Tomás Yarrington se declara culpable de lavado de dinero
Perla Reséndez
HOUSTON, Tex.- En una audiencia de apenas 30 minutos, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
A cambio, el gobierno de Estados Unidos, desestimó los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y fraude bancario, entre otros que se le imputaban al ex mandatario tamaulipeco.
Yarrington Ruvalcaba aceptó que recibió más de 3.5 millones de dólares en sobornos de parte de personas particulares y de compañías privadas en México a cambio de facilitar negocios en Tamaulipas, durante su gobierno de 1999 a 2005.
El ex político tamaulipeco admitió que uso prestanombres para la compra de propiedades en Estados Unidos, para ocultar la posesión de los bienes, así como la procedencia ilícita de sobornos utilizados para la compra de dichas propiedades.
El acuerdo entre Yarrington Ruvalcaba y el Gobierno de Estados Unidos incluye aceptar el cargo de lavado de dinero y no apelar su sentencia y posiblemente tener consecuencias como el retiro de su visa, en caso de querer ingresar a los Estados Unidos por la vía legal, una vez que alcance su libertad.
En la sala 3 de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, el Gobierno recomendó una sentencia más baja y se acreditarán los 377 días que pasó en prisión, desde que fue detenido en Italia, en abril del 2017, hasta su extradición a los Estados Unidos.
La juez Hilda G. Tagle, informó al ex mandatario que se le confiscaría su propiedad ubicada en Puerto Isabel en Texas o bien, podría pagar una multa de 500 mil dólares; además de plantear la libertad supervisada de tres años tras su sentencia de cárcel y el pago de una tarifa.
Tomás Yarrington enfrentaba 11 cargos, de los cuales diez fueron desestimados, entre ellos, conspiración RICO; conspiración a la importación de cocaína y marihuana; conspiración a lavado de instrumentos monetarios; proveer declaraciones falsas a instituciones bancarias; conspiración a cometer fraude bancario; fraude bancario y conspiración a no reportar transacciones.
La corte acordó la fecha del 18 de agosto de 2021 como la fecha límite para entregar el reporte preliminar de los hallazgos que formará parte de la fase de sentencia.
