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Reforma relega energía eólica

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- Una inversión de 3 mil millones de dólares y la producción de mil 477 megawatts que aportan los parques eólicos instalados en Tamaulipas, se ve amenazada ante la propuesta de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Gobierno de la República.
Esta iniciativa obligará al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) al privilegiar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, y hasta después, la eólica de privados.
Para el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), esta propuesta, atenta contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho, lo que traerá repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores, al encarecer el sistema eléctrico y destruir los prospectos de generación barata y limpia.
“Tampoco es congruente con la Constitución ni con los tratados comerciales internacionales, específicamente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, alejaría al país de la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética”, señala el IMCO.
Para el economista, Jorge Lera Mejía, la propuesta del Presidente, corresponde a una política “retrógrada”, que lo que pretende es ir de vuelta al pasado; “a Tamaulipas le afecta directamente por ser un estado con energía eólica y de ciclo combinado, además tenemos plantas de autoabastecimiento en el sur como Iberdrola”, comenta.
Señala que, tal como ocurrió cuando se emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Acuerdo Sener), se estarían presentando amparos, “vendrán muchos amparos que los iremos ganando, como hasta ahora; es el juego de las vencidas”.
De acuerdo con la iniciativa, se pretende destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de manera independiente, para dar prioridad a las plantas de la CFE.
“Pemex y CFE quieren aprovechar y explotar la producción inviable de crudo pesado, combustóleo y carbón a cualquier costo; incluso contra las indicaciones internacionales contra el cambio climático y el uso de combustibles fósiles contaminantes”.

En rueda de prensa, el pasado 8 de enero, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró su compromiso con las energías limpias, por lo que sostuvo que su administración continuará el impulso y la defensa de ese sector.

“Es y seguirá siendo una prioridad de mi gobierno, apoyar las energías limpias y defenderlas, porque creo firmemente en ellas; impulsamos las energías limpias, porque no solo es un reclamo de las nuevas generaciones que nos exigen dejar de contaminar, sino que son seis veces más económicas, que las que produce la CFE a través de combustóleo o carbón”, señaló.
Tamaulipas aporta el 12 por ciento de la energía eléctrica que se genera en el país, ubicándose en el segundo estado, que más energía renovable produce, a través de 12 parques eólicos y dos más que están en construcción.

Las inversiones derivadas de la reforma energética en la entidad, ascienden a casi 6 mil millones de dólares y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, proyecta otros 2 mil 14 millones de dólares al 2025 en la entidad.

La iniciativa presidencial, también establece que la entrega de los Certificados de Energías Limpias (CEL) no dependerá de la fecha de entrada en operación de las centrales eléctricas, con lo que se desvirtúa el diseño mismo de los CEL como instrumentos para acelerar la transición energética hacia energías limpias, señala IMCO.

También elimina la obligatoriedad para que la subsidiaria de la CFE encargada de vender electricidad a los pequeños consumidores adquiera energía vía subastas para reducir los precios, por lo que abre la puerta a la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica por criterios distintos a la eficiencia.

También propone revocar los permisos de autoabasto, afectando la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones.

El IMCO, exhortó a los legisladores a debatir con datos y evidencia en un ejercicio de parlamento abierto los siguientes 30 días en que vence el plazo para votar la iniciativa en la Cámara de Diputados.

“De aprobarse representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo y cancela la posibilidad de llevar mejores precios de electricidad a los hogares y al sector productivo”, advirtieron.

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