueron enviados al centro penitenciario de Altamira.
Sin embargo, desde esa fecha ya nunca se volvió a abrir ese penal y los internos se quedaron en el sur, en el Cedes de Altamira.
Recientemente, el gobernador Américo Villarreal Anaya visitó Tula con su gabinete y habló con los alcaldes de esa zona del Altiplano, allí el Secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, habló de un proyecto para aprovechar las instalaciones de ese penal, para la corporación policial de la Secretaría de Seguridad Pública.
Con ello, se ampliaría el espectro de apoyo con la nueva Guardia Estatal y las fuerzas federales, especialmente para aquella zona que abarca los municipios del altiplano tamaulipeco.
